Con el arribo, hoy, de los tres
peritos que evaluarán el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga, el premier Óscar
Valdés inicia su periodo determinante como primer ministro después de haber
superado un periodo de tensas relaciones con la pareja presidencial que produjo
rumores de su renuncia.
Valdés expresó en privado su
molestia por la intermediación de la esposa del presidente, Nadine Heredia, en
tareas de gobierno, una función que ella realiza cada vez con mayor firmeza y
que es generalmente aceptada por los ministros. Aunque esta incomodidad
trascendió en Palacio de Gobierno –donde funcionan las oficinas del Presidente,
la primera dama y el premierato– no dio lugar a una controversia abierta, y oficialmente
no se admite que hubo problemas internos.
—Hubo tensiones, pero jamás
estuvo en juego el cargo del primer ministro —dijo una fuente encumbrada.
Nadine, Abugattás
El rol de Heredia en el gobierno,
que en ocasiones transmite indicaciones de Ollanta Humala y a veces las
propias, es difícil para cualquier primer ministro. Estas indicaciones son
ocasionalmente a subordinados al premier dentro de la PCM o incluso a
subordinados de otros ministros. En el gobierno es aceptado el liderazgo propio
de Nadine, su buen juicio y el hecho de que “está pendiente de todo”, de
acuerdo con diversas fuentes del Poder Ejecutivo.
Valdés, quien ha declarado públicamente que “cuando los
ministros hablan con la señora Nadine
sobre temas de su sector me dan cuenta de ello”, ha tenido que
acomodarse a un tercer actor entre él y el Presidente. Parte de este acomodo ha
sido coordinar continuamente con Humala, con quien, al mismo tiempo, se
entiende fácilmente en una serie de temas y objetivos comunes de gobierno.
Por otra parte, el Premier ha
debido limar asperezas con la bancada nacionalista en el Congreso, donde un
sector no lo aprecia. Este año, además, Valdés experimentó un par de malos
momentos con el presidente del Congreso, Daniel Abugattás: uno, porque el Poder
Ejecutivo, pese a un requerimiento especial, no protegió adecuadamente la sede
del Congreso cuando una multitudinaria manifestación la sitió dos días para
exigir el funcionamiento de una universidad recién creada que carecía de
presupuesto. El culpable, según los quejosos, era Abugattás. El otro fue cuando
el presidente del Congreso se retiró abruptamente de una reunión entre
parlamentarios de Gana Perú y el Poder Ejecutivo en la PCM. Estaba convocada
para hablar informalmente, pero cuando Abugattás se sentó comprobó que cada
congresista tenía una carpeta con una agenda de lo que se trataría: leyes que
debían y no debían ser aprobadas. Antes de irse, protestó.
En enero, Valdés fue criticado
públicamente por la vicepresidenta Marisol Espinoza por expresiones críticas a
la CVR, y otros miembros de la bancada tienden a estar más identificados con
las protestas regionales que con los planteamientos del Ejecutivo. Es, por
ejemplo, el caso de Natalie Condori y Juan Pari, de Tacna, cuyas autoridades
objetan los proyectos mineros de Southern en la zona. Sin embargo, las
declaraciones de Espinoza no fueron sopladas desde Palacio de Gobierno, y la
conducción de la bancada respaldará a Valdés en el tramo que le queda. En
algunos casos, a regañadientes.
Los tecnócratas
Valdés trabaja cómodamente con el
grupo de los tecnócratas, cercano al ministro Luis Castilla, cuyos miembros más
conspicuos son Jorge Merino, de Energía y Minas, y José Villena, de Trabajo. El
premier no hizo suyas las aspiraciones de su antecesor, Salomón Lerner, quien
pretendía una reorganización
institucional que lo tuviera al frente de asuntos más importantes. ¿Por qué los
bomberos tenían que depender de la PCM? ¿Y por qué el Indeci y el INEI? Lerner
quería bajo sus fueros a la Autoridad Nacional del Agua, al Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), a Proinversión.
El primero estaba en Agricultura, y era reclamado insistentemente por el
ministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, quien argüía que, según la ley, le
pertenecía. Pero ni aun en el gabinete
Lerner se quería correr el riesgo de que el agua sea administrada por los ambientalistas.
Sin embargo, tampoco avanzó el plan de que estuviera dentro de la PCM. Por sus
características, es una mudanza complicada, que debe desarrollar capacidades
que favorezcan la agricultura, la minería responsable y un sinnúmero de
actividades productivas.
En cambio, Proinversión y Fonafe
estaban bajo el dominio del MEF, y Luis Castilla no se mostró dispuesto a
soltarlos fácilmente. Y no solo por una
razón institucional:
—¿Te imaginas Proinversión y
Fonafe en manos de Carlos Tapia y Sinesio López? Demasiado riesgo
—dijo un miembro de los
tecnócratas.
Dentro del gabinete Valdés,
Castilla está empeñado en impulsar el crecimiento y garantizar la inversión
minera, una tarea cuyo primer paso es lograr que el proyecto Conga se realice
inmediatamente después de concluido el peritaje de los tres expertos que
inician su trabajo mañana. En este sector se da por descontado que este
peritaje no presentará objeciones de fondo al EIA de Yanacocha.
Acompaña en este esfuerzo a Castilla, desde el MEM, Jorge Merino, un
ministro que como el del MEF entró al gabinete gracias al apoyo de Nadine
Heredia. Está completamente comprometido con la industria, al punto de que un
asesor gubernamental bromeó:
—Merino quiere que los proyectos
de inversión minera se realicen por las
buenas o por las malas, y si es por las malas, mejor.
La hora de los peritos
El gobierno prefiere que el
titular del MEM no haga muchas declaraciones porque podría contribuir a dar la
imagen de un presidente prominero. En un momento en el que las protestas
sociales empiezan un curso ascendente, Humala es percibido como alguien
interesado en favorecer a toda la población, no a una empresa minera.
Por la misma razón se decidió que
ni Merino ni el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, que rechazó una
oferta de trabajo de Yanacocha antes de entrar al gabinete, tuvieran a su cargo
la selección de los peritos. Esta pasó a ser responsabilidad de la Oficina de
Gestión de Conflictos Sociales de la PCM. La PCM puso a su disposición diez
especialistas que cumplían requisitos de excelencia profesional, y de los
mismos quedaron tres, previo informe de Walter Obando, un experto en gestión
ambiental de recursos hídricos especialmente contratado para supervisar el
peritaje.
Un miembro del anterior gabinete
desconfió de la selección. “¿Quién ha confeccionado la lista larga?
—preguntó—: Castilla,
Proinversión, Merino, eso ni dudar”. Otra fuente aún en el poder dijo que
Obando realizó su trabajo sin interferencias. Por otra parte, las credenciales
de los elegidos son impecables.
Sin embargo, póngase atención a
estos hechos demostrados: 1) la PCM pone a disposición de la OGCS los nombres
de diez posibles peritos; 2) La OGCS cursa cartas a todos para invitarlos al
proceso de selección; 3) solo cinco de los diez
envían propuestas económicas; 4) una de las propuestas es demasiado
elevada y se descarta, quedando cuatro postulantes; 5) de los cuatro, se
escogen tres; 6) de los tres escogidos, deserta uno (ver recuadro), quedando
solo uno “por elegir”; 7) la PCM añade otro nombre, con lo cual la OGSC tiene
para elegir entre dos; 8) La OGCS escoge el último nombre.
Conclusión: más que un proceso de
selección, los peritos de la lista larga se “autoeliminaron”. La OGCS se limitó
a verificar sus competencias profesionales, todas ellas imponentes a la luz de
los currículos.
En este ambiente de desconfianza
transcurrirán los cuarenta días de plazo que tienen los peritos para entregar
su informe. La semana que viene se producirán las presentaciones y los viajes
de campo, y luego cada perito se irá a su país para elaborar su documento.
Oficialmente deberán decir si las medidas previstas en el EIA de Conga mitigan
suficientemente los impactos al agua en la zona, y qué medidas deben adoptarse
para una mayor disponibilidad del recurso. Al final, en abril, el gobierno va a
tener que enfrentarse o con la empresa o con los sectores que se oponen al
proyecto. Esa será la hora cero para Valdés.
El fundador de Buenaventura y
principal socio de Newmont en el proyecto Conga, Alberto Benavides de la
Quintana, ha dicho que Yanacocha aceptará la opinión de los peritos. No es
difícil profetizar que, salvo que los peritajes digan que los impactos no
podrán ser adecuadamente mitigados, el presidente regional de Cajamarca,
Gregorio Santos, se opondrá. Ya está preparándose para pelear.
Haciendo un paralelo con lo que
ocurrió en los dos últimos meses del 2011, es posible ver si este gabinete está
en mejor posición que el anterior para
enfrentar el conflicto que se viene.
Recuerdos útiles
Humala negoció directamente con
Yanacocha la paralización de actividades de Conga y luego le pidió al entonces
premier Salomón Lerner que hiciera el anuncio en conferencia de prensa, al
costado de Carlos Santa Cruz, el vicepresidente de la empresa. Lerner lo hizo
obligado por las circunstancias, y este fue uno de los factores que lo llevaron
a renunciar poco después.
El segundo factor fue que el
entonces primer ministro y el Presidente nunca llegaron a ponerse de acuerdo
con los cambios de ministros que eran convenientes antes de que culminara el
2011. Al comienzo del gobierno, entre ambos hubo el acuerdo fallido de que los
economistas Óscar Dancourt y Félix Jiménez irían al BCR y Kurt Burneo al MEF. Cuando, a instancias de Nadine
Heredia —influida, a su vez, por quien sería jefa de la Sunat, Tania Quispe— el
titular del MEF terminó siendo Luis Castilla y Julio Velarde presidente del
BCR, Humala y Lerner volvieron a sentarse para ver qué hacer con los
desplazados. Pero hacia el fin de año, con el problema de Conga encima, ya no sería posible hacer un gabinete que
complaciera a ambos.
Lerner y Humala sostuvieron entre
sí dos conversaciones a profundidad, una con Nadine Heredia y la segunda sin
ella. Al final de esta última, celebrada a fines de noviembre, el Presidente ya
sabía que el primer ministro abandonaría definitivamente el gobierno. La
renuncia, sin embargo, se daría a conocer cuando Humala hubiera terminado de
conformar su próximo gabinete. Ocurrió el 10 de diciembre.
A diferencia del actual gabinete,
que tiene mayor cohesión, en el anterior había tendencias contrapuestas. Humala había pedido despedir a los dos
viceministros del Ambiente, Eduardo Cabieses y
De Echave, responsabilizando al
primero de haber autorizado un ordenamiento territorial de Cajamarca a gusto de
Gregorio Santos. El segundo había coordinado la confección de un informe
ministerial crítico al EIA de Conga que fue publicado por IDL Reporteros.
Lerner defendió a Cabieses sosteniendo que el ordenamiento acordado era inocuo,
y aseguró a Humala que él, y no alguien
del equipo del Ministerio del Ambiente, había filtrado el documento.
Por entonces Lerner pensaba, y
quizá lo piense todavía, que era posible llegar a un acuerdo con Yanacocha que
satisficiera al presidente regional de Cajamarca. Para ello tenía que
presionarlos muy fuertemente. Considerándolo así, tiene sentido que viera en el
informe del Ministerio del Ambiente un punto de apoyo a su negociación. La
interpretación común que se ha dado a este informe, sin embargo, es que sirvió
a los intereses del débil paro que había comenzado en Cajamarca.
Este hecho marca otra diferencia:
el año pasado, por lo menos un sector del gobierno creía que era posible un
entendimiento con un sector de los antimineros de Cajamarca. Ahora esa convicción no la defiende nadie en el
Ejecutivo.
¿LA HORA DE ELLA?
También creía Lerner que podía
convencer a Patria Roja de que juntarse con los más radicales de Cajamarca para
vetar a la minería le representaría un mal negocio. Pero Humala quería resolver
las cosas de una vez y le pidió a la empresa suspender momentáneamente el proyecto mientras el
gobierno creaba nuevas condiciones. Humala, por lo demás, guarda malos
recuerdos de Patria Roja de la campaña electoral. No quiso apoyarlo, y prefirió
negociar con Fuerza Social, aunque después el acuerdo no se concretó y se quedó
en el aire.
Por el momento, la posibilidad de
concertar con Santos es considerada una tarea extremadamente difícil en el
gobierno, ante la intransigencia demostrada por el líder regional. Aunque al
premier Valdés se le acusa de no tener voluntad de diálogo, es posible que
luego del peritaje, e incluso antes, haga esfuerzos explícitos por reunirse con
Santos. Pero no espera demasiado.
—Hay que dialogar, intentarlo
seriamente, pero también es necesario un plan B —dijo una fuente de la PCM.
Es indudable que para todo efecto
es fundamental el grado de credibilidad que despierten los resultados del
peritaje y su forma de presentación del Ejecutivo. ¿Lo hará Valdés solo?
¿Intervendrá nuevamente Ollanta Humala para zanjar? El escenario posterior al
peritaje aún no se discute en el Ejecutivo. El dirigente antiminero Marco
Arana, considerando inapropiado a Valdés, ha sugerido la participación de la
esposa de Humala. Ha encomiado su intuición,
su capacidad de influencia y su creencia de que el agua y el medio
ambiente son una oportunidad de unión. “Tal vez los ministros y el Presidente
la debieran escuchar”, ha dicho.
¿Será también la hora de Nadine?
Dos que se retiran
Al comienzo del proceso, la
Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM estableció una lista de diez
peritos para ser invitados a la selección. Entre ellos estaban tres de los
peritos que inicialmente serían seleccionados: los españoles Rafael Fernández
Rubio y Luis López García y John M. Sharp Jr. De los diez, solo enviaron propuestas
económicas cinco, entre ellos los mencionados. Everton de Oliveira, un geólogo
de Sao Paulo y doctorado en Canadá, presentó una propuesta de honorarios de 312
mil dólares, tres veces más que la de Rafael Fernández, la segunda más alta.
Fue, por ello, desechado.
López García cobraba 60 mil
dólares y Sharp 68 mil. Este último, sin embargo, recibió información de que su
expedición a Conga podría ser peligrosa y planteó hacer el trabajo desde su
estudio en los Estados Unidos. Al ser rechazado, entró a tallar el portugués
José Martins Carvalho. Debía confrontarse con Alan L. Mayo, un geólogo de San
Diego, y al final obtuvo las preferencias.
Fuente: La República
