Miles de mineros informales iniciaron ayer un paro indefinido en seis regiones del país para exigir al gobierno del presidente Ollanta Humala que derogue los decretos legislativos 1100, 1101, 1102 y 1103 por considerar que atentan contra la formalización y criminalizan la minería artesanal tipificándola de "ilegal".
Las movilizaciones más numerosas se dieron en Puerto Maldonado, capital de Madre de Dios, donde se calcula que son más de 25 mil los trabajadores mineros informales, y Abancay (Apurímac), donde muchas comunidades de las zonas más altas han hecho de la minería artesanal su principal fuente de ingresos.
También se registraron protestas de mineros informales en Trujillo (La Libertad), Piura, Juliaca (Puno) y Chala (Arequipa). Los manifestantes coincidieron, además, en demandar al Ejecutivo que ponga en marcha el Plan Nacional de Formalización de la pequeña minería, y que el presidente Humala cumpla con su promesa de crear el Banco Minero.
Piden Diálogo
Luis Otzuka, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin), criticó la decisión del gobierno de haber roto todo diálogo para la formalización y, por el contrario, haber aprobado decretos "nocivos" y "represivos" contra la pequeña minería y minería artesanal.
Tras hacer un deslinde con los responsables de la contaminación en la zona de La Pampa –que pone en riesgo áreas de protección–, sostuvo que la Fedemin desea restablecer el diálogo que se rompió tras el retiro de Salomón Lerner de la Presidencia del Consejo de Ministros, con quien tenían, dijo, el compromiso de llevar adelante el ordenamiento y formalización de la pequeña minería y artesanal.
En ese sentido, pidió la instalación de una mesa de trabajo en Madre de Dios, en la que las autoridades puedan ver in situ la realidad de la pequeña minería y la artesanal "que quiere formalizarse", y que ocupa a 25 mil trabajadores.
Finalmente, dijo que las referidas normas han puesto a los mineros informales en el mismo nivel que los ilegales, sin considerar que los primeros pagan impuestos y son pasibles de fiscalización, mientras que los segundos no cuentan con títulos de concesión y trabajan en zonas prohibidas.
En Apurímac, los mineros artesanales, que son comuneros en su totalidad, pidieron la renuncia del premier Óscar Valdés, a quien acusaron de privilegiar a la gran minería.
Claves
seguridad. El gobernador de Madre de Dios, Gilbert Galindo, aseguró que el paro de los mineros es pacífico y que está garantizada la seguridad ciudadana.
amenazados. Pedro Tacanga, presidente de la Asociación Regional de Carboneros de La Libertad, advirtió que 12 mil familias dedicadas a la explotación de carbón de piedra ahora están "amenazadas con penas de 4 a 8 años de cárcel".
Fuente: La República
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