Alfonso García Miró, presidente de la Confiep
Empresario destaca disposición de mineras de aceptar nuevas reglas de juego en pos de lograr la paz social, y cuestiona peritaje alterno de Robert Morán por considerarlo ideologizado. No justifica visitas de empresarios a Antauro Humala para pedir favores.
Usted señaló que las partes tienen que subordinarse al resultado del peritaje al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Conga, aun cuando tenga un componente de modificación. ¿Cree que Yanacocha esté dispuesta a modificar su controvertido EIA?
Sí porque la industria minera necesita estabilidad para sus inversiones que son de largo plazo. Por tanto, cualquier recomendación de mejora de su EIA va a redundar en una mejor relación con las comunidades. Entonces no tengo la menor duda de que cualquier modificación al EIA va a ser en beneficio de todos.
Se lo preguntaba porque Carlos Santa Cruz, vicepresidente de Newmont para Sudamérica, dijo que el EIA de Conga cumple los más altos estándares requeridos y que no se iban a rendir para sacar el proyecto...
Lo que veo ahí claramente son las declaraciones del representante de una empresa minera diciendo que van a primar la sensatez, el sentido común, la racionalidad antes que la ideología y las pasiones.
En todo caso, el peritaje al EIA no supone declarar inviable el proyecto que es lo que piden las organizaciones de Cajamarca...
Proyectos de esa magnitud pasan necesariamente por un análisis de viabilidad (...) Ningún inversionista de la importancia de Newmont va a decidir participar en un proyecto de US$ 4.800 si no hay estudios que le aseguren que es viable. Ahora, una cosa es contratar a los mejores expertos para determinar si el proyecto es viable, y otra, que haya distintos puntos de vista de enfrentar un proyecto minero.
¿Se refiere al peritaje de Robert Morán?
Efectivamente...
Al parecer habrá peritajes convenientes a cada parte...
No es así. Creo que la industria minera es científica y académica. El análisis de esos proyectos debe desapasionarse, porque si uno va a contratar a peritos con carga ideológica y con prejuicio previo en relación con la minería claramente va a desviarse un análisis técnico.
¿Está descalificando el peritaje de Morán?
Yo hablo por los hechos objetivos. Uno de los componentes del grupo que ha hecho el peritaje del señor Morán pertenece a una ONG antiminera.
No parece posible una solución con posiciones encontradas y dos peritajes...
Creo que debe haber un reconocimiento de que una intervención, sea minera, sea urbana o de la que fuera, siempre va a tener una modificación del medio ambiente.
¿No cuestiona a los peritos seleccionados por el gobierno?
No es que no cuestionamos, sino que confiamos en que el gobierno ha hecho una elección suficientemente objetiva y neutral. Además, hay un escenario nuevo que modifica las reglas de juego para la inversión minera, y las empresas las han aceptado.
¿Por qué las aceptan?
Es de interés de las mineras tener paz social, porque eso protege su inversión. Además, hay intereses que confluyen, como los del gobierno, que sabe que con mayor inversión puede cumplir con la inclusión social. Pero también hay grupos reducidos con otros intereses.
¿Se refiere a las ONG?
Y también a autoridades que tiene una alta carga ideológica que se eligen a partir del voto de los pobres, de los abandonados, de aquellos que no tienen acceso a la educación. Esas personas lamentablemente viven llevadas de la mano por líderes regionales ideologizados.
¿No es menospreciar la inteligencia de la gente de las comunidades decir que son manipulados?
Bueno, hay varias explicaciones. Una buena parte son poblaciones marginadas por el Estado y nadie ha suplido el abandono. Esas personas tienen legítimos reclamos que, dependiendo de cómo estén conducidos, de manera positiva o perversa, terminarán siendo atendidos.
El gravamen minero o el peritaje a Conga no fueron iniciativas propias. ¿Qué hacen las mineras para acercarse a la comunidad?
Para comenzar, las mineras ahora tienen mucho más publicidad e información dirigida específicamente a explicar a las poblaciones. También veo un desprendimiento de empresas que están empezando a incorporar más inversión de lo que originalmente estimaron, en proyecto en desarrollo de las comunidades.
¿Podría decirme en qué porcentaje aumentó esa inversión?
No, porque estaría mintiendo. Es muy complejo determinar el volumen de las inversiones mineras, y es indeterminado el monto que están invirtiendo todos los días porque siempre hay programas nuevos.
De otro lado, el país soporta las protestas de mineros informales, ¿cuál es su posición?
No voy a referirme a la minería informal, sino a la minería ilegal; y creo que por una cuestión de principios, en el Perú no se puede permitir ninguna actividad ilegal.
¿No se debe retroceder, entonces, en los decretos que penalizan esa actividad?
La minería ilegal, como el contrabando, narcotráfico o el crimen organizado, son delitos y, por tanto, deben ser penados con cárcel. La minería ilegal destruye el medio ambiente, se apropia ilícitamente de la propiedad de todos los peruanos, evade impuestos y tiene a personas trabajando rayano con la esclavitud. Todos debemos apoyar al gobierno en combatir esta actividad.
Se ha revelado que personas naturales y hasta empresas, entre ellas una minera, recurrían a Antauro Humalo para pedirle favores.
¿Qué opina sobre ello?
En el Perú hay más de 4 millones de empresarios y no conozco a minera Las Palmeras, pero como en todo grupo hay regla y excepción. La regla en el Perú es que las empresas son honestas, contribuyen al desarrollo del país, pero claro que hay excepciones. Nosotros representamos a las empresas que no generan actos de corrupción.
No justifica entonces que por evitar conflictos sociales se recurra a cualquier persona...
No, nosotros preferimos a los empresario honestos y escrupulosos, de trayectoria moral, razonablemente intachable.
¿Qué pasaría si esta semana se descubre que uno de sus asociados también visitó la celda de Antauro?
Las empresas están formadas al final por personas, y no creo que una empresa tenga deliberadamente la intención de incumplir moralmente sus compromisos. En este caso, creo que son culpables las personas.
¿Cómo definiría la relación actual entre el gobierno y el empresariado?
Cada uno haciendo lo suyo, en el esfuerzo por sacar al país adelante.No somos aliados, sino complementarios.
Fuente: La República
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