Las denuncias por extracción ilegal y contaminación ambiental que ostenta el conocido empresario minero Francisco Ccama Layme, hoy Congresista por Puno de la filas de fujimorismo, le ha traído serios cuestionamientos no solo a nivel regional, sino también nacional.
Ccama Layme, no sólo es investigado por la fiscalía de Puno, sino también lo será por la Comisión de Ética del Congreso. A ello se suma que esta semana autoridades, dirigentes y pobladores afectados por la contaminación de la cuenca del río Ramis han expresado su rechazo al congresista exigiendo que sea retirado del Congreso.
El presidente de la zona alta de la Cuenca Ramis, Sabino Sonco Mamani, dijo: “Los dirigentes de los comunidades afectadas saludamos y ponemos nuestra confianza en el Congreso de la Republica para que investigue y sanciones al congresista Amado Romero por intentar derogar los Decretos de Urgencia 028 y 035 que disponen la recuperación ambiental de las cuencas Ramis y Suches. Así mismo pedimos que el señor Francisco Ccama sea separado del congreso, no podemos permitir que una persona que ha hecho un daño irreparable a la región nos represente”. También refirió: “El señor Ccama está reuniendo a todos los mineros artesanales de la región Puno, para confundir y decir que son “pequeños” mineros y no es así porque ellos trabajan con enormes chutes, volquetes, cargadores frontales y con camionetas de último modelo que entran y salen a estas zonas”.
Sin autorización
La Dirección Regional de Energía y Minería de Puno, informó que la Cooperativa CECOMSAP, está conformada por once sub cooperativas, de las cuales una de ellas, “Oro Puno” es de propiedad de Francisco Ccama. “Las 11 cooperativas tenían autorización, es decir Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado provisionalmente por dos años, pero el permiso ha caducado el 11 de junio del 2011 y ya se ha presentado una ampliación, que actualmente está en trámite, lo que indica que CECOMSAP viene operando sin autorización” señaló Jesús Obed Álvarez de la Oficina de Medio Ambiente de la Dirección Regional de Energía y Minas.
Intentamos comunicarnos con el congresista Ccama, para conocer su versión pero en ningún momento respondió al teléfono celular.
Por su parte, el alcalde de la Municipalidad distrital de Asillo, Víctor Cutisaca Sucari, afirmó que: “La CECOMSAP es una empresa completamente informal que aparenta ser una cooperativa. Es la primera empresa que ha contaminado el río Ramis y no puede lavarse las manos diciendo que es una empresa pequeñita que no contamina”. Indicó finalmente que viene preparando documentos para presentar una denuncia penal por contaminación en contra de Ccama.
Proceso judicial
Según la última disposición del juez de la Sala de Apelaciones del Poder Judicial de San Román (Juliaca), la investigación del proceso que se le sigue a Francisco Ccama y que data de hace más de 3 años atrás, continuará siendo realizada por ocho meses más.
El abogado e investigador del caso Ramis, Wenceslao Apaza Ñaupa, dijo que se espera que los primeros resultados de la investigación se conozcan a fines de febrero del próximo año. “Hemos presentado recursos ante el juez penal de Putina para que la parte civil participe también del proceso. Así mismo estamos coordinando con los afectados de la cuenca del río Ramis, para formar una comisión especial con el fin de demostrar mayores pruebas”
Por su parte, Francisco Ccama ha presentado un recurso de casación a la ciudad de Lima, alegando que no hay delito. Por dicha razón la próxima audiencia será en la corte Superior de Lima.
DATOS:
• Los afectados por la contaminación minera de la cuenca del río Ramis se han reunido el día de ayer en el distrito de Potoni a fin de evaluar el cumplimiento de los Decretos de Urgencia 028 y 035 además de emitir un pronunciamiento en contra del congresista Ccama.
• Según informaron de la Dirección de Energía y Minas Puno todas las cooperativas mieras que operan en las zonas de Chaquiminas, Pampablanca y Ancocala del distrito de Ananea de la provincia de San Antonio de Putina, han paralizado sus operaciones debido a que ya entró en vigencia el Decreto de Urgencia 028 por el cual se da facultades a las Fuerzas Armadas a decomisar la maquinaria de los mineros informales.
Fuente : Noticias Ser
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