Mientras que el país vive un proceso de alternancia democrática, lo lógico sería que la población procure facilitar la transferenciaCuando se pensaba que la calma retornaba al país, tras el acuerdo para resolver el violento conflicto de Puno, han aparecido una serie de nuevas protestas –en Huancavelica, Ayacucho y Lampa, entre otros–, con motivaciones diversas y altamente confrontacionales.
Mientras que el país vive un proceso de alternancia democrática, lo lógico sería que la población procure facilitar la transferencia y se dé una tregua al nuevo gobierno. Lo que se vive, por el contrario, parece buscar la desestabilización y la crispación para afectar la gobernabilidad del país.
Es necesario recuperar el orden y la calma. Los problemas deben resolverse dentro de los cauces del diálogo, la ley nacional y el principio de autoridad. Y el actual gobierno debe procurar, hasta el último día de gestión, acercarse a negociar –no simplemente a ceder– con los líderes que reclaman equivocadamente. El gobierno del presidente electo Ollanta Humala deberá también ir fortaleciendo la política de prevención de conflictos sociales.
En este contexto resulta oportuna y atendible la propuesta de la jefa del Gabinete, Rosario Fernández, para involucrar aun más a la Defensoría del Pueblo (que registra 227 conflictos en ciernes) en la prevención y solución de conflictos. Adecuada ha sido, también, la respuesta del defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, quien ha reiterado su disposición para trabajar con el Ejecutivo.
En este escenario urge crear consenso parlamentario y gubernamental para aprobar la ley de consulta, en cumplimiento de la normativa internacional de la OIT para que la voz de las comunidades sea escuchada. El nuevo Gobierno y el nuevo Congreso tienen que actuar apropiadamente para recuperar la paz social, abrir más y mejores canales de diálogo y preservar la gobernabilidad democrática, dentro del orden constitucional.
Corresponde a nuestras autoridades brindar a las comunidades y poblaciones tanto las herramientas legales necesarias para que sus derechos no sean amenazados, cuanto las vías para resolver pacíficamente lo que es percibido como amenaza (sea de incompatibilidad entre actividad minera y agraria, desacuerdo sobre la repartición del canon o la presunta acción corruptora de un rector, como en la universidad de Huamanga).
Fuente: Diario El Comercio
1 comentarios:
La empresa Hudbay Minerals esta depredando todo el medio ambiente en Chillioroya Chumbivilcas Cusco, destruyendo una zona ganadera por naturaleza, en el tiempo que no habia ley de consulta previa y se dice que el sub-suelo era del estado, obligaron a comunidades y hacendados a vender sus tierras aun costandoles la vida y hoy que el Pdte Humala dice que el sub-suelo es de todos los peruanos y que existe una ley de consulta previa, estos contratos deberian ser revisados y permitir que los comuneros como hacendados se queden un minimo inafectable como en epoca de Reforma Agraria y sigan constituyendo la parte ganadera y real de esa zona...NO la MINERIA de ningun tipo...esta empresa debe salur de alli, su agresividad en destruir casas y historia de la poblacion no tiene nombre..han violado todos los derechos humanos..alguien debe prestar atencion..este es un lugar que puede explotar en una guerra civil en cualquier momento
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