El presidente de Piura, Javier Atkins, manifestó la preocupación de su administración ante la presencia de la minería ilegal –y su grave efecto contaminante- cerca de los grandes centros de producción agrícola de la región.
Refirió que las estimaciones indican que hay entre nueve mil a 10 mil mineros informales en Piura y si se considera que el 90% de ellos tiene familia, eso significa que un mínimo de 30 mil a 40 mil personas en la región dependen exclusivamente de esta actividad clandestina.
Dijo que como el fenómeno involucra a muchísimas personas es muy difícil su erradicación mediante la represión y naturalmente el gobierno regional ha tomado la decisión de promover el diálogo para hallar soluciones de compromiso.
Indicó que hace tres semanas su administración emitió una resolución para la creación de un grupo impulsor de la minería legal el cual está conformado por diversas gerencias regionales, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones.
Expresó su alarma porque la minería ilegal se ha extendido a amplias regiones de la geografía piurana y ya está muy cerca de los grandes centros de producción agrícola -especialmente de banano, mango y arroz- lo cual es “sumamente riesgoso” por sus efectos contaminantes.
Para graficar el enorme movimiento económico que genera esta actividad clandestina, Atkins dijo que se estima que sólo en las localidades de Suyo y Sapillica se extrae ilegalmente cada año aproximadamente 40 mil onzas de oro (cabe indicar que la onza se cotiza en el mercado internacional a más de US$ 1,800).
Manifestó que el gobierno regional de manera preliminar está buscando mecanismos para que los mineros ilegales dejen de procesar el oro (que genera grave contaminación medio ambiental por el uso indiscriminado del cianuro y el arsénico) para que este se lleve a cabo en otros lugares bajo medidas de seguridad.
Marco Arana: “También la gran minería es un problema”
El líder del movimiento político Tierra y Libertad, Marco Arana, en diálogo con Voz de Alerta, por su parte expresó su preocupación porque la minería ilegal “está creciendo de manera terrible en todo el país”, sin embargo recordó que la mayoría de casos de conflictos sociales está vinculada con la minería formal, tal como lo precisa la Defensoría del Pueblo.
Indicó que la minería informal obviamente requiere de controles medio ambientales, laborales y tributarios, sin embargo respecto a la gran minería también es necesario establecer mayores controles medio ambientales y zonas de exclusión minera en diversos puntos de la geografía nacional.
Dijo que ambas –la minería formal como la ilegal- son problemáticas sumamente complejas y de buenas a primeras “no es conveniente caer en una simplificación maniquea de señalar que la minería formal es buena y la minería ilegal es mala”.
El activista en la defensa del medio ambiente comentó que hace unos días fue víctima de un atentado cuando se dirigía a Huancabamba, Piura (el vehículo en el que viajaba fue atacado con piedras y disparos), y no sabe con seguridad si los responsables fueron mineros ilegales o, por el contrario, están vinculados con la gran minería.
Fuente : Voz de Alerta
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