En el marco de la celebración del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, la organización supervisora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, instó a nuestro país a aprobar la Ley de Consulta Previa y esclarecer la verdad, justicia y reparación en el caso del ‘baguazo’.
La organización, mediante el informe denominado “Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo”, sostuvo que la Ley de Consulta debe estar redactada según las normas internacionales y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e indicó que es falsa y peligrosa la dicotomía entre el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas.
Asimismo, recomendó promulgar leyes para hacer efectivo el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado; y abstenerse de otorgar concesiones y autorizar proyectos de inversión que pueda afectar a los pueblos indígenas sin una consulta adecuada.
Por otro lado, el informe señaló también que el ex presidente Alan García se negó a promulgar el proyecto de consulta previa aprobado por el Congreso en 2010 y que, ese mismo año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia instando a aprobar y aplicar dicha ley.
“Los pueblos indígenas han criticado varias medidas legislativas y administrativas relativas a actividades mineras y forestales, que a pesar de afectar a los derechos indígenas, no se les han consultado”, indicó.
En cuanto al ‘baguazo’, señaló que “los familiares de las personas que perdieron la vida en 2009 junto a la localidad de Bagua siguen pidiendo verdad, justicia y reparación. Un tribunal policial militar, ni independiente ni imparcial, condenó a tres miembros de las fuerzas de seguridad en marzo de 2011, pero estas sentencias podrían utilizarse para obstaculizar el proceso que se está siguiendo en la justicia ordinaria”.
“Nadie ha sido condenado por los actos de violencia que tuvieron lugar entonces, incluidos homicidios de civiles y de agentes de policía. Según la Defensoría del Pueblo, han ocurrido enfrentamientos similares en otros lugares del país”, agregó.
La iniciativa de consulta previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece estas consultas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
CONGRESISTAS COINCIDEN EN DAR PRIORIDAD A LEY DE CONSULTA
Luego de que el congresista Yonhy Lescano presentó esta semana el proyecto de Ley sobre el Derecho de Consulta Previa, legisladores de diversas bancadas coincidieron en la prioridad que debe tener esta norma.
“Es un instrumento para resolver los problemas de la población más pobre y de la que vive en áreas rurales. Es indispensable ver este tema pronto”, dijo el parlamentario, agregando que la norma debe aprobarse como un primer “mensaje de inclusión” para las comunidades nativas.
Al respecto, el congresista de origen awajún, Eduardo Nayap (Gana Perú), señaló que tiene listo un pedido para darle prioridad al debate de la norma, una vez que las comisiones ordinarias y el Pleno del Congreso inicien su trabajo.
Por su parte, Marisol Pérez Tello (Alianza por el Gran Cambio) sostuvo que la ley de consulta es una necesidad para que el país siga progresando. Asimismo, indicó que su bancada impulsará su pronto debate, tomando elementos clave como la elaboración de un código indígena que regule el tema de educación, multiculturalidad, régimen laboral y otros aspectos.
En representación de Solidaridad Nacional, Martín Belaunde consideró que tiene que darse un amplio debate sobre ese tema y analizar todas las fórmulas pertinentes que garanticen la inclusión de las comunidades nativas, pero también el desarrollo del país.
“Está de por medio el destino del país en cuanto a la explotación de sus recursos naturales y el derecho de todas las personas. Creo que en Perú no se debe volver a emplear el concepto de veto, porque eso impediría el desarrollo”, anotó el congresista.
Fuente : SPDA / Actualidad Ambiental
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