Lima, (ANDINA). La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que la Ley de Consulta Previa aprobada en Perú no tiene por qué afectar a las inversiones, sobre todo si se aplica buscando el consenso, afirmó su directora ejecutiva para los países andinos, Carmen Moreno.
Sostuvo que tras la promulgación de esta norma, que otorga a los pueblos nativos el derecho a ser consultados sobre proyectos de inversión en sus territorios, es importante que su reglamento fije parámetros para que la consulta se haga de buena fe, sin posiciones irreconciliables, y que prime el consenso.
“No tendría por qué afectar (a las inversiones). Está la vía del diálogo para saber si esa inversión es lo suficientemente relevante para seguir adelante, y estar seguros de que no va afectar los derechos de los pueblos indígenas y su permanencia en lugares donde han vivido ancestralmente”, declaró a la agencia Andina.
Refirió que mientras se garantice que el proceso de la consulta se hará mediante un diálogo honesto, justo y constructivo con las comunidades indígenas, no existen mayores riesgos.
Por el contrario, subrayó que la entrada en vigencia de esta norma significa un paso muy significativo para la inclusión social de las comunidades indígenas peruanas, cuyas prioridades han sido históricamente ignoradas en Perú.
“Es un paso muy significativo en aras también de la inclusión, es una medida de inclusión que va a restituir y promover los derechos del colectivo de los pueblos indígenas que se estaban reclamando”, señaló.
Moreno aclaró que la consulta no implica una capacidad de veto por parte de las comunidades, conforme a los alcances del Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional legalmente vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas.
“No es un veto, se trata de un diálogo en el que se pueda beneficiar ambas parte de un proyecto que, en definitiva, también será en beneficio y desarrollo del país”, apuntó.
La ley da el derecho a los pueblos nativos de opinar sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten a sus derechos, y también prevé que se les consulte sobre los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional que los involucren.
Durante el gobierno pasado el número de conflictos sociales subieron de unos 70 hasta 214, reportados por la Defensoría del Pueblo a julio pasado, y muchos están relacionados con el auge de las inversiones en los recursos naturales del país e involucraban a comunidades nativas.
El miércoles pasado se instaló la comisión técnica encargada de apoyar la Reglamentación de la Ley de Consulta Previa, integrada por representantes de organizaciones nativas, el gobierno, y el sector minero, con un plazo de 90 días para su trabajo.
Fuente : Andina
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