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miércoles, 21 de diciembre de 2011

PUNO : Exigen ampliación de decreto de urgencia 028 contra minería ilegal


El presidente de la república Ollanta Humala tiene que disponer la ampliación y la modificación del decreto de urgencia 028 porque tiene muchos vacíos legales, lo que no permite intervenir a los mineros informales de las cuencas Ramis y Suches, señaló el representante de los afectados por la contaminación de la cuenca Ramis, Vladimir Mamani Cruz.
Indicó que el presidente regional de Puno, Mauricio Rodríguez, viajó a la ciudad de Lima con la finalidad de gestionar una audiencia con el jefe de Estado y se pueda modificar el decreto de urgencia 028.
Asimismo señaló que en esa norma no se consideró la intervención a las maquinarias pesadas como retroexcavadoras, cargadores frontales, volquetes y cisternas.
Agregó que esta temporada de lluvia en las riberas de la cuenca Ramis la explotación de la minería ilegal se viene incrementando porque no hay una mano dura por parte del gobierno regional ni del gobierno central.


Fuente : Pachamama

AYACUCHO : Comunidad de Raccaya suspende paro del 21,22 y 23 de diciembre contra Empresa Minera


El conflicto minero entre la Comunidad de Raccaya y la empresa minera Catalina Huanca generó incomodidad en los mineros quienes decidieron tomar una medida de fuerza los días 21,22 y 23 de diciembre debido al poco interés que tendría la empresa para solucionar problemas de aparente contaminación del agua, el aire, la agricultura y el daño a la salud de los pobladores.

Por este motivo, el presidente regional Wilfredo Oscorima Nuñez llegó hasta el centro poblado menor de Raccaya donde escuchó en una reunión la preocupación de los pobladores respecto al daño ocasionado a sus terrenos comunales y al maltrato que recibirían por parte de la Empresa Minera.

En esta reunión, la autoridad regional se comprometió a intervenir como mediador entre la Empresa y la comunidad de Raccaya, ofreciendo, en primer lugar, mejorar los servicios de salud e infraestructura educativa que no son atendidos por la empresa minera, así como la adquisición de 5 volquetes y una retroexcavadora para el beneficio de la comunidad.

Oscorima Núñez solicitó a los pobladores y autoridades de Raccaya agotar el diálogo con la Empresa Minera antes de tomar algún tipo de medida de fuerza. Por su parte, comuneros solicitaron un tiempo prudencial para que la empresa minera se interese en el dialogo, de lo contrario, continuarían con su medida de fuerza.

REUBICACIÓN DE RACCAYA
Por otro lado, los pobladores de Raccaya solicitaron la reubicación de su poblado hacia una zona alejada de la mina donde no lleguen los gases y olores nocivos que afectan la salud de los niños y de los ancianos.


Fuente : La Voz de Huamanga

PERU : Gobierno invitará a sectores representativos de Cajamarca a reunión del 27 de diciembre


El Gobierno cursará desde mañana las invitaciones a las autoridades elegidas legítimamente y a las organizaciones más representativas de Cajamarca a la reunión, el 27 de diciembre en Lima, para tratar el peritaje al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Conga.
El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, informó que la invitación será cursada al gobierno regional, a los alcaldes provinciales y distritales, así como a colegios profesionales, cámara de comercio, organizaciones de ronderos, entre otros.
“Haciendo respetar el principio de autoridad y defendiendo la democracia representativa vamos a hablar con los representantes elegidos por el pueblo; tenemos a alcaldes provinciales, distritales, el presidente regional; a todos ellos los vamos a invitar”, precisó en conferencia de prensa al término del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno.
En ese marco, mencionó que el dirigente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra, no será invitado a la reunión debido a que no es una autoridad elegida ni representativa de la región norandina.
La reunión del 27 de diciembre –en la que se discutiría el peritaje- fue uno de los puntos del acuerdo entre el gobierno con las autoridades de Cajamarca, el último lunes, pero que finalmente no pudo firmarse debido a la oposición a último momento del presidente regional, Rafael Santos.
Asimismo, Valdés consideró necesario que el diálogo durante esa reunión sea netamente técnico, debido a la necesidad de la población de Cajamarca de despejar las dudas respecto al proyecto Conga y el tema de las reservas de agua de la zona.
“En este diálogo que iniciará el gobierno sobre el peritaje internacional debe estar por ambas partes lo más representativo y debe ser un diálogo netamente técnico porque la población quiere que le absuelvan sus dudas y eso es lo que el Estado hará”, añadió.
Teniendo en cuenta esa urgencia, confirmó que el Estado correrá con los gastos del citado peritaje y garantizó que su ejecución estará a cargo de profesionales expertos en estudios de impacto ambiental en todo el mundo.
Por otro lado, Valdés dijo que el Ejecutivo aún está estudiando la ley que penaliza la difusión de video o audios grabados subrepticiamente por lo que todavía no se emitirá un pronunciamiento.
Consultado por los periodistas, añadió que hasta el momento no ha llegado una solicitud formal para indultar al expresidente Alberto Fujimori, condendo por violación a los derechos humanos y corrupción.
Finalmente, Valdés rechazó las declaraciones del exministro de Defensa, Daniel Mora, quien responsabilizó al Ministerio de Economía por la supuesta demora en solucionar el problema de los sueldos y remuneraciones en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
“Respeto su opinión, pero no la comparto porque aquí no hubo demora de parte del MEF, por el contrario, hay una actitud proactiva para buscar la mejor solución al problema de los salarios en las Fuerzas Armadas”, concluyó.


Fuente : Andina

PERU : Minería formal e informal es fuente de protestas en Apurímac y Puno


En el reporte de la Defensoría, Puno mantiene el liderazgo de región conflictiva (21 en total, entre activos y latentes). Hay dos frentes de rechazo:  contra la minería informal y la formal, ambas acusadas de contaminar el medio ambiente con elementos tóxicos.
Las provincias del norte, dominadas por comunidades quechuas, han emprendido una cruzada para eliminar la minería informal, cuyos relaves van a la cuenca de ríos que alimentan el lago Titicaca.
En cambio, los sectores del sur, mayoritariamente aimaras, rechazan la actividad formal. Por ello el gobierno canceló el proyecto Santa Ana, que pretendía explotar plata en la provincia Chucuito-Juli.
En el primer semestre de  este año  aimaras y quechuas protagonizaron sendas manifestaciones. Los primeros destrozaron y saquearon las principales instituciones públicas y privadas de Puno. Días después vino la reacción quechua en Juliaca. Además de los daños materiales en el aeropuerto Manco Cápac, hubo el saldo mortal de seis muertos.
Tras estos sucesos se instalaron mesas de diálogo e inmediatamente saltaron las denuncias contra los principales dirigentes que encabezaron las protestas, entre ellos el dirigente Walter Aduviri. Obviamente los actuales líderes de las organizaciones sociales critican el avance de la mesa de  diálogo con el gobierno.
En estos días anuncian nuevas reuniones, para evaluar otra vez marchas y movilizaciones en todo el departamento.
Crisis social
Apurímac no se queda atrás. Tiene 10 conflictos también vinculados a la minería, que pretende invertir casi ocho mil millones de dólares en los próximos 5 años. En noviembre, Andahuaylas fue escenario de una crisis debido al rechazo a la actividad formal e informal. Hubo varios episodios violentos. Incluso tres de sus ministros abandonaron las negociaciones advertidos de un presunto secuestro.  La sangre no llegó al río. El arreglo con el Ejecutivo dependerá de que se erradique la informalidad y se defina si la actividad formal contaminará.


Fuente : La República

CUSCO : Actividad de mineras Anabi y Ares divide a chumbivilcanos


La población de la provincia cusqueña de Chumbivilcas ha empezado a dividirse en torno a las actividades que despliega la gran minería en la zona.
Mientras que los comuneros y el alcalde del distrito de Llusco, Jaime Mantilla, alientan la expulsión de las mineras Anabi (en explotación) y Ares (en etapa de exploración) por considerar que “contaminan y contaminarán las cabeceras de los ríos Molino y Santo Tomás”, otras comunidades y autoridades como las del distrito de Quiñota están a favor de la actividad extractiva.
Ayer el alcalde provincial de Chumbivilcas, Florentino Laime, reconoció la existencia de opiniones divididas en torno a Anabi y Ares. Dijo que un buen número de comunidades de Quiñota han sido beneficiadas con el trabajo de explotación de oro, plata y cobre en la mina Anabi.
“Las mineras han dado ambulancias, carreteras, han hecho mejoras en escuelas de Quiñota, pese a que no hay ningún convenio marco. Por eso esas comunidades los apoyan, en cambio otros como Llusco la rechazan. Están divididos en Chumbivilcas”, explicó.
Anunció que convocará a los alcaldes distritales, dirigentes campesinos y representantes de las empresas mineras cuestionadas a una reunión para la segunda quincena de enero del 2012. En ella cada sector “expondrá su posición y buscaremos una salida a través del diálogo. Yo soy partidario de agotar la conversación antes de ir a protestas”, dijo.
Laime agregó que otra salida sería la realización de un referéndum para que la población defina en las urnas si admite o no la actividad minera en la provincia, cuyo territorio ha sido entregado en concesión en más del 90% a la pequeña, mediana y gran minería.


Fuente : La República


CUSCO : Exhortan al gobierno a no apelar el fallo del Poder Judicial sobre el Lote 88


Así lo hicieron el congresista nacionalista Rimarachín y Pedro Pacheco, abogado demandante de los decretos en representación de Mario Hanco.
Sería un contrasentido que el gobierno apele el fallo del Poder Judicial que anula los decretos supremos que permitieron las modificaciones al contrato del Lote 88 de Camisea y que abrieron la posibilidad de exportar su gas, señaló el congresista nacionalista Jorge Rimarachín.
"Nosotros esperamos que el Ejecutivo no apele esta sentencia. Existe la necesidad de recuperar los lotes 88 y 56 de Camisea para todos los peruanos. Ahora el camino está allanado gracias al Poder Judicial y al demandante (Mario Hanco). Hoy estamos en un gobierno nacionalista que ha empeñado su palabra en recuperar el gas de Camisea para todos los peruanos", dijo el legislador.
En efecto, el fallo deja sin efecto los decretos supremos 0050-2005-EM y 006-2006-EM, con lo cual se anulan los cambios al contrato del Lote 88 y, de ese modo, el contrato del citado lote regresa a su condición inicial en la que se destinaba las reservas de gas exclusivamente al mercado interno.
En tanto, el abogado Pedro Pacheco, quien llevó la causa en representación del demandante Mario Hanco, exhortó al procurador público especializado en materia constitucional  del Ministerio de Justicia Luis Alberto Huertas a no impugnar el fallo judicial.
"Nosotros creemos que el procurador público especializado en temas constitucionales del Ministerio de Justicia no debe impugnar los alcances de la sentencia porque esta se encuentra de acuerdo a ley. Sería un escándalo si la impugna", anotó el abogado demandante.
Como se informó, el Ejecutivo tendrá hasta el lunes para apelar el fallo.
Desde el gobierno se aseguró que apelarán el fallo de la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Lima.
En el trámite legal, Pacheco dijo que en enero, con impugnación o sin impugnación, todo el expediente del caso se elevará a la Sala Constitucional Permanente de la Corte Suprema que preside Elcira Vásquez.
"Esto será en enero y en virtud del artículo 95 del Código Procesal Constitucional", añadió.
Se debe recordar que el Consorcio comprometió 2,5 trillones de pies cúbicos de las reservas del Lote 88 como garantía ante los bancos que financiaron el proyecto exportador. El Consorcio de Camisea y el gobierno mantienen una negociación paralela que se retomará en el primer cuatrimestre del 2012.
Se deben elevar informes determinando responsabilidades
Otra de las consecuencias derivadas de la sentencia es la elaboración de dos informes por parte de Perupetro. El primero debe informar a los cinco miembros del directorio de Perupetro y a su titular, Aurelio Ochoa, si la sentencia se ajusta a ley.
Un segundo informe lo elaborará el Órgano de Control Institucional de Perupetro para el contralor. Este documento debe determinar los alcances de la responsabilidad civil y penal de las personas que aprobaron en el 2006 las modificaciones.


Fuente : La República

PUNO : Impulsan formalización de concesiones mineras


El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció la intensificación del Proyecto “Apoyo a los Gobiernos Regionales en la Formalización de la Minería Artesanal (Apogore)”, el mismo que busca la concientización de los titulares de las concesiones mineras de la región Puno.
Con la formalización de las concesiones de la zona Huajchani, en la cuenca el Río Ramis, se busca lograr que los responsables adquieran responsabilidad social y ambiental, mejorando con esto sus relaciones con la población cercana.
Un equipo de profesionales del ministerio, conformado por un ingeniero proyectista, un arqueólogo y un biólogo, serán los encargados de estas labores en las que se analizará la situación particular de cada zona, así como la existencia de biodiversidad única en la jurisdicción.
Con esto, las autoridades desean minimizar la contaminación de ríos y tierras producto de la minería mal organizada.


Fuente : La República

LA LIBERTAD : Más de 43 mil truchas muertas por presunta contaminación minera


Más de 43 mil truchas aparecieron muertas en la piscigranja de la comunidad de Caranmarca, distrito de Sanagorán, provincia de Sánchez Carrión de la sierra de la región La Libertad, según lo dio a conocer Carlos Sandoval de la Cruz, consejero regional de dicha jurisdicción.
La autoridad regional llegó hasta la zona acompañado de un fiscal, un representante del Ministerio de salud y de la Policía Nacional para constatar lo denunciado por los comuneros, quienes expresaron que las aguas del río Sirsicucho estarían contaminadas con relaves de una mina denominada “Río Alto”.
Además, se tomaron muestras para descartar un envenenamiento; sin embargo, Sandoval de la Cruz, refirió que esta es la segunda vez que se registra este tipo de hechos, ya que en el 2010 murieron 20 mil truchas a consecuencia de una posible contaminación de las aguas.


Fuente : La Primera

Perú: Balance de la implementación del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas


El presente análisis toma en cuenta lo ocurrido desde julio del 2011, fecha especial no sólo porque se produjo un cambio de gobierno, sino porque se efectuó una serie de anuncios en el sentido que se establecería una manera de distinta de relacionarse, desde el Estado y hacia las comunidades y pueblos indígenas.
De este modo, luego de la promulgación de la Ley de Consulta Previa (Ley Nº 29785) a inicios de setiembre muchas voces saludaron esta medida, identificándose un amplio consenso sobre una norma que sólo meses antes no había podido ser aprobada por el gobierno anterior (1). Parte de este entusiasmo provenía de opiniones que señalaban la necesidad de elaborar un reglamento adecuado que desarrollase lo señalado en la Ley y que crease las condiciones para su implementación por los diversos sectores que tendrían que llevar a cabo los procesos de consulta, para lo cual resultaba fundamental el diseño y concreción de una adecuada institucionalidad estatal.
Precisamente, sobre esto último, uno de los temas que sigue presentándose como desafío ineludible para desarrollar la consulta previa es la institucionalidad estatal encargada de conducir este proceso. Al respecto, la Ley de Consulta Previa (LCP) ha señalado en sus artículos 19 y 20 cuáles serán las funciones del órgano técnico especializado en materia indígena del Ejecutivo, precisándose en la Primera Disposición Complementaria Final que quien asumirá esta labor será el Viceministerio de Interculturalidad.
Sin embargo, en los meses transcurridos se ha producido una serie de idas y vueltas en este tema, que dieron la impresión de un rumbo errático de parte de los sectores estatales encargados de la implementación de la LCP, lo que a nuestro modo de ver podría terminar debilitando el propósito de corregir los desaciertos de gobiernos pasados en su forma de interactuar con los pueblos y comunidades indígenas.
No sólo se trata de determinar el rumbo a seguir respecto a la Unidad Ejecutora 1368 MC – Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA), sino, especialmente, del Viceministerio de Interculturalidad, aclarando el papel de esta entidad estatal del cual se esperaría (a estas alturas) posiciones más incluyentes y transparentes, pero sobre todo, una decidida voluntad política de replantear la forma cómo el Estado se ha venido relacionando con los pueblos y comunidades indígenas; aspecto planteado, por lo general, de manera asimilacionista y etnocéntrica al menos en las últimas décadas.
“Lo realizado hasta la fecha ha sido inocuo y sin la mayor trascendencia, generándose más bien una confusión de los planos de actuación de los órganos y entidades respectivas, creándose erróneas expectativas en las organizaciones nacionales indígenas que legítimamente esperarían obtener satisfacciones de sus derechos históricamente relegados”
Un tema que ayudaría sería proponer una reforma legal al más alto nivel, lo que pasaría por el Congreso de la República, para constituir una Comisión Multisectorial (acorde con el artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) que institucionalice un diálogo permanente con las organizaciones nacionales representativas de los pueblos andinos y amazónicos. Adicionalmente, debería debatirse y decidirse si se otorga a la Unidad Ejecutora INDEPA el estatus de organismo técnico especializado o si se apuesta a la creación de un nuevo órgano que tendría el mismo nivel, pero con una nueva configuración política y una mejor credibilidad por ser novedoso.
Por lo tanto, creemos que debiera definirse al interior del Ejecutivo cómo se asume este cambio y qué papel le corresponde desempeñar al sector Cultura en el liderazgo de esta reforma. Lo realizado hasta la fecha ha sido inocuo y sin la mayor trascendencia, generándose más bien una confusión de los planos de actuación de los órganos y entidades respectivas, creándose erróneas expectativas en las organizaciones nacionales indígenas que legítimamente esperarían obtener satisfacciones de sus derechos históricamente relegados.
De otro lado, una vez aprobada la LCP e iniciado el periodo de implementación, se pensaba que por la trascendencia de dicha norma se abriría un proceso donde los pueblos indígenas no sólo fueran escuchados, sino que pudiesen decidir sus prioridades y objetivos de desarrollo, sin que los representantes estatales o del sector empresarial pretendiesen decidir por ellos.
“se aprecian gruesos errores sobre lo que debiera ser la regulación del derecho a la consulta previa, comenzando por la omisión de la obligación estatal de obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en determinados supuestos establecidos en la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”
Es cierto que muchos éramos conscientes que una norma por sí sola no podía cambiar una forma de interacción donde un sector del país había hegemonizado las ideas de lo que se entiende el “deber ser” el desarrollo del país. Por ello mismo, se sostenía que se requería una reforma intercultural del Estado, que apostara por asumir un abordaje diferente en los diferentes estamentos públicos y privados que permitieran hacer audibles las voces de vastos sectores de la población ubicados en las regiones amazónicas y andinas.
Por ello mismo, fue visto con inusitado interés cómo desde el Estado se afrontaría la reglamentación de la Ley de Consulta Previa, ya que ello reflejaría lo que el Ejecutivo entendía de este proceso iniciado con esta norma. De allí que, cuando hacia fines de noviembre se difundió el Borrador de Reglamento de la LCP propuesto por el Viceministerio de Interculturalidad, la primera impresión ha sido de frustración, porque se trata de un documento a todas luces insuficiente que establece un punto de partida bastante débil para empezar el debate y que dice bastante sobre cómo sus autores están entendiendo el significado de esta norma.
De este modo, se aprecian gruesos errores sobre lo que debiera ser la regulación del derecho a la consulta previa, comenzando por la omisión de la obligación estatal de obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas en determinados supuestos establecidos en la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2).
“Avizoramos un escenario de alta conflictividad social si sigue prosperando esta forma de actuación estatal que pareciera, en lo inmediato, solucionar algunos problemas, pero que en el mediano y largo plazo deja sin resolver los conflictos”
Asimismo, el tratamiento que se hace de las etapas y fases de la consulta es poco flexible y sin considerar las variantes culturales propias de los pueblos y comunidades que tocaría ser consultados. Pero lo que resulta un aspecto sumamente negativo, a nuestro modo de ver, es la posibilidad abierta que se pretende establecer para que un acuerdo entre privados (por ejemplo, un “acuerdo previo” entre una empresa y un comunero) pueda prevalecer sobre el derecho a la consulta previa, todo esto al amparo de una norma expedida en la época fujimorista con el propósito de liberalizar el mercado de tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Frente a ello, han surgido diversas voces de preocupación y de protesta. Se lamenta la miopía estatal que asume que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas son normas retrógradas y que, lo moderno, es que dejen que las empresas extractivas ingresen a sus territorios y que sean otros los que decidan por ellos. Se pierde de vista que esta incapacidad de reconocer a los colectivos indígenas y campesinos es una de las trabas más poderosas para alcanzar niveles razonables de sociedad democrática que alcanza su desarrollo. Avizoramos un escenario de alta conflictividad social si sigue prosperando esta forma de actuación estatal que pareciera, en lo inmediato, solucionar algunos problemas, pero que en el mediano y largo plazo deja sin resolver los conflictos.


Fuente : Servindi