Gobierno prioriza diálogo y consenso con pueblos nativos
El origen de los conflictos sociales será abordado “con mucha anticipación y seriedad” en el Ministerio del Ambiente, que creó una unidad especial para atenderlos. El jefe de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), Félix Chávez Vásquez, ofrece una radiografía de los “puntos calientes” en donde se gestan posibles problemas y adelanta cómo trabajará dicha entidad.¿Cuál será el objetivo de esta nueva unidad, considerando que ya tenemos una ley de consulta previa?
–Primero, es importante decir que no es posible avanzar en el desarrollo del país si es que las poblaciones no dan su aval a las actividades que se realizan. Gran parte de los conflictos están relacionados con actividades extractivas. La Defensoría del Pueblo nos ha dicho que de 50% a 60% de los conflictos son de origen socioambiental.
Para nosotros, era muy importante y estratégico que esa ley saliera. Como se van a crear más áreas naturales protegidas, será muy importante que Sernanp tenga una propuesta clara de cómo se harán las consultas, y por esto haremos llegar nuestras sugerencias para el reglamento de la nueva ley.
¿Como trabajará esta unidad?–Vamos a tener un diagnóstico, un mapeo de todos los conflictos que existen. Mirar la gravedad que tienen y hacer un análisis de los actores que intervienen, para buscar alternativas. Después de un mapeo claro, se podrá hacer un seguimiento para ir atendiéndolos poco a poco y con una buena estrategia ir desatando esos grandes nudos.
Esta unidad le va a dar un soporte a cada una de las áreas naturales, para que hagan un seguimiento de los conflictos y puedan desactivarlos.
No hay que olvidar que se requiere cierta especialización, desde abogados hasta técnicos especialistas.
¿Por qué surgen los conflictos?
–Cuando se trata de poblaciones indígenas, tienen un origen en la no consulta de su propia perspectiva de desarrollo, su cosmovisión del territorio. Ellos necesitan mostrarnos cuál es, para que al momento de crear el área se incorpore esa visión. En algunos lugares, eso funciona; una muestra son las reservas comunales, que fundamentalmente se trabajan con pueblos indígenas. En otros lugares, cuando las áreas son mucho más grandes, puede haber intereses creados venidos de traficantes de tierra, de gente que tiene que ver con tala ilegal, con minería informal o con la producción de coca ilegal. Tenemos más o menos 16 áreas naturales en cuyas zonas de amortiguamiento hay presencia de coca ilegal. Eso no pasó ayer, eso viene sucediendo hace cinco a diez años. No ha habido una estrategia para hacer frente a estas actividades ilegales
En este momento, ¿qué es lo primero que atenderán?
–Tengo algunas semanas en el cargo y ya hay más de quince conflictos en marcha. Muchos de ellos son de larga data y otros de última generación. El problema es que no se les ha dado seguimiento.
¿Hay algunos que lo preocupen de manera especial?
–Sí, el de Altomayo, en la región San Martín, que data de seis a siete años atrás, con una invasión grande, de gente que está dentro del área protegida, que ha desarrollado una estrategia para consolidar caseríos. Han logrado que el Estado les ponga un pequeño colegio, una posta.
¿Cómo pudo suceder esto?
–Si este problema se hubiera atendido en su momento, no tendríamos que enfrentar esta situación. Han construido una carretera dentro del área natural protegida, incluido un puente. Hay gente produciendo café orgánico en el Bosque de Protección Alto Mayo. Estamos creando una unidad de resolución de conflictos en el Sernanp que estará articulada con la unidad que existe en el Ministerio del Ambiente y que será reforzada.
¿En qué otros lugares hay conflictos?
–En una zona entre Lambayeque y Cajamarca, en el Santuario Histórico de Machu Pichu, en el Manu, en Tambopata. Allí hay una invasión en la zona de amortiguamiento, en la pampa de Madre de Dios. Nos han reportado que están llegando de diez mil a quince mil personas a la zona para ir consolidando una franja minera.
Ese es un problema de larga data que no pudo resolver la gestión anterior. ¿Cómo piensan darle fin?
–Allí, junto con el Ministerio del Ambiente y los gobiernos regionales de Madre de Dios y del Cusco, buscaremos desarrollar una estrategia para acabar con esto, porque de lo contrario dentro de poco los tendremos en área protegida. La onza de oro ha superado los 1,700 dólares. Es un problema que ocurre no solo en Madre de Dios; donde hay oro, hay una invasión de gente. Vamos a tener que diseñar una estrategia que mire más allá de los mineros informales, que vaya dirigida a los otros niveles que financian estas actividades, a los que compran el oro, a los que venden los insumos, los motores, las dragas.
¿Se buscará apoyo policial?
–Como funcionarios, vamos a tener que hacer las denuncias legales respectivas, independientemente de que haya negociaciones. Tenemos que cumplir con la ley. Este es un tema similar a lo que pasa con la coca. Si solo golpeas al que produce, pero no golpeas a los otros eslabones de la cadena de producción, entonces la intervención será poco efectiva. Para la minería y la tala ilegal tendremos estrategias integrales
¿En otros países hay experiencias de unidades de conflictos como la que buscan desarrollar?
–Sí, existen experiencias. Pensamos que la prevención siempre será lo mejor. Nosotros no vamos a esperar que los conflictos nos toquen la puerta, vamos a ir a allí, donde se han empezado a generar, para desactivarlos. En algún momento, en Altomayo solo había cinco a diez personas sembrando café. Si se les hubiera sacado a tiempo, ahora no tendríamos mayores problemas. Bueno, esa no ha sido la forma de actuar, pero eso va a cambiar.
Unidad de resolución de conflictos
¿Qué efectos inmediatos generará esta unidad?
–Por un lado, va a permitir que nuestras jefaturas y todo el personal que está en las áreas naturales protegidas tengan una metodología de tratamiento de los conflictos, porque, como no la tienen, tratan mal el conflicto y éste puede derivar en uno mayor.
El primer objetivo es que nuestro personal tenga calidad en materia de intervención frente a los conflictos, para lo cual la unidad le dará soporte. Lo segundo es establecer estrategias claras para cuando se dé el conflicto.
Es decir, que no todo estará concentrado en la prevención, habrá estrategias de contención…
–Claro, ver cómo resuelves, con la fuerza pública si se trata de una invasión. Nos interesa que los otros actores se sientan en mayor capacidad para poder ser buenos interlocutores. Hay que hacer un análisis de los actores con los que estás.
El ejemplo de Altomayo es interesante. Allí hay mil personas, pero cinco –que lideran la protesta– no necesariamente son las que tienen el problema más grave. Hay que ver cómo ubicas a los actores que requieran una verdadera atención del Estado y quienes tienen otros intereses.
¿Cómo se logrará que el Estado no se quede con las manos atadas?
–En algunos casos, habrá que sacar a la gente, porque el interés será quedarse en zonas que no deben. En otros casos, solo quieren hacer uso de los recursos; en esos casos, llegaremos a un acuerdo de conservación. Hay varias fórmulas y habrá que ponerlas a disposición de las áreas y de los protagonistas que están allí. La unidad trabajará en ese sentido.
Fuente : El Peruano
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