Según el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Ayacucho tiene 15 conflictos –entre activos y latentes-, ante esta situación el gerente del gobierno regional, Tony Hinojosa, responde sobre las acciones que se desarrollan para prevenir y gestionar los conflictos sociales en nuestra región.
¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en Ayacucho?
Observamos que los conflictos sociales se vienen presentando por la presencia de la actividad minera y las afectaciones al medio ambiente. Muchos de ellos están latentes y los últimos que se han reportado son en la zona sur de Ayacucho con la minera Vituchín y la comunidad de San Pedro. Estamos realizando un trabajo de prevención y de gestión para poder solucionar estos conflictos.
¿Hay zonas de mayor conflictividad en nuestra región?
Los problemas son parecidos. Los conflictos surgen cuando existe de por medio recursos mineros y está en juego ingresos adicionales para las comunidades. Las imprecisiones limítrofes hacen el juego porque hay algún recurso, en esos terrenos, que puede beneficiar a la comunidad. Ello lo observamos en el sur de Ayacucho como Sucre, Víctor Fajardo y Lucanas, donde la actividad minera se viene incrementando.
¿Dispone el Gobierno Regional de algún sistema de monitoreo de conflictos?
Hay una organización liderada por el presidente regional. Se tiene la asistencia de un secretario técnico que representa al presidente en los espacios de diálogo como en el caso del conflicto de Raccaya con la Minera Catalina Huanca, o en el caso de la minera Vituchín. Este secretario va acompañado de un equipo técnico de los sectores, según el tipo de conflicto que se presente.
Es decir no hay un sistema de monitoreo.
No hay. Por ello el gobierno regional ha creado la oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, que se encargará de dar soporte técnico y seguimiento además de brindar información sobre los conflictos en la región. De este modo, en este mes de marzo se emitirá la resolución ejecutiva regional oficializando su creación. Esta oficina será de carácter funcional y no estará dentro de la estructura organizativa del gobierno regional, será una oficina consultiva. Dependerá de la gerencia general con la participación del presidente regional, quien intervendrá directamente.
¿Se ha pedido asesoramiento o acompañamiento a la Oficina de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?
En este caso, nosotros hemos convenido en contar con un profesional de la cooperación internacional, con quien se viene trabajando el asesoramiento y la asistencia técnica. Pero una vez que esté creada esta oficina va a ser necesario que el personal que trabaje en ella pueda visitar espacios como la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM u otros como la que existe en el gobierno regional de Arequipa para que puedan conocer el trabajo que realizan y con ello fortalecer la oficina de Ayacucho.
¿Cómo articulará su trabajo esta oficina con la Defensoría del Pueblo o la Mesa de Concertación?
Se convocará a una reunión con estas y otras instituciones para determinar cuál es el rol que se cumplirá dentro de esta institucionalidad que se quiere construir. Esperamos que cada una de ellas asuma una responsabilidad dependiendo de qué tipo de conflictos se presenten y de quiénes sean las organizaciones involucradas.
¿Con qué presupuesto contará esta oficina de Prevención y Gestión de Conflictos?
Se elaborará un proyecto de inversión pública para dotar de recursos a esta oficina y con ello se fortalecerá las capacidades de intervención del gobierno regional en la gestión de los conflictos sociales.
¿Cuáles son las competencias que tiene un gobierno regional para abordar los conflictos sociales?
Al igual que cualquier otra institución como la Defensoría del Pueblo, la iglesia, la Mesa de Concertación, el gobierno regional también interviene en este tipo de asuntos. Pero debemos entender que todos, de alguna manera, estamos involucrados y tenemos la responsabilidad de gestionar soluciones en estos asuntos que son bastante delicados y requieren de la intervención de muchas instituciones.
Hay conflictos que el mismo gobierno regional genera, ¿podrá esta oficina actuar como mediadora sabiendo que depende de una instancia del mismo gobierno regional?
El gobierno regional no será quien determine la solución, sino será un mediador y otorgará opiniones técnicas.
¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando surjan conflictos con trabajadores del sector Educación, Salud o del mismo gobierno regional?
De igual manera. Tratamos de evitar que se presenten este tipo de escenarios mediante el diálogo con los trabajadores y sus representantes.
Fuente: Noticias Ser
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