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sábado, 2 de julio de 2011

PERÚ: En sus primeros meses nuevo gobierno tendrá dos nuevos proyectos y cuatro ampliaciones mineras

Según datos del Ministerio de Energía y Minas este año dos nuevos proyectos iniciarán sus operaciones:  Xtrata - Tintaya en Cusco y Minsur-Pucamarca en Tacna.  En ambos casos se han dado en algún momento protestas contra los proyectos.
Además, cuatro minas iniciarían sus ampliaciones luego de varios meses de negociaciones con las poblaciones y el Estado, se trata de Shougang en Marcona  - Ica;  Votaratim en Cajamarquilla – Lima; Antamina en Ancash; y el Brocal en Pasco.
Elaboración Perú en Conflicto, datos MEM
Por: Manuel Rumiche
Fuente: Perú en Conflicto

PERÚ: Nuevo gobierno con 21 nuevos proyectos mineros a ejecutarse entre el 2011 y el 2012

Según la cartera de proyectos mineros del Ministerio de Energía y Minas en los próximos meses del  año así como el 2012 existen 21 proyectos mineros a iniciarse lo cuales deberá hacerse cargo, en terminos de ejecución o conflictos con las poblaciones, el nuevo gobierno de Ollanta Humala.
De este grupo , 11 son ampliaciones (minas en funcionamiento que ampliarían sus zonas de explotación) en su mayoría de casos aprobados; 5 con EIA aprobado y en espera de la licencia social; 2 con EIA en evaluación o detenidos los cuales han sido objeto de fuertes conflictos; y 3 casos en exploración.
Si tenemos en cuenta los siguientes años, hasta el 2015,  el número de proyectos mineros ascendería a  36 a lo que se sumarían siete sin fecha exacta de inicio de trabajos.
Es de resaltar que en el “paquete” del 2012 se encontraría los dos proyectos que en los últimos meses desataron fuertes conflictos sociales como son Tía María en Arequipa y Santa Ana en Puno ya que si bien es cierto que en ambos casos el gobierno ha sacado resoluciones deteniendo sus actividades, están no son definitivas.
En el caso de Tía María se sabe que la empresa Southern Perú ha solicitado al presidente electo una reunión para analizar el tema, lo cual ha desatado alarma en la zona del Tambo en Arequipa. En el caso de Santa Ana, sabemos que la empresa apelará al TLC con Canadá para dejar sin efecto la disposición gubernamental.

Elaboración Perú en Conflicto con datos MEM
 Por: Manuel Rumiche
Fuente: Perú en Conflicto / MEM

ANCASH: Región con más conflictos sociales en el país

La representante de la Oficina Defensorial de Huaraz, Villanueva Ramírez, ha manifestado que son alrededor de 27 conflictos sociales vigentes en la región Ancash y que muchos de ellos o en su mayoría no tienen solución inmediata debido a una serie de factores. Estos 27 conflictos activos son una preocupación para toda la población debido a que Ancash ocupa el primer lugar en todo el país seguido de Puno, Cajamarca y Lima.
A nivel nacional son alrededor de 220 conflictos sociales y que muchos de ellos no tienen tampoco solución a la vista y que posiblemente el Gobierno del Presidente Ollanta Humala, tenga que afrontar todo esta problemática social que debido a la falta de interés en solucionarlo por las partes en conflicto, el caso de embalsa. En Ancash, hay zonas como Aija que se encuentran en medida de lucha, ya que la minera Buenaventura ha ingresado a su zona sin contar con la autorización respectiva que debiera haber entregado la autoridad del agua.
La Defensora dijo que hay conflictos en los temas electorales y que el JEE, ODPE, Ministerio Público, PNP, este 05 de julio tendrán que afrontarlo tras los conflictos de las pasadas elecciones municipales del 03 de octubre. El tema de conflictos entre las mineras y comunidades en el distrito huarino de San Marcos, están activas.

Fuente: Diario Ya.

PERÚ: Editorial diario El Comercio: Evitar más conflictos sociales

Mientras que el país vive un proceso de alternancia democrática, lo lógico sería que la población procure facilitar la transferencia
Cuando se pensaba que la calma retornaba al país, tras el acuerdo para resolver el violento conflicto de Puno, han aparecido una serie de nuevas protestas –en Huancavelica, Ayacucho y Lampa, entre otros–, con motivaciones diversas y altamente confrontacionales.
Mientras que el país vive un proceso de alternancia democrática, lo lógico sería que la población procure facilitar la transferencia y se dé una tregua al nuevo gobierno. Lo que se vive, por el contrario, parece buscar la desestabilización y la crispación para afectar la gobernabilidad del país.
Es necesario recuperar el orden y la calma. Los problemas deben resolverse dentro de los cauces del diálogo, la ley nacional y el principio de autoridad. Y el actual gobierno debe procurar, hasta el último día de gestión, acercarse a negociar –no simplemente a ceder– con los líderes que reclaman equivocadamente. El gobierno del presidente electo Ollanta Humala deberá también ir fortaleciendo la política de prevención de conflictos sociales.
En este contexto resulta oportuna y atendible la propuesta de la jefa del Gabinete, Rosario Fernández, para involucrar aun más a la Defensoría del Pueblo (que registra 227 conflictos en ciernes) en la prevención y solución de conflictos. Adecuada ha sido, también, la respuesta del defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, quien ha reiterado su disposición para trabajar con el Ejecutivo.
En este escenario urge crear consenso parlamentario y gubernamental para aprobar la ley de consulta, en cumplimiento de la normativa internacional de la OIT para que la voz de las comunidades sea escuchada. El nuevo Gobierno y el nuevo Congreso tienen que actuar apropiadamente para recuperar la paz social, abrir más y mejores canales de diálogo y preservar la gobernabilidad democrática, dentro del orden constitucional.
Corresponde a nuestras autoridades brindar a las comunidades y poblaciones tanto las herramientas legales necesarias para que sus derechos no sean amenazados, cuanto las vías para resolver pacíficamente lo que es percibido como amenaza (sea de incompatibilidad entre actividad minera y agraria, desacuerdo sobre la repartición del canon o la presunta acción corruptora de un rector, como en la universidad de Huamanga).
Fuente: Diario El Comercio

PUNO: Para Brack sacar minería informal del río Ramis es imposible

A menos de una semana de la violenta protesta realizada por pobladores de la provincia de Azángaro, en Puno, reclamando la descontaminación de la cuenca del río Ramis, que causó cinco muertos y cuantiosos daños materiales, el ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, sostuvo que poner orden en la minería informal que ocupa la zona de La Rinconada “es prácticamente imposible”.
“En el río Ramis, desde que yo entré de ministro, hace tres años, tenemos ahí trabajando a un grupo de profesionales para evaluar todo lo que hay que hacer. Pero hay un problema gravísimo, en la parte alta del Ramis, que se llama La Rinconada, hay al menos 5 mil mineros informales con maquinarias, etc., y poner orden ahí es prácticamente imposible”, sostuvo Brack durante un evento en una universidad privada.
El Titular del Ambiente hizo estas declaraciones, pese a que el 16 de junio el gobierno emitió el Decreto de Urgencia Nº 028-2011, que declara de interés nacional y de ejecución prioritaria la recuperación ambiental de la cuenca del río Ramis y del río Suches, en Puno.
Asimismo, tras la violencia desatada en Juliaca, mediante el Decreto de Urgencia Nº 035-2011 se dictaron normas complementarias al DU Nº 028, que establecen que los proyectos destinados a la limpieza de las cuencas de ambos ríos cuenten con estudios de preinversión aprobados y declarados viables que según el SNIP serán priorizados y financiados por los ministerios correspondientes.
Por otro lado, es así que en la línea de lo señalado por el presidente Alan García, el ministro Brack Egg consideró que “es en el próximo gobierno donde se tiene que afrontar el tema de la minería informal que está creciendo en forma espantosa”.
Agregó que se trata de un tema “que tiene que afrontar el Perú a futuro” porque, así como en Madre de Dios, son miles y miles que no quieren formalizarse. Consideró que resolver estos problemas debe ser una política de Estado y no solo un tema del gobierno de turno, e indicó que es necesario diferenciar la minería pequeña y la artesanal, porque en Madre de Dios y La Rinconada hay mineros camuflados como artesanales y pequeños que usan maquinarias y dragas que valen 3 millones de dólares. “Eso ya no es minería pequeña”, dijo.
Si bien reconoció que es necesario trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales, sostuvo que en los últimos cuatro años fue imposible avanzar con el presidente regional de Puno. Además, calificó a Puno como “la capital de la informalidad en el Perú”, donde el contrabando, el narcotráfico y la minería aurífera informal son problemas estructurales; en un país donde el 75 % de la actividad económica es informal, “eso lo tiene que resolver el país como Nación”.
Sin embargo, descartó que los últimos decretos emitidos no tienen que ver con la solución de este problema sino con una protesta de dos provincias de Puno que no quieren actividad minera, e indicó que la cancelación de la licencia a la mina Santa Ana, probablemente busque el establecimiento de minería informal en la zona.
“Posiblemente donde se ha eliminado la mina Santa Ana que, según estudios, es una de las minas de plata más grandes del mundo, entonces ahí va a entrar minería informal”, indicó.
Recordó que la intervención contra la minería informal en Madre de Dios fue una decisión sumamente dura, pero que fue preparada con cerca de año y medio de anticipación, y a pesar de eso “se ha quedado a medio concluir”. Reiteró que la solución de un problema como el de la minería informal se arreglará “en cinco, seis, diez años, no se arregla en menos tiempo”, finalizó.
Fuente: Diario 16

PIURA: Acusan a Marisol Espinoza de impulsar conflictos sociales en la región

Los conflictos sociales que afrontará el gobierno de Ollanta Humala no serán nada fácil, más aún si la próxima vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, está involucrada en los conflictos sociales que aquejan a Piura, así lo afirmó el especialista en temas mineros e investigador del Instituto Perú de la universidad San Martín de Porres, Miguel Santillana.
Consideró que detrás de las protestas entre la Asociación de Transportistas de Máquinas Pesadas y otros servicios (ATRAMS) contra la empresa minera explotadora de fosfatos de Bayóvar Vale do Río Doce, se encuentra la congresista nacionalista y electa vicepresidenta, Marisol Espinoza.
“Vale do Río Doce ha comprado los fosfatos de Bayóvar. Se hizo un acuerdo con la Municipalidad de Sechura y cuando la empresa brasileña quiere entrar en operaciones para la producción comercial, la congresista Marisol Espinoza fue a decir a los piuranos que deberían revisar los contratos que se firmaron y ser los contratistas de la obra. Ahí se generó un problema”, sostuvo Santillana.
En ese sentido, expresó que es de pésimo gusto que la virtual vicepresidenta electa esté “metida” en un problema que agrava la conflictividad en Piura. “Imagínense el nivel de autoridad que promueve un conflicto social. Vale do Río Doce es una de las empresas más grandes del mundo y que se ha tomado, entre tres y cuatro años, en hacer el diseño del minado y la extracción de fosfato, y cuando van a empezar a producir surge este problema que organiza Marisol Espinoza”, expresó.
El pasado 13 y 14 de junio ATRAMS y el Frente de Defensa de Piura realizaron un paro, bloqueando el puente de acceso a la provincia y la salida a Parachique y Bayóvar para exigir a dicha empresa que contrate mano de obra piurana. La medida de protesta fue acatada por todas las empresas de transportes interprovinciales y los gremios de pescadores y marisqueros.
Ante estos reclamos, la Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de Vale do Río Doce en Perú, Úrsula Mc Lean, subrayó que la compañía cuenta con más de 300 trabajadores (41%) entre obreros y profesionales propios de la provincia de Sechura dedicados a las obras de movimiento de tierra que permite la construcción de la planta de fosfatos.
Santillana recomendó al próximo gobierno poner atención en otros conflictos sociales que estarían por estallar en los próximos meses en Huancavelica, Cusco y Arequipa, todos ellos relacionados con problemas socioambientales.
“Para el próximo gobierno, muchas regiones van a pedir conversar con el presidente Ollanta Humala, en función de las promesas que ha hecho. Todo el sur ya se siente engañado por el balón de gas de 12 soles. Los sectores que votaron por Humala están marcando el terreno, le están diciendo votamos por ti, así que acuérdate de nosotros que tenemos una agenda”, puntualizó.
Fuente: Diario 16

PERÚ: Regiones con mayor pobreza y más conflictos sociales por minería votaron por Gana Perú

De las 10 regiones con mayor índice de pobreza en el país, nueve dieron su respaldo a Gana Perú del presidente electo Ollanta Humala, de las cuales seis mineras (Huánuco, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Ayacucho y Puno) son consideradas como las mayores productoras mineras (oro, plata y cobre), en tanto, cinco son las que presentan el mayor número de conflictos socioambientales.
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Un informe de Viceversa Consulting explica que no extrañará que en unos meses en algunas de esas regiones se presenten voces de protestas, exigiendo al nuevo gobierno medidas en cumplimiento de promesas hechas en la campaña electoral. "Pedirán soluciones inmediatas", agregó.
MAYOR PRODUCCIÓN, MÁS CONFLICTOS.
Del mismo modo, de las 10 regiones con mayor votación de Gana Perú, cinco son a la vez las de mayor pobreza monetaria, las que presentan menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), mayor producción minera y mayor número de conflictos socioambientales.
Estas regiones son Puno, Cusco, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.De estas 5 regiones, en Puno (73.3%) y Cusco (72.6%) el humalismo obtuvo los más altos porcentajes de votación.

Fuente: Diario Correo