El nuevo titular de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Puno, Luis Antonio Aguilar, anunció hoy que su despacho reducirá la burocracia y aplicará la política de puertas abiertas, con el propósito de lograr que más mineros informales apuesten por la formalización.
Explicó a la Agencia Andina que cuando asumió el cargo el 2 de enero pasado encontró gran documentación de pedidos de formalización desatendidos, generando la queja de los solicitantes.
“Estamos dando las facilidades del caso, pero de acuerdo a las exigencias de la ley, para alentar entre los mineros informales la importancia de que trabajen en el marco de la legalidad. No seremos una piedra en el zapato, al contrario, trabajaremos bajo la premisa de puertas abiertas”, aseguró.
Aguilar recordó que su campo de acción o competencia, de acuerdo a ley, alcanza a la pequeña minería y a la minería artesanal.
“Nuestras acciones se centrarán en aunar esfuerzos con los mineros formales y con aquellos que se están adecuando a la formalización porque cuentan con un petitorio, y no con aquellos que invaden territorios; ello es competencia de la Policía y la Fiscalía”, anotó.
Indicó que su despacho ha iniciado mesas de diálogo con los mineros, en las cuales se les informa sobra la normatividad vigente y, en otros casos, sobre el avance de sus procesos de formalización.
“Seremos rigurosos en la evaluación de los estudios ambientales, derechos mineros, entre otros procesos, pero con los plazos dispuestos; es decir, alentaremos la formalización”, enfatizó.
Asimismo, recordó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) logró importantes acuerdos durante la segunda reunión de la mesa de trabajo instalada para la formalización de la actividad minera en la minas La Rinconada y Lunar de Oro.
Ello se efectuó bajo la dirección del Proyecto Apoyo a los Gobiernos Regionales en la Formalización de la Minería Artesanal (Apogore).
“Trabajaremos bajo esa línea promoviendo el diálogo para evitar discordias o enfrentamientos que pongan en riesgo la tranquilidad de la región”, insistió.
A mediados de diciembre, el pleno del Congreso aprobó otorgar facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por 120 días, para elaborar normas en materia de minería informal.
Se estima que la minería informal mueve más de mil millones de dólares al año e involucra a unas 100 mil personas, pero no paga impuestos al Estado, contamina el medio ambiente y está vinculada a actividades ilícitas, como la explotación de menores y la trata de blancas.
Fuente: Andina
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