En el reporte de la Defensoría, Puno mantiene el liderazgo
de región conflictiva (21 en total, entre activos y latentes). Hay dos frentes
de rechazo: contra la minería informal y
la formal, ambas acusadas de contaminar el medio ambiente con elementos
tóxicos.
Las provincias del norte, dominadas por comunidades
quechuas, han emprendido una cruzada para eliminar la minería informal, cuyos
relaves van a la cuenca de ríos que alimentan el lago Titicaca.
En cambio, los sectores del sur, mayoritariamente aimaras,
rechazan la actividad formal. Por ello el gobierno canceló el proyecto Santa
Ana, que pretendía explotar plata en la provincia Chucuito-Juli.
En el primer semestre de
este año aimaras y quechuas
protagonizaron sendas manifestaciones. Los primeros destrozaron y saquearon las
principales instituciones públicas y privadas de Puno. Días después vino la
reacción quechua en Juliaca. Además de los daños materiales en el aeropuerto
Manco Cápac, hubo el saldo mortal de seis muertos.
Tras estos sucesos se instalaron mesas de diálogo e
inmediatamente saltaron las denuncias contra los principales dirigentes que
encabezaron las protestas, entre ellos el dirigente Walter Aduviri. Obviamente
los actuales líderes de las organizaciones sociales critican el avance de la
mesa de diálogo con el gobierno.
En estos días anuncian nuevas reuniones, para evaluar otra
vez marchas y movilizaciones en todo el departamento.
Crisis social
Apurímac no se queda atrás. Tiene 10 conflictos también
vinculados a la minería, que pretende invertir casi ocho mil millones de
dólares en los próximos 5 años. En noviembre, Andahuaylas fue escenario de una
crisis debido al rechazo a la actividad formal e informal. Hubo varios
episodios violentos. Incluso tres de sus ministros abandonaron las
negociaciones advertidos de un presunto secuestro. La sangre no llegó al río. El arreglo con el
Ejecutivo dependerá de que se erradique la informalidad y se defina si la
actividad formal contaminará.
Fuente : La República
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