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miércoles, 28 de marzo de 2012

PERU :Gobierno y dirigentes de Fenamarpe continúan diálogo para formalizar minería artesanal

Representantes del Ejecutivo y de la Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales del Perú (Fenamarpe) se reunieron hoy con la finalidad de elaborar una norma de consenso para la formalización de la minería artesanal.

El viceministro de Minas, Guillermo Shinno Huamaní, quien dirigió la reunión realizada en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros, dijo que el encuentro sirvió de marco para la presentación de diversos puntos sobre el tema.

Asimismo, indicó que este viernes 30 de marzo la reunión continuará con la finalidad de abordar temas puntuales para la elaboración de la norma relacionada con el proceso de formalización.

Entre los temas expuestos por los miembros de Fenamarpe y que serán analizados en la próxima reunión, figuran la realización de un censo nacional, la creación de una ventanilla única para la formalización, la puesta en marcha de estudios de impacto ambiental, entre otros puntos.

La cita también contó con la participación del presidente de la Fenamarpe, Celso Cajachahua, acompañado por diversos representantes de esta institución.

Por parte del gobierno, asistió el viceministro Shinno Huamaní y representantes de los ministerios del Ambiente y de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fuente: Andina

JUNIN :Policía decomisa maquinaria pesada utilizada por minería ilegal

La Policía Nacional decomisó hoy maquinaria pesada utilizada por mineros ilegales en las provincias de Huancayo y Concepción, e intervino a seis personas involucradas en esta actividad, informó el Gobierno Regional de Junín.


Las acciones de control se realizaron en los sectores como Yanayacu y San Antonio, ubicados en el distritos de Sicaya, Huancayo, y Orcotuna, Concepción.

La intervención policial se realizó en presencia del fiscal especializado en materia ambiental, Diego Silva Ríos, e inspectores de la Dirección Regional de Energía y Minas.

Los mineros extraían materiales para convertirlos en piedras chancadas y agregados cuando fueron intervenidos por el personal policial.

Durante la diligencia se comprobó que estos mineros informales no pagaban impuestos y trabajaban en las zonas desde hace cuatro años.

En el lugar se encontró cuatro cargadores frontales y dos volquetes que fueron decomisados y trasladados al almacén del Gobierno Regional de Junín.

Los detenidos, cuyos nombres se mantienen en reserva fueron trasladados al puesto de control de la Policía Ecológica y de Turismo, ubicado en la provincia de Huancayo.

Luis Loayza Chalco, representante de la Dirección Regional de Energía y Minas, aseguró que las operaciones inopinadas continuarán para erradicar la minería informal en Junín y proteger los recursos naturales y el medio ambiente.


Fuente: Andina

TACNA :PCM continúa reuniones con autoridades de Tacna sobre problemática local

El jefe de la oficina de gestión de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Víctor Caballero, continúa hoy con las reuniones con autoridades de Tacna para abordar la problemática minera e hídrica.
Acompañan a Caballero los representantes de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente y la Autoridad Nacional del Agua, con quienes se lleva la invitación del Gobierno para reinstalar una mesa de trabajo multisectorial.

En la ciudad de Locumba, el funcionario dialogó con el alcalde provincial de Jorge Basadre, José Luis Málaga, y representantes de la sociedad civil

Caballero reiteró la voluntad del Ejecutivo por sentar las bases de un diálogo abierto sin excepción de ninguna de las partes involucradas.

“No hay acción justificable que impida llegar a acuerdos, no debe haber ningún pretexto para dejar de atender y darle solución a las demandas hídricas de la región Tacna”, manifestó.

La comitiva se trasladará esta tarde al distrito de Ilabaya, para reunirse con su alcalde, Demesio Llaca, y representantes de la comuna.


Fuente: Andina

PIURA :PCM promueve mesa de diálogo con mineros artesanales

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los ministerios de Energía y Minas y del Ambiente, y los representantes de la Federación de Mineros Artesanales de Piura se integraron a la mesa de diálogo establecida por el gobierno regional para formalizar a los mineros artesanales, se informó hoy.
Esta decisión fue adoptada en una reunión realizada en la sede central de PCM, en la que se estableció que, a través de esta instancia de diálogo, se refuerce el trabajo del gobierno regional con los mineros en pequeña escala, con miras a su formalización.

El acta firmada hace referencia al compromiso del sector Energía y Minas para apoyar las acciones de formalización minera. Se ha acordado que la Dirección Regional de Minería incorporará a todas las asociaciones mineras artesanales en esta mesa.

Además, precisa que el proceso de interdicción de la minería ilegal se desarrollará de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Decreto Legislativo 1100; por el que el Estado prioriza las acciones de interdicción cuando se generan impactos significativos y graves al ambiente o en situaciones de emergencia o urgencia.

Por lo expuesto, no serán aplicables a los mineros informales las sanciones establecidas por las normas legales vigentes dirigidas a la minería ilegal, en tanto ellos inicien sus procesos de formalización.

El acta precisa que tanto el Ejecutivo como el gobierno regional informarán al Ministerio Público y al sector Interior en Piura sobre los avances derivados de este acuerdo a fin de respaldar las acciones de formalización que inicien los informales.

Se fijó como fecha para la próxima reunión el viernes 13 de abril, la misma que será convocada por el gobierno regional piurano.

Participaron en la reunión Edgardo Alva, del Ministerio de Energía y Minas; Martín Arana, asesor de Ministerio del Ambiente; Pamela Maldonado, asesora de la oficina de gestión de conflictos sociales de PCM.

También estuvo la presidenta de la Federación de Minero Artesanales de Piura, Rosa  Balcázar González, y otros representantes de asociaciones mineras locales.


Fuente: Andina

PERU :EIA de proyecto gasífero en Piura está pendiente de aprobación, señala MEM

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la instalación de una tubería de gas de 22 kilómetros, bajo el mar piurano, del proyecto gasífero de Savia Perú aún no ha sido aprobado, sostuvo hoy el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.

Afirmó que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) está recogiendo observaciones e inquietudes correspondientes al proyecto, proceso que se inició el 7 de marzo, fecha en que se realizó la última audiencia sobre el proyecto en la ciudad de Puerto Rico, cercano al zócalo.

“Savia ha presentado su estudio técnico para aprobar el EIA, lo cual todavía no ha sucedido; la última audiencia fue el 7 de marzo, desde esa fecha están en la etapa de recoger inquietudes, observaciones para mejorar el proyecto y ver si el MEM lo aprueba”, indicó.

Merino aseveró que todo proyecto tiene que ser evaluado técnicamente, para incorporar aspectos técnicos sobre sus efectos en la fauna y pesca de la zona de influencia.

“Sin embargo, la experiencia en otros países en la instalación de una tubería de gas natural de ocho pulgadas es que no produce impactos”.

Por otro lado sostuvo que se esperan noticias positivas de las empresas que exploran la existencia de reservas de gas en el país, sobre todo en Cusco y Madre de Dios, y descartó algún nuevo descubrimiento.

“Hay una gran campaña de exploraciones en muchas áreas, no sólo en Cusco y Madre de Dios, lo que en el corto plazo podría depararnos buenas noticias, de acuerdo con informaciones que tenemos de las empresas exploradoras. Sin embargo, no hay una información cierta de reservas”, dijo.

Asimismo, Merino sostuvo que las conversaciones con el consorcio Camisea respecto al Lote 88 están muy bien encaminadas y pronto se tendrán buenas noticias.

El Presidente de la República, Ollanta Humala, anunció el domingo último que Perú se encuentra a un paso de recuperar el Lote 88 del gas de Camisea, para destinarlo al consumo interno y asegurar así el abastecimiento de combustible barato por un periodo de 25 a 30 años.


Fuente: Andina



AYACUCHO :Tony Hinojosa: “Los conflictos sociales se presentan por la presencia de la actividad minera”

Según el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Ayacucho tiene 15 conflictos –entre activos y latentes-, ante esta situación el gerente del gobierno regional, Tony Hinojosa,  responde sobre las acciones que se desarrollan para prevenir y gestionar los conflictos sociales en nuestra región.

¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en Ayacucho?
Observamos que los conflictos sociales se vienen presentando por la presencia de la actividad minera y las afectaciones al medio ambiente. Muchos de ellos están latentes y los últimos que se han reportado son en la zona sur de Ayacucho con la minera Vituchín y la comunidad de San Pedro. Estamos realizando un trabajo de prevención y de gestión para poder solucionar estos conflictos.

¿Hay zonas de mayor conflictividad en nuestra región?
Los problemas son parecidos. Los conflictos surgen cuando existe de por medio recursos mineros y está en juego ingresos adicionales para las comunidades. Las imprecisiones limítrofes hacen el juego porque hay algún recurso, en esos terrenos, que puede beneficiar a la comunidad. Ello lo observamos en el sur de Ayacucho como Sucre, Víctor Fajardo y Lucanas, donde la actividad minera se viene incrementando.

¿Dispone el Gobierno Regional de algún sistema de monitoreo de conflictos?
Hay una organización liderada por el presidente regional. Se tiene la asistencia de un secretario técnico que representa al presidente en los espacios de diálogo como en el caso del conflicto de Raccaya con la Minera Catalina Huanca, o en el caso de la minera Vituchín. Este secretario va acompañado de un equipo técnico de los sectores, según el tipo de conflicto que se presente.

Es decir no hay un sistema de monitoreo.
No hay. Por ello el gobierno regional ha creado la oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, que se encargará de dar soporte técnico y seguimiento además de brindar información sobre los conflictos en la región. De este modo, en este mes de marzo se emitirá la resolución ejecutiva regional oficializando su creación. Esta oficina será de carácter funcional y no estará dentro de la estructura organizativa del gobierno regional, será una oficina consultiva. Dependerá de la gerencia general con la participación del presidente regional, quien intervendrá directamente.

¿Se ha pedido asesoramiento o acompañamiento a la Oficina de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?
En este caso, nosotros hemos convenido en contar con un profesional de la cooperación internacional, con quien se viene trabajando el asesoramiento y la asistencia técnica. Pero una vez que esté creada esta oficina va a ser necesario que el personal que trabaje en ella pueda visitar espacios como la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM u otros como la que existe en el gobierno regional de Arequipa para que puedan conocer el trabajo que realizan y con ello fortalecer la oficina de Ayacucho.

¿Cómo articulará su trabajo esta oficina con la Defensoría del Pueblo o la Mesa de Concertación?
Se convocará a una reunión con estas y otras instituciones para determinar cuál es el rol que se cumplirá dentro de esta institucionalidad que se quiere construir. Esperamos que cada una de ellas asuma una responsabilidad dependiendo de qué tipo de conflictos se presenten y de quiénes sean las organizaciones involucradas.

¿Con qué presupuesto contará esta oficina de Prevención y Gestión de Conflictos?
Se elaborará un proyecto de inversión pública para dotar de recursos a esta oficina y con ello se fortalecerá las capacidades de intervención del gobierno regional en la gestión de los conflictos sociales.

¿Cuáles son las competencias que tiene un gobierno regional para abordar los conflictos sociales?
Al igual que cualquier otra institución como la Defensoría del Pueblo, la iglesia, la Mesa de Concertación, el gobierno regional también interviene en este tipo de asuntos. Pero debemos entender que todos, de alguna manera, estamos involucrados y tenemos la responsabilidad de gestionar soluciones en estos asuntos que son bastante delicados y requieren de la intervención de muchas instituciones.

Hay conflictos que el mismo gobierno regional genera, ¿podrá esta oficina actuar como mediadora sabiendo que depende de una instancia del mismo gobierno regional?
El gobierno regional no será quien determine la solución, sino será un mediador y otorgará opiniones técnicas.

¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando surjan conflictos con trabajadores del sector Educación, Salud o del mismo gobierno regional?
De igual manera. Tratamos de evitar que se presenten este tipo de escenarios mediante el diálogo con los trabajadores y sus representantes.


Fuente: Noticias Ser





PUNO :Ronderos de Puno rechazan Ley de Consulta Previa

Alrededor de 2 mil ronderos de la región Puno participaron el domingo 25 de marzo, en el “I Encuentro Regional de Rondas Campesinas” desarrollado en el distrito de Nuñoa. La agenda principal del encuentro fue la Ley de Consulta Previa, el planteamiento de una Asamblea Constituyente, el rechazo al megaproyecto Inambari y la propuesta del proyecto Ley de Coordinación entre justicia comunitaria y justicia estatal.

Durante el evento se planteó también la modificatoria de la Constitución Política de 1993. Cancio Ance presidente de las Rondas Campesinas de la provincia de Melgar, manifestó: “Hemos  empezado a discutir la propuesta de un cambio en la actual Constitución, todos los ronderos han coincidido en señalar que nuestra Constitución tiene leyes que no protegen nuestros derechos, que abre las puertas al mercado neoliberal y permiten que nos roben nuestros recursos. Esta Constitución es totalmente contraria a nuestros intereses”, indicó.

Rechazan Ley de Consulta Previa

El vicepresidente de la Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Carabaya, Fidel Cruz, ratificó el rechazo a la Ley de Consulta Previa y dijo que en esta semana alcanzarán un pronunciamiento al viceministro de Interculturalidad y a otras instancias correspondientes con el fin de exigir la modificatoria de los artículos 5, 6, 7 y 15, además de desconocer a las 5 organizaciones que han participado e impulsado el proyecto de ley y su reglamentación. “Los términos de esta ley no nos convienen, los ronderos han mostrado su disconformidad porque no nos reconoce como comunidades nativas y sólo convoca a un grupo de personas”, refirió Cruz.

Seguro Integral de Salud para las rondas campesinas

En otro momento los ronderos pidieron a los congresistas de Puno que promuevan y respalden iniciativas legislativas a favor de las rondas campesinas. “Estamos haciendo seguimiento al proyecto de ley presentado por la congresista Esther Saavedra del departamento de San Martin sobre el Seguro Integral de Salud para las rondas campesinas, pedimos a los congresistas puneños que ya que no pueden ellos presentar proyectos a favor nuestro, por lo menos apoyen y monitoreen este proyecto”, dijo Cancio Arque.

Pese a no ser autora de dicha iniciativa legislativa, la congresista puneña Claudia Coari señaló que ella ha respaldado el proyecto de ley con su firma. “Esta iniciativa legislativa ya está en dictamen, solo que se ha observado, pero de todas formas vamos a apoyar a los ronderos con este proyecto, y seguiremos  trabajando con más leyes en beneficio de ellos”, refirió.

Proyecto: Ley de Coordinación

Juan Huayta, director del Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (ISADH), informó que el Poder Judicial ya tiene avanzado el proyecto “Ley de Coordinación entre justicia comunitaria y justicia ordinaria”, la cual fue discutida en una asamblea de rondas campesinas en Ancash. Ahora esperan que por lo menos alguno de los congresistas por Puno, acojan este proyecto. “Lo que se busca es trabajar de manera integrada desde el Congreso ya que actualmente el Poder Judicial y la justicia rondera trabajan por separado cuando debería de haber acuerdos mínimos de coordinación. Eso permitirá la construcción de principios mínimos, como la libertad y transparencia y, también, se evitaría la persecución de los ronderos”.

Por último, en el transcurso de esta semana, los ronderos campesinos elevarán un memorial al gobierno nacional en rechazo el megaproyecto Inambari, según indicaron.


Fuente: Noticias Ser

AYACUCHO :Ley de Consulta Previa: ¿Reglamentación sin legitimidad?

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha tenido algunos reveses que podrían hacer que, ante su aprobación por el Poder Ejecutivo, no cuente con la legitimidad social necesaria. Veamos cómo marcha el tema en nuestra región.

Marino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, es uno de los dirigentes comunales de la región Ayacucho que ha seguido de cerca el proceso de discusión de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Participó de las reuniones de trabajo que se realizaron en torno al tema, por ello indica que, si el gobierno nacional promulga la reglamentación, tal como está, se generarían mayores conflictos sociales, teniendo en cuenta que en estos últimos años se han masificado las concesiones mineras en el país así como en Ayacucho.

La alerta que hace Barrios se basa en las posiciones adoptadas por algunas organizaciones del denominado Pacto de Unidad e integrantes del Comité Multisectorial -Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI)-, quienes han pedido la modificatoria de algunos artículos de la ley antes de proceder a su reglamentación, ya que “vulneran los derechos colectivos de los pueblos indígenas previstos en el Convenio 169 de la OIT”. Mientras que la Confederación Campesina del Perú (CCP) y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) mantienen una posición contraria ya que están de acuerdo con la reglamentación y posterior modificatoria de la ley.

Por su parte, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, se mostró contrariado por la posición de estas cuatro organizaciones del Pacto de Unidad y recordó que esas mismas demandaron insistentemente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo aprobar el texto de la Ley de Consulta del 19 de mayo de 2010. Además que estas organizaciones saludaron a través de comunicados, cuando la ley fue aprobada. Barrios dice que las organizaciones indígenas vieron por conveniente apoyar esta ley porque era lo mínimo y lo máximo que podrían conseguir. “No se puso en discusión su articulado”, explica.

Hace pocas semanas Lanegra ha manifestado que la reglamentación de la Ley de Consulta Previa está próxima a ser aprobada. Pero según las explicaciones de Pedro Castillo, especialista del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), si se aprueba de esa manera, la reglamentación perderá peso y legitimidad pero sí tendrá validez legal, ya que es potestad del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes y aprobarlas.

Con este escenario, parece que ya no habrá más espacios para prolongar la discusión de la reglamentación o el contenido de la ley, por ello Evaristo Quispe, presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), manifiesta que el gobierno tiene que cumplir un plazo y por ello pretende aprobar y publicar la reglamentación. “Lo correcto sería respetar el acuerdo mayoritario de las organizaciones y discutir la ley”, dice.

Observaciones

Tres son las principales observaciones a la Ley de Consulta Previa, según explica Pedro Castillo, especialista de CEPES: 1) Decisión 2) Sujetos de consulta y 3) La segunda disposición complementaria que tiene que ver con la revisión de concesiones anteriores a la vigencia de la ley.

En el marco de esas observaciones, la Ley de Consulta Previa no contempla el derecho a veto que deberían tener las comunidades indígenas, originarias y campesinas. A consideración de Clelia Rivero, presidenta de la Federación Departamental de Club de Madres (FEDECMA), es incongruente que las comunidades puedan ser consultadas, pero que su opinión no sea definitoria.  “El Estado tendrá la decisión final y si desea desarrollar un proyecto, lo llevará a la práctica sin importar la decisión de la comunidad”, dice. También se pregunta: “¿Entonces para qué nos van a consultar?”

Por otra parte, no incluir el derecho a veto de las comunidades, según Antolín Huáscar de la CNA, implica que la ley así como su reglamento “no sirven”, por ello que la pregunta cae por su propio peso: “¡¿Qué pasará cuando las comunidades consultadas digan “no” y el Estado diga “igual lo hago”?”. En ese entendido, para Huáscar hay una reflexión que se debería hacer antes de pretender aprobar la reglamentación de la ley.

El otro punto es que la ley es imprecisa cuando habla de quiénes deberán ser sujetos de consulta. A ello se suma que en la norma no se visibiliza a las comunidades campesinas. A opinión de Pedro Castillo, la ley señala a comunidades “andinas” y la palabra “andina” no existe en ninguna parte de la legislación como sujeto de derecho. “La nomenclatura oficial es comunidad campesina, no obstante el artículo 7 de la ley desparece a las comunidades campesinas”, dice.

Resquebrajamiento

El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha puesto en evidencia cierto resquebrajamiento en los lazos de unión de las organizaciones indígenas, nativas y de comunidades campesinas. Marino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, manifiesta que los representantes de la CCP y la CONAP se habrían sumado a la propuesta del gobierno, porque varios de sus dirigentes y ex dirigentes trabajan como asesores del gobierno. “A ellos les conviene aprobar la ley y no oponerse. Lo ético debería ser defender a las comunidades”, indica.

La posición de la CCP

Por su parte, Julián Páucar de la CCP, ha planteado que la posición del gremio que representa frente a la Ley de Consulta y su reglamento, no tiene nada que ver con un asunto de “entreguismo”, sino más bien, constituye una posición estratégica, necesaria en un contexto donde las fuerzas “neoliberales” todavía son fuertes. “Nosotros no estamos de acuerdo con algunos artículos de la ley, pero también somos conscientes de que estamos frente a un gobierno neoliberal, frente a una Constitución que no es de nosotros. […] Esta Ley de Consulta será una herramienta de lucha cuando se apruebe, por eso nosotros estamos apostando por ella”, sostuvo.


Fuente: Noticias Ser

PIURA :Conozca las razones del paro regional en Sechura

La población teme que el proyecto Punta Lagunas acabe con las actividades de maricultura y pesca. Por su parte, la empresa Savia Perú ratificó su compromiso de no afectar el medio ambiente.

Tras los sucesos violentos que terminaron con una persona muerta y 36 heridos, entre pobladores y policías, queda la interrogante de las verdaderas causas de los desmanes, destrozos e incendios en la ciudad de Sechura (Piura).

El pasado 7 de marzo, la empresa Savia Perú realizó una audiencia pública en la Caleta Puerto Rico – Bayóvar donde se presentó el Estudio de Impacto Ambiental para la explotación de gas natural del proyecto Punta Lagunas.

Este proyecto Punta Lagunas se desarrollará en la bahía de Sechura de donde se extraerá gas natural. Trasladarán el gas a tierra por intermedio de tres líneas de gasoductos, que serán instaladas en el lecho marino, en una zona alejada del área de maricultura.

Sin embargo, los pobladores exigen que se anule la audiencia realizada y se reprograme otra en la capital de la provincia, es decir, en la Plaza de Armas de Sechura con la participación de los 6 alcaldes distritales de la provincia y toda la población en general.

Además, dentro de sus demandas se encuentra la modificación de la Ley de Pesquería N°1084 y la declaración de intangible de la Bahía de Sechura.

La población teme que el proyecto Punta Lagunas acabe con las actividades de maricultura y pesca ya que la extracción de gas afectaría no solo el medio ambiente sino el sustento económico de más de 8 000 personas entre maricultores, pescadores y familias.

Por su parte, la empresa Savia Perú ratificó su compromiso de promover el diálogo abierto y transparente con las autoridades y la comunidad. Además de no afectar el medio ambiente y trabajar el Proyecto Punta Lagunas bajo los estándares adecuados y no producir impactos negativos en la zona ni en los pobladores.


Fuente: RPP Noticias