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martes, 4 de octubre de 2011

PIURA : Mineros de Sapillica se organizan para buscar soluciones .

Piura. Según el decreto supremo 027-2007 AG el distrito de Sapillica está declarado Zona de Protección, por lo tanto en su cuenca no puede realizarse actividad minera, pues con esta declarataoria se busca proteger el ecosistema de Sapillica y del valle de San Lorenzo con 30 mil hectáreas en producción de las cuales 20 mil son de mango, entre otros cultivos.
Esta información, sin embargo, no ha sido bien recibida por los pobladores de Sapillica que pese al llamado de su alcalde Agustin Jara para que vuelvan a sus actividades agrícolas, quieren llegar a un acuerdo de manera que se les permita desarrollar sus actividades extractivas y procesar en otro lado donde no puedan afectar el medio ambiente, ni contaminar la cuenca.
Para el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, Lic. Andrés Vera Córdova, en tanto la norma esté dada hay que cumplirla, pero es necesario cuidar el agua, cautelar su uso y desarrollar actividades sociales – econòmicas convergentes, para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Por tanto, el diálogo alturado y los planteamientos serios deben marcar las pautas.
Durante el conversatorio realizado en la Municipalidad de Sapillica entre funcionarios del Gobierno Regional ( Gerencia Regional de Recursos Naturales, Salud sub región Sullana- Agricultura- Agencia Agraria Sapillica, Energía y Minas - Dirección Regional Piura) se hizo conocer la norma, el trabajo que viene realizando el Gobierno Regional para evitar se contaminen las fuentes de abastecimiento de agua, los ríos y también el mar, así como los ecosistemas en esta parte de la región.
Tambien los proyectos en marcha para evitar se siga deforestando el campo.
Los mineros artesanales informales acordaron constituir una Comisión para dialogar con las autoridades el tema, la cual está conformada por Luis Castillo Córdova por la Municipalidad Distrital, César Lima Carhuapoma de la Asociación de Mineros Piedra Punta, Rolly Rivera de la Asociación de Mineros Trujillo, Esteban Acaro Aguilar del sector Sesquiadero, Lucy Rivera Lima del sector Tasajeras, Teófilo Chanta por Sapillica y Jorge Rondoy Jara, Presidente de la Comunidad Campesina de Sapillica.

Fuente : El Regional de Piura

PUNO :Congresista puneño señala que se debe actuar con sutileza en zonas mineras

Puno - El congresista puneño Francisco Ccama Layme, sobre el decreto de urgencia Nº 028 -2011, que declara de interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis y Suches, ha instado a las autoridades a actuar con prudencia y respetando la voluntad de los moradores de la zona.
Ccama Layme, considera delicado el tema que pesa sobre el distrito de Ananea (zona minera), en relación al decreto de urgencia.
Aceptando que existen cuestionamientos contra su persona en relación al tema de la minería, el parlamentario opinó sobre el agudo problema que actualmente afronta la actividad minera de la zona norte de la región.
"Qué duda hay sobre la actividad minera en la zona norte de la región, la cual genera un importante flujo económico en esta parte de Puno, sin embargo es importante que los pequeños mineros se formalicen" refiere.
Para él, son las autoridades regionales -también las nacionales vinculantes- que deben poner en agenda la formalización de los mineros de esta zona en su 100%, a fin de generar una actividad económica sensata, que produzca riqueza con responsabilidad social y medio ambiental.

Fuente : Correo

TACNA : Conflicto por proyecto de Southern es reportado por la Defensoría del Pueblo

Tacna - El representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna, Edward Vargas Valderrama, presentó ante la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, el reporte de los últimos cuatro conflictos sociales en la región de Tacna, entre los que destaca el conflicto generado entre la población tacneña por el "Proyecto de Ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento del Embalse de Relaves de Quebrada Honda" de la empresa Southern Perú.
Vargas indicó que, de acuerdo a los últimos estudios, Tacna alcanzó para el mes de setiembre nueve conflictos sociales, de los cuales la mayoría son por problemas socioambientales que se encuentran en estado latentes.
Entre los nuevos conflictos están, además de la ampliación de la concentradora de Toquepala, la demarcación territorial de las provincias de Jorge Basadre e Ilo, la dispusta de Moquegua y Tacna por el centro poblado de Huaytire y el enfrentamiento de la población de Vila Vila y Boca del Río contra el proyecto de levantamiento sísmico de la franja costera.

Fuente : Correo

PUNO : Las horas difíciles de Walter Aduviri

Cuatro meses después de los violentos sucesos en Puno hay novedades imprevistas: el líder antiminero es bajado de su pedestal, Bear Creek espera en el Palacio de Justicia y el presidente regional pide a las FFAA intervenir contra minería ilegal.
Cinco de dieciocho comunidades del distrito de Huacullani, propietarias de los territorios ricos en plata de la mina Santa Ana, han pedido al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo de Puno que protejan sus campos de presuntos intentos de invasión.
Ante todo, solicitaron que estas dependencias comprobaran que los predios en cuestión son suyos, que están en posesión efectiva de éstos, y que el hecho de que el gobierno anulara una licencia de operaciones a la compañía canadiense Bear Creek, que tuvo que retirarse de la zona, no implicaba que la mina era tierra de nadie.
Claro que saben que el subsuelo es del Estado y que ellos no pueden disponer libremente de los recursos bajo sus pies, que tampoco son gran cosa: Bear Creek los estima en 63 millones de onzas, explotables en once años con US$ 70 millones. Pero la superficie les pertenece, y no desean ser víctimas de la ocupación de sus vecinos, especialmente de aquellos que hasta ayer rechazaban toda forma de minería en el sur de Puno.
Los comuneros de Huacullani creen, de acuerdo con testimonios recogidos para esta nota, que la obsesión antiminera de sus hermanos aimaras no nació tanto de ideales defensores del medio ambiente sino de la codicia. Piensan que desean apoderarse de sus tierras para después controlar los beneficios de su explotación, incluso a la manera informal.
El origen de este temor fue la postura favorable a la invasión de un sector de los dirigentes del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, que encabezó las violentas protestas antimineras en mayo pasado.
Cuando el gobierno de Alan García canceló la autorización a Bear Creek después del incendio de locales públicos en la capital del departamento y del enfrentamiento con muertos en Juliaca, no hubo consenso entre estos dirigentes en tomar las tierras que dejaría la minera. Una acción de este tipo garantizaría –era la opinión de algunos– que la compañía no regresara “nunca más”. Pero la idea, rechazada entonces,  volvió en una reunión interna celebrada en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, el viernes 9 de setiembre.
Inteligencia de la policía llegó a la conclusión de que habría invasión, a partir de sus informantes. Y el dirigente Rufino Machaca lo admitió en una entrevista con el corresponsal de La República Liubomir Fernández. Parte del diálogo grabado:
FERNÁNDEZ: ¿Por qué, si tienen una posición antiminera, ahora querrían tomar una mina?
MACHACA: No hay acuerdo para tomar minas ni hacer ningún tipo de invasión.
FERNÁNDEZ: Pero entiendo ese fue un tema que ustedes discutieron en la reunión del viernes.
MACHACA: Yo me opuse y no pasó.
En otra parte del diálogo Machaca dijo que le había “llamado la atención” al líder del frente, Walter Aduviri, por haber sido proclive a la invasión. Otro dirigente, Patricio Illacutipa, declaró a Noticias Ser que en realidad fue él quien planteó tema de la reivindicación de las tierras de Santa Ana, debido a una exigencia de la población de Kelluyo, contigua a Huacullani.
“Inicialmente se ha acordado liberar esas tierras y utilizarlas para fines agrícolas y no para fines mineros, como lo han señalado algunos medios”. Todos saben en Puno que esos terrenos, a unos 4,300 metros sobre el nivel del mar,  son inservibles para la agricultura. Hasta aquí tenemos que la intención invasora existió, por lo menos en una parte de los dirigentes.
Pero el frente antiminero del sur del departamento ya no es el mismo de hace cuatro meses.
El líder principal de la protesta, Walter Aduviri, ha debido bajar de su pedestal por una confluencia de motivos. Cuando en junio pasado, después de su recorrido triunfal por los medios de comunicación de Lima, regresó a Puno y fue recibido por unas tres mil personas, una parte de la dirigencia del frente sintió que había personalizado la lucha. Algunos lo declararon públicamente.
Aduviri se comía todas las cámaras y no dejaba lugar al resto, esa era la crítica. Podría ser injusta, pues usualmente el protagonista es buscado por los medios, pero otra detracción, de índole programática, tuvo mayor peso: no a todos les conviene librar una guerra a muerte contra la minería.
Por ejemplo, los pobladores de Desaguadero ya no son la gran base de apoyo que fueron hasta las elecciones. La gran mayoría es comerciante y se vio enormemente perjudicada por una prolongada paralización que no reflejaba sus intereses directos. Este sector ya no desea ver a Aduviri por sus lares, y ha formado un frente de defensa propio para defender mejor el comercio, que en buena medida es contrabando.
Por otra parte, los alcaldes del sur sintieron que Aduviri se daba demasiadas ínfulas como representante del frente en esa parte del departamento. Los elegidos por el pueblo eran ellos, y empezaron a declarar públicamente que no lo reconocían.
A los alcaldes se unieron los principales gremios de distritos importantes como el de Ilave, de donde es natural Aduviri, y de Yunguyo, que aportó la mayoría de manifestantes que tomaron Puno el 26 de mayo. El  motivo era el mismo: la falta de representatividad de la superestrella popular.
Una discrepancia de fondo surgió de parte de los sectores del sur de Puno dedicados a la extracción ilegal de minerales, que apoyaron resueltamente las movilizaciones de Aduviri porque había una minera formal en la picota.
Estos aliados iniciales del dirigente recibieron un tiro por la culata. No estaba entre sus planes que quienes resultaran más escuchados fueran los campesinos a cuya agricultura ellos afectaban. Como se sabe, al mismo tiempo que la cancelación de la licencia a Bear Creek el gobierno dispuso la recuperación de la cuenca del río Ramis, contaminada por la industria extractiva pirata, y prohibió el uso de maquinaria pesada en esos lugares.
Ahora mismo, ha pasado a un primer plano la denuncia contra los mineros informales con representación política, como el congresista por Puno Francisco Ccama. Aún más, el presidente regional Mauricio Rodríguez acaba de pedirle al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que intervenga en las zonas ilícitas del departamento para decomisar estos equipos, conforme lo prevé la ley. ¿Lo hará el ministerio de Defensa? De momento este es uno de los misterios sobre la mesa.
No es que a Aduviri ya no le queden aliados. Están principalmente en las comunidades de Kelluyo, vecino de Huacullani. Ambos distritos mantienen un antiguo conflicto limítrofe, padecen de extrema pobreza y sus habitantes se dedican principalmente a cultivos de subsistencia.
En Huacullani, que cuenta con quince mil habitantes,  las cinco comunidades más próximas a los yacimientos tienen buenas relaciones con la mina. Otras diez están en una posición intermedia, y tres en contra. La mayoría de estas dieciocho comunidades estaba de acuerdo con Bear Creek hasta que surgió el movimiento antiminero desde Desaguadero, en febrero del 2011.
Los habitantes de Huacullani proclives a la minera comenzaron a ser hostilizados, y una parte temió perder sus tierras a manos de los vecinos, a quienes apoyaban  las antiguas masas de Aduviri de Desaguadero, Kelluyo, Pizacoma, Pomata y Zepita. Y así fueron volviéndose ellos también “antimineros”, aunque de dientes para afuera. Pero cinco comunidades se mantuvieron firmes: Ancomarca, El Ingenio, Chaclacollo, Condoracocagua y el centro poblado de Huacullani.  Ellas han resuelto resistir, ante todo solicitando protección a las autoridades.
Mientras tanto, Bear Creek espera en las puertas del Palacio de Justicia. Luego de que, en junio pasado, el Ministerio de Energía y Minas anulara su autorización para operar en zona de frontera, la compañía tenía dos opciones: o recurría al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un grupo del Banco Mundial que resuelve conflictos entre gobiernos y empresas de otros estados, o presentaba una acción de amparo ante el Poder Judicial peruano.
Eligió esto último, aunque  en el CIADI tiene las de ganar por los términos acordados en el TLC entre Perú y Canadá.  La nulidad no fue motivada por el MEM, pues no se hallaron irregularidades en el expediente, como sin pruebas sostuvo el congresista Yonhy Lescano.
Este argüía que la anterior concesionaria, Jenny Villavicencio, era testaferro de los canadienses, cuando en realidad hizo un negocio lícito con ellos: en 2007 les transfirió el título luego de que Santa Ana obtuvo licencia de operaciones en Huacullani. Al final se hizo evidente que la expulsión de Bear Creek  fue una salida política sin argumentos administrativos de un gobierno en sus últimos días.
De modo que todos los actores de esta historia están en una encrucijada. Los comuneros de Huacullani porque no tienen cómo beneficiarse con la inversión minera. Bear Creek porque depende de la suerte de sus reclamos. Si pierde la acción de amparo, aún podrá recurrir al CIADI, en busca de indemnización y otras sanciones contra el Estado peruano. Si lo gana, recuperaría la concesión, pero poco podrá hacer en la práctica si las condiciones políticas no cambian.
Otro actor aún no entra en el juego: el gobierno, que no da señales de tener una estrategia para el departamento más conflictivo del país.  Por último tenemos al propio  Aduviri,  luchando por permanecer en escena.
El pasado 22 de setiembre convocó en Zepita a una asamblea general del frente para entregar el cargo de presidente del frente o ser reelegido, pero solo asistieron 150 personas. Hay una nueva convocatoria en ciernes, aunque ya se lo considera en el retiro. Al presidente regional de Puno los periodistas le preguntaron por él hace unas semanas y respondió: ¿Quién es Walter Aduviri?.

Fuente : La República

AYACUCHO : Autoridad del Agua de Abancay debe intervenir en caso de minería ilegal en el VRAE

Julián Huamaní, administrador de la Autoridad Local del Agua (ALA) de Ayacucho indicó, que el presunto caso de minería informal con lavaderos clandestinos de oro a orillas del río Apurímac, denunciado en INFOREGION, tendrá que ser tratado necesariamente por el ALA de la región Abancay, por estar bajo su jurisdicción.
Huamaní explicó que el caso de minería ilegal es de competencia directa de la Autoridad Local del Agua de la región Abancay, y con ello se excusó de intervenir en la zona porque no ser de su jurisdicción.
“La Autoridad Local del Agua de Abancay tendrá que iniciar acciones para verificar o constatar la existencia de esta ilícita actividad que estaría contaminando el Río Apurímac con reactivos químicos que se usan para la extracción de uno de los metales más valiosos a nivel mundial, el oro”, precisó.
Agregó que será  oportuno verificar si existen concesiones mineras en esta zona, para determinar si se trata de minería ilegal o autorizada.
Como se recuerda, El hecho fue denunciado por el responsable de la Planta de Agua Potable de Kimbiri, Clemente Escalante Balcón, el pasado 27 de setiembre quien comprobó personalmente la presencia de mineros ilegales cuando realizaba una visita de supervisión y monitoreo en el sector Teresita en elo VRAE.
Asimismo, se supo que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Ayacucho ya tomó el caso y en las próximas semanas realizará un operativo en la zona atendiendo la denuncia.

Fuente : Inforegión

PERU : Cuestionan mecanismos de aprobación de los estudios de impacto ambiental

La ONG propuso suspender el otorgamiento de concesiones mineras hasta que no se reglamente la Ley de Consulta Previa, y que no se sigan aprobando Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) sin que medien criterios técnicos o que además sean consultados previamente.
CooperAcción fue una de las organizaciones involucradas en la elaboración del documento “Perú: Informe Alternativo 2011 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”. Su subdirectora Emma Gómez afirmó que el capítulo “Territorio” de ese informe apunta a poner en agenda algunos temas fundamentales.
“El primero de ellos es la expansión territorial de las concesiones mineras, que ha afectado los derechos de las poblaciones indígenas a nivel nacional, por medidas tomadas desde el Poder Ejecutivo, y esto ha sido la base de muchos de los conflictos”, indicó.
Agregó que los mecanismos de aprobación de los estudios de impacto ambiental (EIA) también han sido cuestionados en el informe.
“Al ser el EIA el único instrumento técnico que determina la viabilidad ambiental de un proyecto, y al no ser sometido a ningún proceso de aprobación o consulta a los pueblos indígenas, se podría decir que en el Perú la aprobación de EIAs son procesos administrativos casi automáticos”, sostuvo Gómez.
Para la especialista, un tercer tema fundamental son los pasivos ambientales y el impacto a la salud y al medio ambiente de las poblaciones indígenas. En ese sentido manifestó que la actividad minera no solo genera impactos al momento de desarrollarse si no que deja pasivos ambientales que son un peligro latente para la población

Fuente : Inforegión


AYACUCHO : Comunidad de Raccaya marcha contra empresa Catalina Huanca

Al menos 200 comuneros de la comunidad de Raccaya, distrito de Canaria, provincia de Victor Fajardo, Ayacucho, partieron esta mañana desde su comunidad en marcha de sacrificio pacífica hasta las instalaciones de la empresa minera Catalina Huanca, en la comunidad de Uyuccasa, ubicada a 15 kilómetros de Raccaya, con el objetivo de pedir la renegociación de la servidumbre y el cumplimiento de los compromisos de la minera a favor de la comunidad.
Tycho Janampa, periodista de Noticias SER que se encuentra en el lugar, informa que la delegación de comuneros llegó hasta las puertas de las oficinas de la empresa minera al promediar las 11 de la mañana. Desde entonces se encuentran apostados en el lugar, mientras que la empresa está protegida por un contingente policial.
En los últimos minutos se ha previsto el ingreso de una comisión de los comuneros para sostener un diálogo con los representantes de Catalina Huanca.
Esta empresa desarrolla explotación de zinc, cobre, plata y oro, muy cerca de la población de Raccaya. Los comuneros piden que el derecho de servidumbre sea de 50 mil dólares mensuales. Actualmente reciben 2900 dólares, monto que consideran exiguo frente a las utilidades que la empresa obtiene de sus recursos naturales.
Datos:
- Raccaya se encuentra ubicada a 12 horas en bus de Huamanga.
- Residentes de Raccaya en Lima también han participado en la marcha.

Fuente : Noticias Ser