Una ONG ambientalista denominada Global Response, con sede
en los Estados Unidos, viene difundiendo entre los periodistas, activistas y
promotores comunitarios peruanos, y de la región, una guía contra la actividad
minera y otras industrias extractivas.
En este documento, por ejemplo, dice que
“la minería y otras industrias extractivas están entre las actividades más
destructivas del planeta, especialmente para las comunidades indígenas y
agrícolas. Los minerales, metales, hidrocarburos, y madera que las industrias
extractivas buscan son muy rentables, de manera que hacerles resistencia
requiere de trabajo arduo”.
“Pese a que las empresas extractivas son poderosas, también
son vulnerables. Existen maneras de detenerlas. Puede llevar años, pero los
resultados valen la pena. Está en juego la supervivencia cultural y el
bienestar de su comunidad, su medio ambiente y su capacidad de ganarse la vida,
ahora y en los años venideros. Muchas comunidades que enfrentan estos desafíos
se han organizado contra las empresas formando redes locales, nacionales e
internacionales de activistas”, añade.
Detener la minería
Continuando con su ánimo antiminero, esta ONG hace alarde de
los trabajos que se realizan en diversas partes de la región para contrarrestar
esta actividad, asegurando que “comparten información y trabajan juntas para
detener el daño que causan las industrias extractivas. Y en muchos casos, han
logrado detener la minería o reducir su impacto”.
“Esta guía describe aspectos del proceso minero, los
peligros que usted y su comunidad enfrentan cuando las empresas mineras buscan
operar en su comunidad, y las muchas maneras disponibles para defenderse. La
hemos dedicado, sobre todo, a líderes regionales/nacionales que puedan trabajar
con líderes comunitarios locales para planificar acciones locales, y que puedan
también trabajar a nivel gubernamental, nacional e internacional”, anota.
El dato
Esta ONG, que es muy activa en Latinoamérica, pone como
ejemplo de “dos resistencias exitosas” a la inversión minera y extractiva, el
caso de Tambogrande afirmando –sin prueba alguna– que en el 2005 “casi el 50%
de la población hubiera sido desplazada”.
Fuente:Expreso
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