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martes, 12 de julio de 2011

COMUNICADO: CNDDHH sobre reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al interior de Reservas

Comunicado de la CNDDHH sobre propuesta de Reglamento
Indepa promueve vulneración de los derechos de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial mediante propuesta de reglamento
El Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones de la sociedad civil, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra gran preocupación y disconformidad con la propuesta del “Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado” porque promueve la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en estado de aislamiento y contacto inicial, en virtud de lo siguiente:
1. Los Pueblos Indígenas Aislados o en situación de Contacto Inicial son pueblos indígenas amazónicos que han decidido mantenerse aislados de la sociedad peruana, o en su defecto, recién se encuentran estableciendo sus primeras relaciones con el resto de la sociedad. Su subsistencia depende íntegramente de su territorio y son considerablemente vulnerables al contacto con gente extraña. Estos pueblos corren el riesgo de contagiarse de enfermedades y epidemias que pueden ser controladas por nosotros pero que para ellos pueden resultar mortales.
Estos pueblos se movilizan en determinadas zonas de nuestra Amazonía. En ese sentido, el Estado ha creado Reservas Territoriales para su adecuada protección y la del medio que les sirve para subsistir. Hasta el momento, existen cinco reservas territoriales para pueblos en aislamiento: Kugapakori-Nahua, Madre de Dios, Mashco Piro, Murunahua e Isconahua y existen cinco solicitudes para los pueblos: Cacataibo (Sur y Norte), Kapanawa, Yavarí – Tapiche, Yavarí- Mirim y Napo Tigre.
2. La Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley 28736) establece en su artículo 5 el carácter intangible de las reservas territoriales pero, al mismo tiempo permite las operaciones de las industrias extractivas en sus territorios, incurriendo en una contradicción aún no resuelta, y que ha sido observada por las organizaciones indígenas. Ahora, el Reglamento propuesto agrava e incide en esta misma contradicción, pasando por alto el hecho que la conservación del medio ambiente es vital para las personas indígenas aisladas y que su supervivencia depende fundamentalmente de los recursos del bosque y del goce de su buena salud.
Esta contradicción ocurre a pesar que la intangibilidad de las Reservas Territoriales e Indígenas responden al deber del Estado de garantizar del derecho fundamental a la vida de los pueblos indígenas aislados, razón por la cual nosotros también consideramos que estas Reservas deben tener el carácter de intangibles.
3. Esta Ley y Reglamento propuesto promueven actividades que afectarán los derechos reconocidos en la Constitución Política y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), tales como el derecho a la vida, a la salud, a la identidad cultural, a las tierras, al territorio y a la libre determinación que gozan los pueblos indígenas en general, pero especialmente los pueblos indígenas aislados y en situación de contacto inicial. Así, el Gobierno incumple su obligación de ser el garante de la protección y promoción de estos derechos.
4. Destacamos que el derecho a la vida es fundamental porque de su salvaguarda depende la plena realización y vigencia de los demás derechos humanos y en ese sentido, no podemos admitir acciones que promuevan su vulneración. La mencionada ley y el reglamento propuesto, al no garantizar la intangibilidad de las Reservas –condición para preservar el derecho a la vida de estas poblaciones altamente vulnerables-, son medidas contrarias a este derecho, derivando así en normas inconstitucionales.
5. La aprobación del Reglamento propuesto por el Indepa contraviene además del Principio Pro Homine, el Principio Precautorio que se aplica para evitar daños ambientales directos e indirectos, tales como los que se encuentran vinculados a la vida y a la salud. Así, en aplicación de estos principios, no debería permitirse el desarrollo de actividades extractivas dentro de las Reservas Territoriales e Indígenas ni en las zonas propuestas para la creación de estas Reservas.
6. Lamentamos que el Indepa, en vez de promover y garantizar la protección irrestricta de los derechos de los pueblos indígenas aislados, promueva la aprobación del Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado toda vez que los daños a la vida y a la salud que se podrían generar serán irreversibles e irreparables.
7. Asimismo, queremos alertar que el reglamento en cuestión se pretende aprobar en un contexto donde el Consorcio Camisea planea expandir sus operaciones sobre la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti. En este sentido, la medida tendría por objeto facilitar las actividades extractivas del Consorcio Camisea sobre dicha reserva poniendo en serio peligro la situación de los pueblos indígenas aislados y en contacto inicial Nahua y Nantis.
8. Finalmente, creemos que la aprobación de este reglamento agravará la conflictividad social con los pueblos indígenas amazónicos debido a que estos pueblos consideran a los pueblos aislados o en situación de contacto inicial como hermanos, por lo que al advertir la posibilidad de su afectación, se sentirán agredidos y rechazarán la aprobación del mencionado reglamento.
Por las razones expuestas, instamos al Ministerio de Cultura y a los funcionarios a cargo del INDEPA a tomar una posición responsable y coherente con el respeto de los derechos humanos y desistir de la intención de aprobar en Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado; y en su lugar, promover la modificación de la Ley 28736 de modo que se garantice la intangibilidad de las Reservas Territoriales e Indígenas que la misma ley establece y también la de las propuestas de estas Reservas hasta que la solicitudes de éstas sean debidamente atendidas.

Lima, 10 de julio, 2011

PERÚ: CNDDHH rechaza norma que perjudicaría a pueblos aislados

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) realizará el miércoles 13 de julio de 2011 a las 11:30 a.m. una conferencia de prensa para denunciar la intención del gobierno de aprobar de forma apresurada un reglamento de actividades que favorecería al consorcio Camisea en perjuicio de los pueblos en aislamiento.
El acto es convocado por el Grupo de Pueblos Indígenas de la CNDDHH, y se realizará en su sede ubicada en la calle Pezet y Monet 2467, Lince.
En la conferencia participarán representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), el Secretario ejecutivo adjunto de la CNDDHH, Miguel Jugo Viera; el antropólogo Alfredo Ugarte, el director del Instituto del Bien Común (IBC) Richard Smith y el congresista electo por Amazonas Eduardo Nayap.
La conferencia informará sobre la propuesta de “Reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado”, promovida por el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos (INDEPA).
La iniciativa estaría a punto de ser promulgada por Juan Ossio, ministro de Cultura, y busca hacer viable nuevas actividades exploratorias y extractivas al interior de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti poniendo en riesgo a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario ubicados en la reserva creada especialmente para protegerlos.
La norma pretende ser aprobada a solo dos semanas del cambio de mando presidencial. Ha sido elaborada por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) por encargo del Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), quién le ha dado su aprobación.
Fuente: SERVINDI

AYACUCHO: Pobladores de provincia de Fajardo anuncian huelga por presencia de minera Southern Peru Cooper en sus territorios

El próximo 20 de julio los pobladores de la provincia de Fajardo, en Ayacucho, iniciarían una huelga indefinida si es que la empresa Southern Perú Cooper Corporation no se retira del distrito de Hualla en donde ha iniciado actividades de exploración minera sin respetar el derecho de consulta previa.
Mañana 13 de julio, los dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Fajardo (Fredipfa) ofrecerán una conferencia de prensa en el local de la Casa del Maestro (Huamanga), a partir de las 10:00 horas, para informar a los medios de comunicación y población en general sobre la medida de protesta.
Rubén Uscata Saccatoma, presidente del Fredipfa, cuestionó que se haya otorgado la concesión para el proyecto Chinchinga, sin tomar en cuenta que se afectará la cabecera de cuenca de los ríos Qenwamayu (Huancapi), Don Juan (Tiquihua), Hualla Mayu y lagunas importantes como Chiwanqocha y Chinchinga, así como riachuelos y manantiales.
El pasado 5 de julio los pobladores de varios distritos efectuaron un paro preventivo de 24 horas y una marcha pacífica al lugar de la concesión. Ese mismo día, acordaron dar una tregua de 15 días para que la empresa se retire del lugar, de lo contrario, iniciarían con otras medidas incluyendo la huelga indefinida a partir del 20 de julio.
Uscata Saccatoma invocó a las autoridades regionales y nacionales a atender sus demandas que conduzcan a una solución pacífica y dialogada.
Son varias las comunidades que se perjudicarían en caso de que prospere el proyecto. En la marcha participaron los pobladores de las comunidades Taca, Tiquihua, Chincheros, Mayopampa, Villa Parccocha, Atahui, Erusco, Quilla, Ayaurcci, San José de Sucre, Pitahua, Circamarca, Llusita, Luren de Ccocha, entre otros.
El proyecto
Chinchinga es un paraje que está ubicado a más de 4000 msnm que abarca los distritos de Hualla, Canaria y Huancapi, en la provincia de Fajardo, Ayacucho. Ahí hay presencia de fierro, cobre, molibdeno y en menor cantidad oro, plata, arsénico, plomo, zinc, entre otros.
La zona está surcada por quebradas cuyas aguas conforman la cuenca secundaria del río Sacsara, afluente del río Cangallo, perteneciente a la cuenca hidrográfica del Amazonas.
Camélidos sudamericanos, zorros, cóndores, gansos y patos salvajes, conforman la fauna silvestre.
Fuente: SERVINDI

PERÚ: ELECTROBRAS se muestra optimista por construcción de hidroeléctricas en el país

El pasado martes, la revista brasileña Valor informó que la firma estatal Electrobras aún se muestra ‘optimista’ sobre el proyecto para la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari. Según el informe, la decisión final estaría en manos del Gobierno peruano a través del presidente electo Ollanta Humala.
“Somos optimistas de que esta decisión sea revisada y un nuevo proceso de licitación se pone en el aire. Ya hay un presidente electo de Perú, y debe ser colocado favorablemente. Entendemos que, de hecho, esto es parte de unos proyectos estratégicos en la región amazónica”, señaló Claudio Magalhaes, superintendente asistente de la coordinación general de la presidencia de Electrobras.
“La Amazonía peruana y la Amazonía brasileña, naturalmente, forman parte de la estrategia integrada para la producción de energía. Así que estamos esperanzados. Esperamos acontecimientos”, añadió Magalhaes.
Cabe destacar que Electrobras, Furnas (ambas estatales) y OAS (privada), forman Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur (Egasur), conformada especialmente para la construcción de la Central Hidroeléctrica Inambari, proyecto enmarcado dentro del Acuerdo Energético Perú – Brasil, firmado por el entonces presidente Lula da Silva y Alan García Pérez.
Según Egasur, el objetivo de la obra es generar 2 mil MW de energía para abastecer al mercado peruano y vender los excedentes a Brasil. La inversión para esta obra es de 4.9 mil millones.
Desde sus inicios, el proyecto ha generado diversos cuestionamientos debido a los impactos ambientales que generaría. Entre los principales efectos figuran: la inundación de más de 100 kilómetros de Carretera Interoceánica, así como 460 km2 de bosque tropical, afectando la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Bahuaja Sonene.
Además, causaría el desplazamiento de cerca de 8 mil personas de diversas comunidades, los cuales ya han mostrado su desacuerdo por dicha medida a través de continuas manifestaciones.
Fuente: Actualidad Ambiental

PUNO: Minera Bear Creek de proyecto Santa Ana interpone acción legal para recuperar concesión minera

La minera canadiense Bear Creek  interpuso un recurso legal para intentar recuperar la concesión de un depósito de plata en el cerro Santa Ana en Puno, revocada recientemente por el Gobierno tras violentas protestas.
Las autoridades cancelaron a fines de junio la concesión del proyecto Santa Ana en manos de Bear Creek, tras prolongadas protestas de manifestantes antimineros que dejaron cinco muertos.
“Pese a las medidas tomadas recientemente por el Gobierno peruano que han forzado a Bear Creek a tomar una acción legal para defender sus derechos (…) la firma considera que aún es posible una solución política”, dijo su presidente ejecutivo, Andrew Swarthout, en un comunicado al regulador local.
El amparo legal, presentado en Perú, se da a pocos días de que el presidente Alan García entregue el poder al nacionalista Ollanta Humala.
La cancelación del proyecto Santa Ana -ubicado en la sureña región de Puno, fronteriza con Bolivia- es la segunda que impacta al sector desde abril, tras protestas sociales que amenazan con frenar más planes vitales para consolidar el auge económico de Perú.
La región de Puno fue en los últimos meses escenario de violentas protestas -con bloqueos de carreteras y quema de vehículos y edificios públicos y privados- en contra del desarrollo de proyectos mineros y energéticos.
El depósito Santa Ana alberga reservas de 63,2 millones de onzas de plata.
Antes de que se desatara la protesta de indígenas aymaras en Puno, Bear Creek tenía previsto desarrollar desde el 2012 ese yacimiento, donde planeaba invertir unos 71 millones de dólares y producir 5 millones de onzas de plata en los primeros seis años
Bear Creek también tiene en la zona norte de Puno el proyecto Corani, que se encuentra en estudio de factibilidad y cuenta con reservas por 258 millones de onzas de plata. (Reuters)
Fuente: El Búho.pe  / Reuters

PERÚ: Inversiones mineras alcanzaron los US$13,784 millones durante este gobierno

Las inversiones mineras alcanzaron los US$13,784 millones durante este gobierno, cifra tres veces mayor a lo logrado en el quinquenio anterior de US$4,400 millones, informó el titular del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra.
“El quinquenio 2006-2011, en términos de inversión, ha sido muy exitoso; comparado con el quinquenio anterior, 2001-2005, las inversiones en el sector se han triplicado”, subrayó. En ese sentido destacó el importante aporte de su sector a la economía del país, que representa el 8% del PBI, el 72% de las exportaciones y el 50% del Impuesto a la Renta.
Explicó que hay inversiones por US$5,000 millones para los próximos cinco años en ampliaciones de producción, y otros US$16,000 millones en proyectos de inversión con sus estudios de impacto ambiental aprobados, próximos a construirse. Agregó que se cuenta con US$42,000 millones de inversión en diversos proyectos, importantes como Toromocho, y Las Bambas, que garantizan triplicar la producción de cobre en el país al 2016, y consolidarse como el segundo mayor productor de cobre en el mundo.
Fuente: Semana Económica

PERÚ: ¿Quién se responsabiliza de los pasivos ambientales en el país?

Según el analista en temas mineros José De Echave, desde que se comenzó a trabajar los inventarios Pasivos Ambientales Mineros (PAM) a nivel nacional, la información se ha ido ajustando en las diferentes regiones. Un trabajo más riguroso por parte del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha permitido la identificación de nuevos PAM, su ubicación, tipo y responsables, lo que explica el notable incremento entre cada inventario realizado. Lo cierto es que en la actualidad se cuenta con una base más confiable que refleja lo que realmente ocurre en el territorio nacional a nivel de PAM. Sin embargo, todavía falta mucho trecho por recorrer para un abordaje que permita identificar soluciones definitivas.
Según el último inventario de pasivos ambientales mineros, actualizado por el MINEM en marzo de 2010, se registra 5551 PAM a nivel nacional. Causa preocupación que sólo en el 16.95% (941) de los pasivos se identifique responsables del daño ambiental. ¿Quién se responsabiliza por los 4610 pasivos ambientales que no tienen dueño? ¿Cómo serán remediados?
El avance en la identificación de los PAM ha provocado cambios en la ubicación de las regiones. El año 2006 en la región Ancash se ubicaba la mayor cantidad de PAMs. Actualmente es la región Cajamarca la que se encuentra en el primer lugar con 976 pasivos ambientales mineros. Cabe señalar que falta trabajar y actualizar información detallada sobre el número de pobladores afectados por los pasivos.
La ausencia de datos sobre la prioridad de atención de cada uno de los PAM registrados impide conocer el nivel de riesgo para la salud que enfrentan las poblaciones vecinas, lo que consideramos constituye un impedimento para el diseño de una política de salud ambiental a nivel nacional.
El caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) es particularmente preocupante. Las ANP son espacios establecidos por el Estado con la finalidad de proteger la diversidad biológica, cultural y bellezas paisajísticas. Para determinar las actividades permitidas dentro de ellas, se establece categorías de uso, por lo tanto el aprovechamiento de los recursos naturales sólo puede ser autorizado si resulta compatible con la categoría de la misma. En el Perú existen ANP que tienen PAM localizados tanto en los núcleos como en las zonas de amortiguamiento. Por ejemplo en el Parque Nacional Huascarán existen 134 pasivos ambientales mineros que se localizan entre el núcleo y en la zona de amortiguamiento.
Se necesita realizar estudios complementarios que permitan determinar el tratamiento especial que se le debe dar a los PAM ubicados en zonas protegidas, para asegurar la conservación de estas áreas considerando criterios ecológicos, sociales y culturales.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2003, 2006 y 2010
Comentarista CNR: José De Echave de CooperAcción
Fuente: CNR

COMUNICADO: Aidesep denuncia que INDEP y Ministerio de Cultura promueve norma contra pueblos autónomos

El CDN de la AIDESEP, en pronunciamiento a la opinión pública nacional e internacional, denunció que el INDEPA y el ministerio de Cultura están promoviendo la aprobación del reglamento de Supervisión de Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior de las Reservas Territoriales e Indígenas del Estado; con el objetivo de beneficiar al proyecto Camisea y atentar contra nuestros hermanos autónomos.  
La organización indígena amazónica indicó que esta pretensión busca viabilizar nuevas actividades exploratorias al interior de la Reserva Territorial Nahua Kugapakori y Nanti y que el mismo Estado peruano tiene la intención de incumplir lo establecido en el D. Supremo 028-2003-AG y que, en su artículo 3, prohíbe expresamente el establecimiento de asentamientos humanos diferentes a los de los hermanos indígenas.
Ante estos hechos, la AIDESEP deja en claro que la ley no puede afectar o promover la afectación de los derechos humanos de los hermanos indígenas autónomos (en aislamiento voluntario) que están reconocidos en la Constitución Política, tales como el derecho a la vida, salud, identidad cultural, territorio y a la autodeterminación
Fuente: AIDESEP
Pronunciamiento AIDESEP

Defensoría del Pueblo advirtió de las deficiencias en la protección de pueblos autónomos

La Defensoría del Pueblo dio cuenta de los resultados de la supervisión efectuada a la gestión del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (Indepa), y concluyó que las Reservas Territoriales –constituidas por el Estado con el fin de garantizar la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial– no están siendo protegidas de manera efectiva.
Al respecto, Iván Lanegra, Adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, explicó que “la falta de capacidad técnica, presupuestal y logística del Indepa, así como los continuos cambios y procesos de reorganización, han debilitado dicha institución y están influyendo en forma deficiente en la implementación de los mecanismos de protección”.
Señaló, además, que “durante los últimos tres años, la Comisión Multisectorial para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial del Poder Ejecutivo no ha cumplido con adecuar las reservas territoriales Isconahua, Murunahua, Mashco Piro de Madre de Dios, Mashco Piro de Ucayali y Kugapakori, Nahua, Nanti u otros, en  la categoría de reserva indígena”.
Por su parte, Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas, indicó que “durante los últimos cinco años, el Poder Ejecutivo no ha logrado establecer medidas normativas y administrativas que busquen evitar los impactos negativos de las actividades extractivas en la vida, integridad y territorio de los pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento y en contacto inicial”.
Asimismo, recomendó que cualquier norma o decisión administrativa que se prevea adoptar en el Ministerio de Cultura y que pudiese afectar a los pueblos indígenas, cumpla con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La transparencia y los mecanismos de participación y consulta son fundamentales para asegurar la prioridad del interés general y la protección de los derechos fundamentales.
Abanto expresó su preocupación respecto de las actividades de tala ilegal en las reservas territoriales Murunahua, Isconahua y Madre de Dios, que no han merecido una intervención sostenida y efectiva por parte del Ministerio Público, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura.
“Los derechos a la vida, salud e integridad de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial deben ser una prioridad del próximo gobierno por tratarse de un derecho constitucional que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, asegurar y promover”, finalizó la representante de la Defensoría del Pueblo.
Fuente: AIDESEP

PERÚ: Organizaciones indígenas desarrollaron la primera agenda para la defensa de sus territorios

 Luego de dos días de intercambio de experiencias y reflexiones en el Foro “Pueblos Indígenas en Defensa de la Amazonía” realizado en la ciudad de Iquitos, surgió la primera “Agenda Común de los Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios”, documento que tiene como objetivo unificar los procesos y luchas de las organizaciones de la región que padecen en sus comunidades las terribles consecuencias de la actividad petrolera. 
 “Nuestra agenda expresa un conjunto de derechos y de reivindicaciones que han sido predominantemente negados e invisibilizados por el Estado, el sector privado y el conjunto de la sociedad” señala el documento avalado por organizaciones como ORKIWAN, OISPE, AIDECOS, FECONABAT, MATSES, FECONAT, ACODECOSPAT y FEDIQUEP.
Ocho son los puntos que integran esta importante agenda, entre los que destacan: “Reconocimiento, respeto y vigencia del derecho a la integralidad de los territorios de los pueblos indígenas”; “Compromiso de las ONGs en el cuidado del territorio”; “No queremos nuevas concesiones extractivas ni de proyectos energéticos sobre nuestras territorios”; entre otros.
En el Foro, además, se abordó de manera especial sobre los efectos que originan las nuevas actividades de exploración en el Lote 122 por la empresa Gran Tierra Energy Inc. Sucursal Perú. El Lote 122 comprende parte de las cuencas de los ríos Momón, Mazán, Itaya, Napo y Nanay que desembocan en el río Amazonas. Todas estas cuencas conforman el gran cinturón fluvial que rodea a Iquitos, por lo que las actividades en esta zona afectarían directamente a la capital loretana. 
Ante la realidad actual y los nuevos procesos que se avecinan, la nueva agenda común indígena elaborada, da muestra de una nueva fase en los procesos lucha indígena regional contra los daños ambientales, culturales y de salud ocasionados por la presencia de empresas petroleras en sus territorios.
Con esta nueva agenda, los procesos de lucha de comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Tigre Marañón, Napo, Nanay, Urarina, Putumayo y Yaquerana, pueden encontrar un  eje de dirección y una plataforma común, así como un espacio de unidad y coordinación que fortalece la lucha de los pueblos indígenas en Loreto.
Fuente: AIDESEP

EVENTO: Hoy en universidad San Marcos se discute sobre agresiones ambientales de la minera Afrodita

Hoy 12 de julio, desde las 3 p.m., la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos – UNMSM realizará el evento Estado, minería y pueblos indígenas y contará con la participación del Apu Zebelio Kayap Jempekit, presidente de la Organización para el Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa – ODECOFROC, base regional de la AIDESEP.
Asimismo, participarán Fabiola Yeckting, antropóloga y el docente universitario Roberto Arroyo.
Este evento ha sido denominado “Los Engaños de Afrodita: Estado, Minería y Pueblos Indígenas” y buscará la reflexión sobre el accionar de la minera Afrodita, titular de siete concesiones en el área recortada al Parque Nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, zona que es considerado por los pueblos Awajún – Wampis como un lugar sagrado.
Esta reunión expondrá la acción de la minera Afrodita en territorio de los pueblos del Cenepa durante estos largos años y quienes, a través de sus conexiones con el gobierno aprista, han podido continuar con su trabajo en la zona a pesar que el año pasado el ministerio de Energía y Minas suspendió sus actividades de exploración en dicha zona.
Sin embargo, las denuncias de ODECOFROC han continuado agregando situaciones tan disímiles como la participación del Ejército como empresa de seguridad privada de la minera para protegerla.
Fuente: AIDESEP

PERÚ: Para Aidesep norma recientemente aprobada facilita la exploración minera en reserva

La organización indígena Aidesep denunció que la aprobación del Reglamento de Supervisión de las Actividades Exploratorias y Extractivas al Interior  de las Reservas Territoriales e Indígenas esconde la intención de facilitar nuevas actividades exploratorias y extractivas en la reserva Nahua Kugapakori y Nanti.
Señala también que este reglamento propuesto por Indepa y promovido por el gobierno pondrá en riesgo la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento que viven en esta reserva, además de incumplir el DS 028-2003-AG y el compromiso socioambiental que asumió el Estado con el Banco Interamericano de Desarrollo.
La Defensoría del Pueblo se pronunció a favor del respecto a los pueblos en aislamiento.
Fuente: Diario La República

MADRE DE DIOS: Todos los funcionarios públicos de la región estaban implicados en minería informal

La fiebre del oro ha traído un alto costo para el medio ambiente en el Perú, destaca un reciente artículo de Los Angeles Times.
 El periódico norteamericano remarca las declaraciones del ministro del Ambiente, Antonio Brack, tras el operativo que se realizó meses atrás contra la minería informal en Madre de Dios.
"Encontramos que casi todos los funcionarios públicos en Puerto Maldonado estaban implicados. En el 2010, el director regional de Minería tenía una empresa minera. Su número dos tenía otra. Su esposa tenía otra. Su hermana tenía otra (al igual que) la hermana de su número dos. ¿Cree que alguien iba a regular algo?", declaró Brack a Los Angeles Times.
Para Pavel Cartagena, activista ambiental en la zona, el operativo del gobierno en Madre de Dios no tuvo prácticamente resultados. "Se movilizaron contra un pequeño porcentaje de las dragas que no son necesariamente las que más perjudican al medio ambiente", comentó.
Miguel Herrera, emprendedor minero, dijo que se necesita un mínimo de 50 gramos de oro para ser invitado a un campamento.
Fuente: Diario Gestión

PERÚ: Defensoría pide ordenamiento territorial para evitar conflictos sociales

El adjunto de la Defensoría del Pueblo en Medio Ambiente y Pueblos Indígenas, Iván Lanegra, propuso que el Estado promueva un ordenamiento territorial para definir áreas para uso agrícola, ganadero, pesquero con la finalidad de evitar conflictos sociales.

 “Así no se producirían controversias en el ejercicio de los derechos de los pueblos aledaños”, manifestó el funcionario.

Explicó que este ordenamiento permitiría un equilibrio entre la inversión privada y los derechos de la población, que ha sido la causa de la mayoría de conflictos sociales.

Agregó que es necesaria una normativa elaborada por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, que pertenece a la PCM.

Lanegra añadió que podría complementarse con la aprobación de la Ley de Consulta Previa y con lacapacitación a las autoridades.
“Una política de ordenamiento territorial es básica para que esas actividades puedan desarrollarse de manera compatible entre su uso y el entorno”.
Fuente: Diario La República

PERÚ: 103 muertos han dejado los conflictos sociales en los últimos años según OXFAM

A 20 días de concluir el gobierno de Alan García, el incumplimiento de la ley De Consulta Previa y la inacción del Estado para resolver a tiempo los conflictos sociales en el Perú han generado la cruda cifra de 103 muertos por reclamos justos de la población.
El informe “El derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas” presentado ayer por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Oxfam, dio a conocer que la actividad extractiva de los recursos naturales ha triplicado el número de conflictos sociales, pasando de 88 a 234 conflictos sociales en el interior del país. El 70 % de este tipo de controversias son de carácter socio-ambientales, según estadísticas de la propia Defensoría del Pueblo.
Para el coordinador Regional del Programa de industrias extractivas de OXFAM América, Javier Aroca, la ausencia de diálogo y de voluntad política ha permitido casos lamentables como Tía María, Río Blanco (Ex Majaz), Bagua, entre otros, en donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes.
“El Estado sigue haciendo caso omiso al cumplimiento del Convenio 169, que está vigente desde 1995, en el que claramente se contempla la ley de consulta previa a las comunidades que viven en el terreno, del cual es materia de la actividad extractiva”, mencionó Aroca. Según el representante de OXFAM, esta situación refleja el mal manejo de los recursos naturales y un modelo de gobierno alejado de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas. “Hoy en día, la política gubernamental está enfocada al fomento intensivo de inversiones privadas, se dan concesiones sin consultas previas para la construcción de grandes obras de infraestructura y la explotación minera, maderera y de Hidrocarburos, en las zonas donde se encuentran la mayoría de la población indígena y campesina”, criticó.
Por su parte, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, recalcó la importancia de la ley de consulta previa, como un nuevo elemento de la democracia participativa. “El derecho internacional recoge esta herramienta de consulta. Y esta debe darse incluso antes del diseño del proyecto de la empresa”, indicó.
Gamboa cuestionó la actual gestión del presidente García, por la cual no contempla la participación de las comunidades afectadas y, como consecuencia, deja a las empresas manejarse libremente. “En muchas oportunidades, la empresa extractiva hace su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencia de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto”, enfatizó.
Propuso al próximo gobierno solucionar los conflictos sociales, creando un registro de las juntas directivas de todas las comunidades del país. “De esta manera, cuando una minera quiera invertir en un proyecto extractivo, deberá ver en dicho registro las comunidades que pertenecen al territorio materia de inversión e inmediatamente consultar y diseñar el proyecto junto a ellos”, finalizó.
Fuente: Diario La Primera

PERÚ: Inversiones en minería se triplicaron en últimos cinco años

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Pedro Sánchez Gamarra, señaló anoche que las inversiones mineras alcanzaron los 13 mil 784 millones de dólares durante el presente gobierno, cifra tres veces mayor a lo logrado en el quinquenio anterior de 4 mil 400 millones de dólares.
"El quinquenio 2006-2011, en términos de inversión ha sido muy exitoso, comparado con el quinquenio anterior, 2001-2005, las inversiones en el sector se han triplicado", subrayó. En ese sentido destacó el importante aporte de su sector a la economía del país, que representa el 8 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), el 72 por ciento de las exportaciones y el 50 por ciento del Impuesto a la Renta.
"En consecuencia es el sector que nos provee los recursos para que otros sectores puedan brindar infraestructura y servicios públicos en la República", dijo en TV Perú
El titular del MEM, señaló que hay inversiones por 5 mil millones de dólares para los próximos 5 años en ampliaciones de producción, y otros 16 mil millones de dólares en proyectos de inversión con sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) aprobados, próximos a construirse.
También señaló que existen 42 mil millones de dólares de inversión en diversos proyectos, importantes como Toromocho, y Las Bambas, que garantizan triplicar la producción de cobre en el país al 2016, y consolidarse como el segundo mayor productor de cobre en el mundo.
Precisó que los proyectos por 42 mil millones de dólares tienen estándares de tratamientos ambientales muy altos, con una responsabilidad ambiental, social y corporativa de primer nivel.
Fuente: Correo

PERÚ: En junio se dieron 217 conflictos sociales de los cuales 54% son socioambientales según Defensoría

Fuente: Informe mes de junio Defensoría del Pueblo

PERÚ: Alerta temprana de conflicto según Defensoría del Pueblo


Fuente: Defensoría del Pueblo

PERÚ: Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo mes de junio (resumen)