El Gobierno publicó ayer un decreto legislativo que aprueba
las acciones de interdicción de la minería ilegal en la región Puno.
El operativo estará a cargo del Ministerio Público y la
Policía Nacional con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El combate a la minería ilegal en Puno se desarrollará en
las provincias de San Antonio de Putina, Sandia, Carabaya y Huancané, sobre
todo en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.
Para la realización de las acciones de interdicción, la
Dirección Regional de Energía y Minas del Gobierno Regional de Puno entregará
–en los siguientes 15 días hábiles y con periodicidad mensual- al Ministerio
Público, a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio de Defensa la relación
detallada y sustentada de los titulares mineros de su competencia que cuenten
con la autorización correspondiente, así como de la maquinaria que poseen.
Si una unidad minera no está autorizada para explorar,
explotar y/o beneficio, será intervenida por las autoridades correspondientes
Decomiso
Entre las acciones figura el decomiso de los bienes,
maquinaria, equipos e insumos utilizados para el desarrollo de actividades no
autorizadas, los mismos que serán puestos a disposición del Gobierno Regional
de Puno; así como la destrucción o demolición de bienes, maquinaria y equipos
que por sus características o situación no resulte viable su decomiso.
“De esta manera se propone frenar la actividad aurífera
ilegal en Puno que mueve cada año entre US$ 300 millones a US$ 400 millones y
daña gravemente las cuencas de los ríos Ramis y Suches, que desembocan en el
Lago Titicaca”, señaló Miguel Santillana, investigador principal del Instituto
del Perú.
Agregó que gran parte del oro informal de Puno tiene como
mercado final Brasil y Bolivia. “Además, sirve para lavar el dinero del
narcotráfico y se utiliza para financiar los contrabandos procedentes de
Bolivia”, acotó Santillana.
Fuente: Diario Gestión
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