Mediante dos decretos
legislativos, el Poder Ejecutivo ha dispuesto sancionar la minería ilegal con
no menos de cuatro años ni mayor a ocho de pena privativa de la libertad y
fiscalizar la pequeña minería y minería artesanal.
La sanción podría llegar a ser
entre ocho y diez años de prisión para sus formas agravadas, es decir, cuando
el responsable se aprovecha de su condición de funcionario o servidor público
para emplear menores de edad u otro tipo de persona inimputable, y afecta
sistemas de irrigación o aguas para el consumo humano.
Esta norma sancionará el
financiamiento de la minería ilegal, la obstaculización de la fiscalización
administrativa, y del mismo modo los actos preparatorios, que incluyen la
venta, distribución de insumos y maquinarias destinadas a la minería ilegal.
Los funcionarios responsables del otorgamiento ilegal de derechos de concesión
minera recibirán una sanción de entre tres y seis años de prisión.
Los decretos legislativos
entrarán en vigencia dentro de catorce días.
Fuente: La República
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