Así lo hicieron el congresista nacionalista Rimarachín y
Pedro Pacheco, abogado demandante de los decretos en representación de Mario
Hanco.
Sería un contrasentido que el gobierno apele el fallo del
Poder Judicial que anula los decretos supremos que permitieron las
modificaciones al contrato del Lote 88 de Camisea y que abrieron la posibilidad
de exportar su gas, señaló el congresista nacionalista Jorge Rimarachín.
"Nosotros esperamos que el Ejecutivo no apele esta
sentencia. Existe la necesidad de recuperar los lotes 88 y 56 de Camisea para
todos los peruanos. Ahora el camino está allanado gracias al Poder Judicial y
al demandante (Mario Hanco). Hoy estamos en un gobierno nacionalista que ha
empeñado su palabra en recuperar el gas de Camisea para todos los
peruanos", dijo el legislador.
En efecto, el fallo deja sin efecto los decretos supremos
0050-2005-EM y 006-2006-EM, con lo cual se anulan los cambios al contrato del
Lote 88 y, de ese modo, el contrato del citado lote regresa a su condición inicial
en la que se destinaba las reservas de gas exclusivamente al mercado interno.
En tanto, el abogado Pedro Pacheco, quien llevó la causa en
representación del demandante Mario Hanco, exhortó al procurador público
especializado en materia constitucional del
Ministerio de Justicia Luis Alberto Huertas a no impugnar el fallo judicial.
"Nosotros creemos que el procurador público
especializado en temas constitucionales del Ministerio de Justicia no debe
impugnar los alcances de la sentencia porque esta se encuentra de acuerdo a
ley. Sería un escándalo si la impugna", anotó el abogado demandante.
Como se informó, el Ejecutivo tendrá hasta el lunes para
apelar el fallo.
Desde el gobierno se aseguró que apelarán el fallo de la
Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima.
En el trámite legal, Pacheco dijo que en enero, con
impugnación o sin impugnación, todo el expediente del caso se elevará a la Sala
Constitucional Permanente de la Corte Suprema que preside Elcira Vásquez.
"Esto será en enero y en virtud del artículo 95 del
Código Procesal Constitucional", añadió.
Se debe recordar que el Consorcio comprometió 2,5 trillones
de pies cúbicos de las reservas del Lote 88 como garantía ante los bancos que
financiaron el proyecto exportador. El Consorcio de Camisea y el gobierno
mantienen una negociación paralela que se retomará en el primer cuatrimestre
del 2012.
Se deben elevar informes determinando responsabilidades
Otra de las consecuencias derivadas de la sentencia es la
elaboración de dos informes por parte de Perupetro. El primero debe informar a
los cinco miembros del directorio de Perupetro y a su titular, Aurelio Ochoa,
si la sentencia se ajusta a ley.
Un segundo informe lo elaborará el Órgano de Control
Institucional de Perupetro para el contralor. Este documento debe determinar
los alcances de la responsabilidad civil y penal de las personas que aprobaron
en el 2006 las modificaciones.
Fuente : La República
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