Las instituciones peruanas y bolivianas involucradas en el
problema de la minería informal en la cuenca del río Suches han dicho una y
otra vez que la solución tiene un tratamiento de carácter binacional. Sin
embargo, tras las decisiones gubernamentales de reducir la minería informal en
la cuenca Ramis (Putina y Azángaro), los mineros optaron por desplazar las
maquinarias hacia territorio boliviano, además de transportar combustible desde
el lado peruano, triplicando las extracciones informales de oro, lo que viene
contaminando en mayor grado la cuenca Suches (Huancané), según informó la Dirección
Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno.
Comisión Técnica
Binacional
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Desde el 2011 se han realizado varias reuniones técnicas
encabezadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) de Perú
y el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) de
Bolivia. Ambas instituciones han trabajado coordinadamente y han elevado un
informe para la adopción de medidas urgentes frente a la contaminación
ambiental. De estas reuniones también salió la necesidad de que el Ingemmet instale
una oficina en el distrito de Cojata (Huancané), pero hasta el momento no se ha
concretado, tal como declaró a Noticias SER el representante del Gobierno
Regional de Puno, Jorge Caro Escarcena.
También dio a conocer que con la reforma constitucional en Bolivia,
los actuales posesionarios de los recursos naturales en esta nación gozan de
algunos beneficios y facultades para explotarlos, lo que no sucede en el Perú.
“Aquí el dueño del subsuelo es el Estado, en cambio en Bolivia, hasta donde
tengo entendido, las comunidades pueden hacer los acuerdos para otorgar el uso
de estos recursos, lo que parece está pasando ahora, ya que la minería se ha
incrementado, pero veo que hay interés de ambas cancillerías y del gobernador
de La Paz en verificar la situación actual del río Suches”.
Informó que los días 16 y 17 de enero se llevó una reunión
de la Comisión Técnica Binacional Perú – Bolivia en Puno, en la que se habló de
la necesidad de implementar controles fronterizos, ya que aún no se logra
controlar el flujo de combustible, repuestos de maquinaria pesada y demás
insumos utilizados por los mineros informales.
“Esto debe ser de manera conjunta con el apoyo de la Policía
Nacional, las instituciones e incluso la acción del Ejército, pero eso depende
del nivel central”, expresó. Finalmente dijo que ahora hay más extracción
ilegal de oro ya que el número de chutes en Bolivia se ha incrementado,
perjudicando a los ganaderos y agricultores peruanos.
Próximas acciones
Según los acuerdos alcanzados en esta reunión, los
representantes acordaron en complementar datos al informe de línea de base
elaborado en el 2010 con relación a este problema. Lo segundo es realizar
futuras reuniones entre el presidente regional de Puno y el gobernador de La
Paz, incluida la visita al lugar de los hechos en el mes de marzo. Por su
parte, la Policía Nacional debe coordinar acciones de intervención en un lapso
de 60 días, con la mediación de la Cancillería a fin de obtener resultados
favorables.
Rogel Mattos Ruedas, Director General de Límites, Fronteras
y Aguas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores (DGLF) – ALT de
la Cancillería en Bolivia, refirió que esta situación origina problemas a las
personas o familias ubicadas aguas abajo de las zonas de explotación aurífera.
Recordó que el año pasado las fuerzas del orden hicieron intervenciones sin
buenos resultados, por eso que, en este año se pretenda alcanzar intervenciones
conjuntas entre los dos países.
Datos desconocidos
Mattos Ruedas también indica: “No tenemos un número exacto
de mineros informales que operan en la zona, por ejemplo, en este período no
hay mucha actividad minera porque el río está crecido, no hay buenas
condiciones para el trabajo pero una vez que bajan las aguas van a empezar a
operar, ese será el momento para intervenir en la zona”
Explicó que es muy difícil diferenciar a los mineros
peruanos y bolivianos ya que ellos operan de manera coordinada. Los mineros
informales bolivianos alquilan maquinaria de sus pares peruanos, mientras que
el combustible es compartido por todos. “El problema del Suches es nuevo y está
creciendo, en nuestro caso la zona del Suches es un parque nacional, denominado
“Apolobamba”, es una zona de preservación ambiental, porque ahí tenemos una
gran población de alpacas que están resultando afectadas”.
Actividad sin control
El sociólogo puneño Luis Vilcatoma reflexionó que la minería
informal en Puno se ha incrementado por ser una actividad muy lucrativa ya que
el incremento internacional del precio de los metales provoca una mayor
inversión en este rubro. “Mientras mejor nos va en cuanto a los ingresos
internacionales por la minería, peor nos va al interior del país en el aspecto
social y medioambiental”.
Continuó: “El estado tiene una enorme responsabilidad, no
hay hasta la fecha políticas claras sobre el manejo de los recursos naturales,
especialmente un ordenamiento territorial que permita el uso especializado de
los recursos, esto debe ser dentro una visión ordenada, científica,
técnicamente ordenada y propositiva”. También destacó la importancia de que la
población participe como vigilante.
A su turno, el cónsul de Bolivia en Puno, Eloy Puma Machaca,
sostuvo que observa con mucha preocupación la contaminación que existe en el
río Suches a raíz de la minería informal, hecho que también provoca la
generación de otras actividades informales en la zona de frontera como el
contrabando y el narcotráfico. “Hay mucho combustible que va a la localidad de
Cantón Suches (Bolivia) que viene del Perú, y desde Bolivia traen hidrocarburos
al lado peruano, burlando los controles o quizá en complicidad, también hay
operarios peruanos en Bolivia, incluso me han pedido visa de trabajo para esa
zona”, dijo.
Trata de personas
El cónsul también alertó de indicios de trata de personas en
la zona ya que se han visto a diversas mujeres bolivianas en centros mineros de
Puno como La Rinconada (12 en el 2010 y 4 en el 2011, las que fueron
repatriadas). Manifestó que tanto las autoridades peruanas y bolivianas han
realizado acciones de represión contra la minería informal de manera aislada
sin mayores resultados, por lo que recomendó que estos trabajos se hagan de
forma conjunta, ya que en los hitos 18, 19 y 20 se ha visto familias integras
de Perú y Bolivia trabajando ilegalmente, en complicidad con las autoridades de
esos lugares.
Licencia ambiental
Puma Machaca, dijo que según la legislación boliviana, una
empresa minera formal debe poseer una licencia ambiental, lo que no sucede con
los mineros de esa zona, que en muchos casos sólo están constituidos en
cooperativas sin el requisito ambiental. “El gobierno boliviano dispuso que
mientras sean formales no pagarán tributos, sólo el derecho de concesión, pero
como un tributo de la cantidad de mineral que sacan, de modo que las
cooperativas tienen ciertos beneficios, pero en el caso de Suches ni siquiera
son formales”, anotó.
Finalmente, Rogel Mattos Ruedas, Director de DGLF – ALT de
la Cancillería boliviana, dijo que todos los años Perú y Bolivia han actuado
según sus propias leyes, pero este año se pretende actuar de manera conjunta,
ya que para ello se ha declarado la zona como un área critica para el medio
ambiente. Añadió que se debe formular un plan de gestión integral de la cuenca
Suches, lo más urgente posible.
Datos:
• El presidente del
Consejo de Ministros, Óscar Valdés, anunció la vigencia de un Decreto
Legislativo que inicie las acciones de interdicción contra la minería ilegal en
la región Puno y la remediación ambiental en la cuenca de los ríos Ramis y
Suches.
• El ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez señaló que la norma otorga amplias
facultades al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que ejecuten
tareas de represión contra la minería ilegal, como decomisar o destruir bienes
usados en sus actividades.
• Según información
de la Dirección Regional de Energía y Minas, actualmente en la cuenca del río
Suches (Perú) existen alrededor de 180
mineros informales, 40 chutes, de los cuales sólo operan la mitad.
Asimismo, existen 9 petitorios mineros en la zona, sólo 4 titulados, pero
ninguno con Instrumento Ambiental aprobado.
Fuente: Noticias Ser
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Las voces de rechazo a la minería
en Cajamarca se volvieron a oír, aunque de forma pacífica, y sin registrarse
ningún incidente, bajo la atenta mirada de efectivos policiales, la población
nuevamente se volcó a las calles a demostrar que el conflicto socio ambiental
Conga no es cosa del pasado, y no perdió fuerza por más protestas que hayan
presentado los ministros de Vivienda, René Cornejo Díaz con la promesa de la
monumental represa del río Chonta, o el titular de Energía y Minas Jorge Merino
Tafur, con los planes de electrificación rural, internet de banda ancha y
cocinas mejoradas.
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