Su preocupación por los riesgos socio ambientales que está generando el Proyecto Camisea y su ampliación en la Cuenca del Urubamba, así como la deficiente preocupación del Estado en el cumplimiento de los compromisos que ha asumido, expresaron los actores claves del Gobierno Regional de Cusco, de la sociedad civil y de los pueblos indígenas que se reunieron el miércoles pasado con funcionarios del BID y del Consorcio Camisea en la Décima Reunión del BID con Partes interesadas del Proyecto Camisea.
En esa reunión, que se realizó en Yucay, Cusco, la empresa Pluspetrol, del Consorcio Camisea, presentó la ampliación de las actividades en el lote 88 sobrepuesto con la Reserva Territorial Nahua kugapakori, señalando que esta ampliación es un pedido del estado peruano, ante la necesidad de contar con más gas, dada la demanda de consumo interno y los compromisos de exportación.Ante estas declaraciones, Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR, expresó una vez más su preocupación sobre la falta de planificación energética nacional a largo plazo, planificación que ayudará al Estado a decidir cómo utilizar el gas y otros recursos energéticos para beneficio de todos los peruanos. Sin esa planificación, no entendemos cómo se promueve la ampliación de actividades del lote 88, más aún cuando se pone en mayor riesgo a los pueblos indígenas aislados que viven en la Reserva Territorial Nahua Kugapakori (RTNK).
En ese sentido, la representante del Consejo Regional del Cusco de la Provincia de la Convención, Elena Ascarza, enfatizó que el Estado “antes que promover la inversión debe promover el respeto de los derechos humanos“, y recalcó que no entendía como “la Ley 28736” permite las actividades extractivas dentro de la RTNK, cuando esta reserva es intangible y además se pondría en riesgo el derecho a la salud de estos pueblos.
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