Están a nombre de terceros para ocultar ingresos reales de legislador por extracción de oro. Investigación de El Comercio.
La maquinaria de extracción y comercialización de oro que opera ilegalmente en la selva del Manu y Tambopata (Madre de Dios) necesita de múltiples piezas para continuar con su brutal funcionamiento. El ex dirigente minero y flamante congresista Amado Romero Rodríguez es hoy una pieza clave de su engranaje.
¿Pero quién es este hombre de 54 años, nativo de Huaranchal (Otuzco, La Libertad), bautizado como ‘comeoro’ y desconocido hasta que El Comercio reveló que un grupo de mineros ilegales le pagaba 30 gramos de oro, desde hace un año, por dejarlo extraer el preciado metal?Romero, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin) entre el 2003 y el 2011, ha declarado en los últimos días que solo posee cuatro concesiones mineras en Tambopata (Talibán, Talibán I, Sol de Mayo y Playa Nuevo Horizonte, que suman más de 2.000 hectáreas) y que se apartó del negocio de la minería desde que fue elegido en el cargo en abril pasado. Afirmaciones falsas. El Comercio descubrió que el congresista controla, además, a través de terceros, otras 10 concesiones (de una extensión total de 4.500 hectáreas) y de esta forma oculta los verdaderos ingresos que percibe por la extracción y venta de oro.
Una de las concesiones es El Paisano, de 1.000 hectáreas en Tambopata. En esta zona, el 23 de marzo pasado, personal de la Dirección Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos del Gobierno Regional de Madre de Dios intervino a cinco mineros ilegales que trabajan en ese predio. Ellos dijeron que trabajaban como ‘invitados’ (una especie de inquilinos) y que le entregaban unos 30 gramos de oro por semana a Romero, que entonces postulaba al Congreso, para que los dejara operar. Los inspectores se sorprendieron al verificar que la titular de la concesión era una desconocida mujer: Esther Pacamia Limpias (53).
El legislador –denunciado hace pocos días por la Fiscalía Penal de Madre de Dios por delitos ambientales– aprovechó esta situación para decir ante la prensa: “Yo no soy titular de la concesión El Paisano y nunca lo fui”. Sin embargo, documentos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) confirman que Romero fue el primer titular de dicha concesión desde 1996 hasta que transfirió el derecho minero en el 2003, el mismo que luego acabó en poder de Esther Pacamia.
Lo que hasta ahora no se conocía era que, el 2005, esta mujer nacida en Tambopata le cedió el mandato y poder de dicha concesión al hoy congresista para que “alquile, done, hipoteque y realice cualquier acto de disposición sobre El Paisano, así como trabajos de exploración y explotación”, según documentación a la que se accedió.
De esta forma, se confirmó la versión de los cinco mineros sobre el pago de 30 gramos de oro a la semana a Romero, titular en las sombras de El Paisano. Peor aun, esta concesión no cuenta con certificado ambiental, por lo que están prohibidas las actividades de explotación aurífera en la zona. Este solo es uno de los 10 casos que revelan el presunto accionar ilícito del recientemente retirado miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
Fuentes que conocen al ex presidente de la Fedemin revelaron que otras dos personas de su confianza son Nolberto Vargas Quispe (53), pareja de Esther Pacamia, y la hija de ambos Shella Vargas Pacamia (25), una familia de escasos recursos económicos. Nolberto Vargas tiene dos concesiones, Mineros Unidos y Gran Chimú (de 900 hectáreas en total), mientras que su hija Shella Vargas es titular de otros cuatro derechos mineros: El Paisano I, Albania, Huacamayo y Tres de Agosto I (que suman 800 hectáreas).
El primero de ellos, al igual que su pareja Esther Pacamia, le cedió el poder y mandato de sus dos concesiones a Romero en el 2007 (una de ellas, Gran Chimú, fue suya hasta que la transfirió hace algunos años). En el caso de Shella Vargas, sus títulos mineros sobre las amplias extensiones de terreno registran la misma dirección de la casa del congresista: Av. Andrés Avelino Cáceres-km 3,5, Tambopata, casa que también consignan sus padres en sus expedientes en el Minem. Las fuentes indicaron que otra persona allegada a Romero es Yeny Valdivia Aguilera (39), quien sería su pareja.
Esta mujer –con la que Romero comparte la titularidad de su casa en Madre de Dios y de la empresa Inmobiliaria Inambari SAC, creada el año pasado para actividades de corretaje, compra venta de bienes inmuebles y alquiler de maquinaria pesada– es dueña de la concesión Tres de Agosto de 900 hectáreas. El parlamentario, de esta forma, se oculta detrás de terceras personas para controlar las concesiones y la obtención del oro (a través de ‘invitados’ que depredan la selva de Tambopata).
Pagó concesiones "ajenas"
El hecho que confirma el control de Romero sobre las concesiones citadas ocurrió el 14 de junio último, cuando este, ya siendo congresista, acreditó –según documentos del Minem– el pago del derecho de vigencia de las concesiones a nombre de Yeny Valdivia, Nolberto Vargas y Shella Vargas.
Ese mismo día, además de acreditar el pago por las concesiones a su nombre, también hizo lo propio con el título minero de Edilberto Aguirre Alfaro (39 años, natural del distrito liberteño de Huaranchal, al igual que Romero), quien tiene a su nombre la concesión Sol de Mayo I de 800 hectáreas, predio que años atrás estuvo en poder del legislador hasta que lo transfirió. Aguirre, residente en Tambopata, también registra la misma dirección fiscal de su controvertido paisano.
Otro título controlado por el congresista es el correspondiente al predio Coco Jairo I de 169 hectáreas, que se encuentra a nombre de Constante Rodríguez López (61). Sin embargo, el año pasado este último le cedió el mandato y poder de la concesión a Romero para que lo represente en cualquier trámite. De esta forma, el hombre que se inició en Madre de Dios como maderero y que luego pasó al negoció aurífero hoy tiene bajo su tutela casi 7.000 hectáreas en Tambopata, en las cuales se produce oro de forma ilícita. Sobran los motivos para que la Unidad de Inteligencia Financiera, las fiscalías de Crimen Organizado y la Procuraduría que ve casos de lavado de dinero tengan en la mira sus empresas y negocios.
LOS DOMINIOS DEL “COMEORO”
- 6.758 hectáreas en total tiene bajo su tutela el congresista Amado Romero, ya sea a su nombre o a través de terceras personas.
Fuente : Voz de Alerta
Señaló que se estará frente a un centro interinstitucional de lucha contra el crimen, en el que trabajarán de la mano el Gobierno Central, el gobierno regional, la Policía Nacional e instituciones vinculadas con el tema.
