Paralelamente a la poderosa y millonaria extracción legal de metales, la minería informal, en el Perú, se ha convertido en una industria próspera, corrupta y contaminante; sin embargo, lo más preocupante es que el Estado peruano se muestra indolente a esta realidad y avala la explotación ilegal.
Pese a los anuncios del gobierno sobre la lucha contra la minería informal, en la práctica, el Estado no ha hecho otra cosa que facilitar esta actividad ilegal. Raúl Mauricio de los Ríos, ex coordinador nacional de las fiscalías ambientales evidenció la inercia del Estado y la urgente necesidad de la modificación de la legislación actual.
Resaltó que la minería informal en el Perú ni siquiera es considerada como delito, es decir que, extraer oro ilegal envenenando a niños, contaminando su aire, su agua y sus alimentos con mercurio, no es tan grave para el Estado.“Actualmente, a los mineros ilegales sólo se les procesa administrativamente. Por eso se tiene que modificar el Código Penal”, para que sea considera como delito la extracción informal de minerales, declaró el ex coordinador nacional de las fiscalías ambientales, en entrevista al diario “El Comercio”.
Además, el Estado no se ha preocupado ni se preocupa por combatir la contaminación en sí: “un equipo especializado del Ministerio Público acude e investiga (en casos de contaminación), pero ese equipo ha sido desactivado por el actual fiscal de la Nación, ya no hay forma de comprobar la contaminación; eso es muy preocupante”.
“Hay diferentes responsabilidades: los ingenieros del gobierno regional que no fiscalizan, el titular del estudio de impacto ambiental, el habilitador que pone el dinero para comprar el tractor o la retroexcavadora; también está el comprador del oro ilegal, están los funcionarios de la Sunat que no intervienen”, señala el especialista.
La corrupción empieza de arriba
Como muestra de la presencia de agentes de la minería informal en las altas esferas del Estado tenemos a Eulogio Romero quien se las arregló para ser miembro de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso de la República y presentó un proyecto de ley a favor de los mineros informales.
Otros ejemplo es Francisco Ccama Layme, congresista por Puno, quien afronta 10 denuncias judiciales por contaminación minera y defraudación tributaria.
Por otro lado, está el silencio calculado de la sociedad civil como la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), cuyo presidente, Magdiel Carrión, afirma casi alegremente que “no tenemos afectados por la minería informal” (La República) y desconoce las quejas que hay contra este tipo de minería.
Según estimaciones publicadas en el 2010, por la agencia Reuters, la actividad de extracción informal concentra a más de 300.000 mineros en todo el país quienes generan más de 850 millones de dólares anuales y, según informes del gobierno, las zonas más afectadas en encuentran en la región de Madre de Dios, aunque también se pueden ver en Puno, Piura, Ica, Arequipa y Tacna.
Fuente : Los Andes
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