Donde no existe Estado prima la
“ley de la selva”, y eso está pasando en varias zonas de nuestro territorio
nacional, donde la minería informal ha hecho lo que ha querido con los recursos
naturales de todos los peruanos.
Ante esta anomia el gobierno ha
aprobado el D. Leg. 1100, que regula la “interdicción de la minería ilegal en
toda la República”. Ello implicará que el Ministerio Público, la Policía
Nacional y el Ministerio de Defensa, inicien acciones de decomiso de bienes,
maquinarias, equipos e insumos prohibidos, utilizados para el desarrollo de
actividades mineras ilegales.
Dicha norma es muy clara al
afirmar que, la solo titularidad de la concesión minera, así como la simple
presentación del petitorio minero o la solicitud de certificación ambiental, no
autoriza el ejercicio de actividades de exploración ni explotación de las
actividades mineras. Se requiere por tanto de la autorización expresa del
inicio o reinicio de la operación minera, otorgada por el Gobierno Regional o
el Ministerio de Energía y Minas, pero en ambos casos, con un informe previo
del Ministerio de Energía y Minas.
Este procedimiento cae nuevamente
en el error de creer que porque se establezca un procedimiento ante la
instancia del gobierno nacional, las cosas van a funcionar. Veamos, al
establecerse un procedimiento administrativo, el usuario –en este caso el
titular de una concesión minera– paga un derecho para que se le otorgue un
título –el de pequeño productor minero o productor minero artesanal–. Este
derecho es cancelado en mesa de partes del Ministerio de Energía y Minas, con
lo cual se robustece la instancia del gobierno nacional, pero se deja de lado
el fortalecimiento de la instancia regional.
Paradójicamente, la misma norma
señala que serán los gobiernos regionales los que deberán ejercer sus funciones
de fiscalización y sanción, ante estos actos ilegales, pero seguidamente se
señala (Art. 14°) que “estas acciones se sujetan a los presupuestos
institucionales sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”.
Esta norma padecerá como muchas
otras de su inoperatividad en la medida que no se evidencie un trabajo
articulado entre el gobierno nacional, regional y local, de la mano con el
Ministerio Público y la Policía Nacional. ¿Quién se comprará el pleito?
Quizás la imagen más trágica de
la minería ilegal la hemos visto en las zonas de la región de Madre de Dios,
por una campaña mediática desatada, pero solo basta recorrer los distritos
periféricos de la provincia de Arequipa para darse cuenta que dichos actos
ilegales están a vista y paciencia de todos.
Director ejecutivo del Instituto
de Gobierno y Desarrollo Humano
Fuente: La República
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