El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía, sostuvo que la Ley de Consulta Previa no interferirá con las futuras inversiones, porque no establece el derecho de veto de las comunidades nativas y la consideró como “un gran avance” de concertación y de entendimiento político que ayudará a resolver los conflictos sociales.
Señaló que el veto es descartado en seis resoluciones del TC y en el propio Convenio 169 de la OIT, que dispone la realización de consultas previas a las comunidades nativas antes de ejecutar actividades extractivas en sus territorios.
Explicó que el TC estableció en sus resoluciones que la consulta previa debe hacerse de buena fe, estableciéndose requisitos y procedimientos a fin de garantizar su cumplimiento y que no sea un mero procedimiento formal.
El titular del TC opinó que ahora corresponde al Ejecutivo tener una buena capacidad de concertación con las comunidades nativas y campesinas, para que las consultas sean, como dice el tribunal, de buena fe, y no se vean afectadas por intereses políticos o regionales.
LAPIDARIA
Por su parte, el ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, precisó que esta ley pone una lápida a la tesis del “perro del hortelano” del presidente Alan García y permitirá la prevención de conflictos porque será un puente para el diálogo.
El expresidente Alan García publicó durante su mandato varios artículos en los que sostenía que el perro del hortelano “se presenta como antiminero, pluriculturalista y patriotero”, como calificaba a quienes se oponen a la explotación depredatoria de la riqueza de la Amazonía o la construcción de hoteles cerca de los monumentos arqueológicos.
La ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo, dijo que la aprobación de la Ley de Consulta es una decisión fundamental del Congreso y contribuirá a la reducción de los conflictos sociales.
Añadió que a partir de la aprobación y posterior entrada en vigencia de la norma, es posible trazarse la meta de disminuir sensiblemente los conflictos sociales.
Al mes de julio se reportaron 118 conflictos sociales vinculados a asuntos medio ambientales, cifra que representa más de la mitad del total de 214 conflictos reportados por la Defensoría del Pueblo.
En tanto, el congresista awajún Eduardo Nayap (Gana Perú) opinó que la aprobación de la Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios solo es el primer paso de una nueva etapa de diálogo, pero que no representa la solución inmediata a los conflictos sociales ni la problemática indígena.
Refirió que el dispositivo legal debe ser reglamentado para su posterior ejecución, por lo que exhortó a las partes involucradas, el Estado y los pueblos nativos, a que tengan total conocimiento de las acciones y las intenciones concretas y reales.
AIDESEP
A los saludos por la decisión del Parlamento, se sumó el dirigente amazónico, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), quien indicó que ello fortalece la democracia, la inclusión social y contribuye a la recuperación de la confianza en el Estado.
Reconoció que esta normativa no otorga a las comunidades nativas un derecho al veto, pero permite que adelante se actúe teniendo como prioridad la defensa del derecho a la vida.
Del mismo modo, la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) consideró “histórica” la aprobación de la Ley de Consulta Previa en el Congreso y aclaró que esta norma no afectará la ejecución de inversiones en esa zona del país.
También, la Red Muqui saludó el consenso alcanzado en el Congreso por todas las bancadas para aprobar dicha ley.
Fuente : La Primera
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