La creación de la Dirección Nacional de Prevención y
Solución de Conflictos Sociales para enfrentar problemas generados en el campo
de la agricultura, agua, minería y demarcación territorial, anunció hoy el
presidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés.
“Esta Dirección tendrá representación en todas las regiones,
y se ocupará de atender con la anticipación necesaria los conflictos que puedan
surgir a nivel nacional”, afirmó durante su presentación en el Congreso de la
República.
Y a fin de evitar los conflictos generados por minería,
destacó el anuncio del presidente de la República, Ollanta Humala, sobre un
esquema para la minería responsable, con un nuevo modelo de impacto social, con
la participación conjunta del Estado, la comunidad y el inversionista,
respetando el ambiente y el uso del agua.
Agregó que ello será fundamental para dar viabilidad a las
inversiones de la minería responsable.
Como parte de ese nuevo esquema, recordó que el año pasado
se aprobó un nuevo gravamen a las ganancias mineras para que el Estado tenga
mayor participación de los ingresos generados por esta actividad minera.
También destacó que parte del nuevo modelo es la aplicación
de la Ley de Consulta Previa, y para ello, informó que hay una comisión
encargada de diseñar el reglamento de la ley a fin de restablecer las
condiciones de la participación de los pueblos.
El ministro Valdés mencionó, además, que el Gobierno dispuso
el establecimiento del Fondo de Garantía Ambiental, contenido en los contratos
con las compañías mineras, que se ejecutaría ante cualquier daño producido al
entorno natural.
De igual manera, dijo que el Poder Ejecutivo promoverá el
Fondo de Inversión Social para dirigir recursos al sector educación, salud,
saneamiento, servicios públicos e infraestructura.
Asimismo, puso en relieve la decisión gubernamental de
eliminar la minería ilegal, cuyo accionar en algunas regiones del país, impiden
que el Estado deje de percibir 150 millones de soles por impuesto a la renta.
Finalmente, anunció que se propondrá un marco legal
integrador para la regulación de los servicios ambientales, e implementará
estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles.
“Por eso hay una comisión multisectorial de la PCM encargada
de la revisión, evaluación y diseño de una propuesta de integración de
funciones de evaluación de los estudios de impacto ambiental, la administración
de los recursos hídricos, y la fiscalización ambiental”, puntualizó.
Fuente: Los Andes
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