Las regiones con mayor cantidad de incidencias son Puno,
Cajamarca, Tacna y Huancavelica. La principal queja es que se afectaría las
cabeceras de cuenca.
En lo que va del año se han registrado 36 conflictos
sociales generados por el temor y las denuncias de la población sobre
contaminación y reducción de los recursos hídricos a causa de la minería,
advierte un informe elaborado por la Red Muqui, en base a los datos de la
Defensoría del Pueblo.
La región con mayor problema es Puno, con 7 conflictos;
seguida de Cajamarca, con 6 incidentes. En tercer lugar están Tacna y
Huancavelica, con 4; mientras que en Áncash y Apurímac se produjeron 3 casos en
cada una.
Además, el reporte señala que al menos hay 18 conflictos
sociales en zonas de cabeceras de cuenca, que son áreas donde nacen los ríos y
arroyos o en las que se capta el agua en forma natural, convirtiéndose en una
fundamental reserva hídrica.
No es solo Conga
El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Edwin Gonzales,
sostuvo que si bien en este momento todos los ojos están centrados en el caso
de la minera Conga, en la provincia cajamarquina de Celendín, los reclamos de
la población en defensa de su recurso hídrico han ido en constante aumento.
Indicó que si bien la mayor parte de los conflictos sociales
por el agua se produjeron en el gobierno
anterior, tan solo en octubre se registraron cinco incidentes más.
Explicó que la preocupación de los comuneros que viven en
las zonas en peligro se origina porque muchas de las concesiones y proyectos
mineros se ubican en las zonas de cabecera de cuenca, que son primordiales para
su consumo y para las actividades agropecuarias que realizan.
“No está muy claro a quién le compete la protección de las
cabeceras de cuenca, pues las normas no son precisas. Además, no se ha
implementado la Ley de Recursos Hídricos aprobada en la gestión anterior y por
ello no funcionan los Consejos Hídricos de Cuencas; solo funcionan dos planes
piloto. Tampoco se han elaborado los planes de gestión de los recursos hídricos
de cada cuenca. Los pobladores están totalmente desprotegidos”, advirtió.
Urge zonificación
Por su parte, el consultor en medio ambiente Ignacio Cancino
refirió que Perú es un país muy diverso no solo en fauna y flora, sino también
en términos topográficos, por lo que cada caso debe ser cuidadosamente evaluado
mediante estudios de impacto hídrico que determinen el grado de afectación que
la actividad extractiva puede ocasionar.
Dijo que los gobiernos locales y regionales están haciendo
estudios de zonificación ecológica económica en función a los recursos que
tienen, así como al tipo de suelos, a la voluntad de la población, a fin de
definir dónde debe ser preponderante la actividad minera o agropecuaria, a
través de un reordenamiento territorial.
“Una vez establecido el reordenamiento territorial, cada
proyecto, sea minero, para construir represas para uso agrícola o energético, o
cualquier otro, supone un impacto, por lo que se tiene que hacer estudios de
evaluación ambiental e hídrica”, manifestó.
Agregó que la alta desconfianza de la población se debe a
que existe una cultura de parte de las empresas mineras –con algunas
excepciones– de irrespeto por los derechos locales y de subestimación de las
formas de vida local, como la dedicación a la actividad agrícola de los
campesinos, a la cual consideran de poco valor económico.
“Por esta subestimación se generan los conflictos, porque la
gente siente que están pasando por encima de ellos”, alertó.
Incremento de conflictos sociales por agua
En el año 2005, la Defensoría del Pueblo registró 70 casos
de conflictos sociales, de los cuales 10 se vincularon al agua, y de éstos, 6
estuvieron relacionados a la minería; todos en la región Cajamarca.
En el 2006 se denunció 97 conflictos: 15 de ellos por agua,
de los cuales, 10 se debieron a la minería en La Libertad, Pasco y Cajamarca.
En el 2007 hubo 78 casos: 23 por agua, de los que 20 se
vincularon a la minería. Se afectaron Cajamarca, Huancavelica, Tacna, Ancash,
La Libertad, Moquegua y Puno.
En el 2008 se reportó 197 incidentes: 21 de ellos fueron por
agua, de los cuales 8 fueron por la minería. Estos casos se registraron en
Tacna, Moquegua, Apurímac, Ancash, Amazonas y Cajamarca.
En el 2009 hubo 267 casos:
33 por agua, de los cuales 17 están vinculados a la minería y se
produjeron en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurímac, Ayacucho,
Huancavelica, Cusco, Junín, Lima, Áncash, La Libertad, Amazonas y Cajamarca.
En el 2010 se registraron 246 conflictos: 36 por agua, de los que, 28 están vinculados
a la minería. Se dieron en Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ancash, Húanuco,
Lima, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de dios, Puno,
Arequipa, Moquegua y Tacna.
Fuente : La República
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