La lucha frontal que ha declarado el Gobierno a la minería
ilegal en diferentes puntos del territorio nacional y especialmente en Madre de
Dios, será reforzada con las facultades que ha recibido del Congreso.
El Ejecutivo tiene un plazo para legislar sobre este tema de
120 días, en temas de interdicción y criminalidad, que impera en este sector económico al margen
de la ley, señala una nota de prensa de la Presidencia del Consejo de
Ministros.
La minería informal mueve más de US$ 1,000 millones al año,
e involucra a unas 100 mil personas. Sin embargo es una minería que no paga
impuestos, regalías ni produce canon minero para las regiones así como somete a
trabajos forzados a mujeres, niños, niñas y adolescentes, quienes no tienen
amparo de leyes laborales ni seguridad ni atención médica.
El jueves último el Congreso publicó la Ley N° 29815 que
delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de minería
ilegal.
La nueva ley explica que la interdicción de la minería
ilegal se refiere al uso del ámbito geográfico nacional destinado a la gestión
de recursos mineros. Como también a la
regulación de zonas de exclusión minera, suspensión de otorgamiento de
concesiones en éstas, uso de dragas y otros artefactos similares.
En cuanto a la lucha contra la criminalidad asociada a la
minería ilegal, se procurará un marco legal para la persecución penal contra
quienes afecten el medio ambiente o realicen actividades criminales de grave
afectación social. Ello implica la investigación, procesamiento y sanción de
aquellas personas vinculadas al lavado de activos y otros delitos relacionados
al crimen organizado.
Esta nueva norma se enmarca en la lucha frontal que ha
declarado el Gobierno a la minería ilegal, especialmente a través de operativos
de fuerzas combinadas.
La más reciente muestra de esta decisión del Ejecutivo fue
el importante operativo policial y militar realizado el 5 de noviembre de este
año en la región de Madre de Dios, operación que permitió la destrucción de
cinco dragas utilizadas por la minería informal para extraer oro del lecho de
los ríos.
En este operativo participaron 1,500 policías que se
desplazaron a las provincias del Manu, Tambopata y Tahuamanu, en donde la
minería ilegal había puesto en peligro 30,000 hectáreas de biodiversidad en esa
región limítrofe con Brasil y Bolivia.
Con base a la Ley 29815, el Poder Ejecutivo modificará la
normativa sobre funciones y competencias de la Policía Nacional del Perú, así
como la normativa procesal penal, modificará la legislación para regular el
proceso de pérdida de dominio; así como para ampliar los alcances a los delitos
vinculados a la minería ilegal.
De este modo, se fortalecerá la investigación y procedimiento;
y se perfeccionará la incautación, decomiso y destrucción de los efectos del
delito.
Asimismo, se buscará regular la distribución, transporte,
posesión y comercialización de los insumos químicos que puedan ser utilizados
en la minería ilegal.
La Constitución Política, en sus artículos 67, 68 y 69,
precisa que el Estado determina la política nacional del ambiente, promueve el
uso sostenible de sus recursos naturales, así como la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas, y el desarrollo
sostenible de la amazonia con una legislación adecuada.
Actualmente, la minería ilegal se ha convertido en un
problema de alcance nacional. Se realizan actividades de este tipo Madre de
Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Ancash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa,
entre otros departamentos, un total de 13 regiones.
Sólo en la región Madre de Dios, esta actividad ha devastado
18,000 hectáreas de bosques, poniendo en peligro miles de hectáreas más en la
selva amazónica.
A diferencia de lo señalado por quienes la realizan, no es
una minería de subsistencia sino más bien un sistema de criminalidad que deja
destrucción a su paso, pues arrasa bosques y contamina ríos, afecta la vida y
los derechos fundamentales de las personas.
La minería ilegal se sostiene mediante la instauración de
mafias internacionales que operan en Perú, que realizan actividades delictivas
de diverso tipo desde corrupción, lavado de activos, trata de personas,
contrabando, defraudación tributaria, entre otros.
Esta actividad interfiere directamente con otros importantes
sectores económicos como el ecoturismo, la agricultura, las actividades
forestales y la vida misma de la zona, afectando de manera especial a las
comunidades nativas.
La utilización indebida e irresponsable de sustancias
químicas resultan gravemente dañinas y riesgosas por las consecuencias que
genera para la sociedad. Grandes
cantidades de mercurio se pierden por este tipo de minería que se vierten al
medio ambiente en forma gaseosa o liquida en los ríos de la amazonia,
contaminando de este modo las fuentes de vida de muchas comunidades.
Al infectarse los ríos desaparece la flora y fauna. De igual
manera, los pescados y mariscos de consumo humano se convierten en elementos
transmisores contaminantes.
Finalmente, el tráfico y uso de sustancias químicas
prohibidas permiten el desarrollo y proliferación de actividades ilegales, en
especial de la producción de drogas y el narcotráfico. De este modo, la minería
ilegal genera peligrosos nexos con otras actividades como la trata de personas,
el lavado de activos, el terrorismo, entre otros.
Fuente :Andina
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