Un hecho sin precedentes. En la víspera, la población aymara
que representa el 10.72% del total de los indígenas peruanos, quienes en mayo
del año 2011 protagonizaron una drástica paralización contra las mineras,
fueron negados de participar de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa.
Como se conoce, obligados por el convenio 169 de la OIT
(Organización Internacional del Trabajo) que el Perú en firmó en 1993, el
gobierno de Ollanta Humala promulgó la “Ley de Derecho a la Consulta Previa a
los Pueblos Indígenas u Originarios”, el pasado 06 de setiembre del 2011; y se
estimó un plazo de 90 días para su reglamentación el cual vence el próximo 23
de enero.
Recientemente, la organización más representativa de la
población aymara, la Unión de Comunidades Aymaras (UNCA), solicitó su
incorporación a la Comisión Multisectorial que ve la reglamentación; la
petición fue aceptada el Viceministerio de Interculturalidad, sin embargo; en
la víspera, los propios indígenas de la zona norte del país vetaron la
participación de los aymaras.
Se conoce que el más férreo opositor de los aymaras fue
Magdiel Carrión, presidente de la CONACAMI, aduciendo que UNCA ya participaba a
través de ellas. La posición habría sido respaldada por AIDESEP y otras
organizaciones indígenas.
GOBIERNO APLASTA A
INDIGENAS
La situación se agrava considerando que la Comisión
Multisectorial había aprobado la participación de hasta 06 organizaciones
indígenas y 14 viceministerios para desarrollar la reglamentación de la Ley de
Consulta Previa; y hasta la fecha sólo se acreditaron 5 organizaciones
indígenas y sin razón alguna se negó al UNCA.
Demostrando una participación desproporcional, en la
víspera, la Comisión Multisectorial aceptó la incorporación de 4 viceministros
adicionales, en adelante, la composición de la Comisión Multisectorial estará
conformada por 18 Viceministerios y 5 organizaciones indígenas.
VOCES EN CONTRA
Al respecto, el Coordinador la Asociación SER en Cajamarca,
Aldo Santos, cuestionó esta actitud. “Se acaba de negar el derecho del pueblo
indígena más numeroso de este país a participar del proceso de reglamentación
de la Ley de Consulta Previa. Dicha negación no viene del Gobierno, ni el
Estado, sino de las propias organizaciones”.
“Las organizaciones del Pueblo aymara deben exigir ante el
Gobierno y la propia OIT su derecho de ser incorporados al proceso de
reglamentación de la Ley de Consulta Previa”, señaló Santos Arias, tras exigir
a las autoridades de Puno emitir un pronunciamiento exigiendo al gobierno
central de ser representados en el proceso de reglamentación de la Ley de
consulta.
Fuente: Los Andes
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