Las comunidades campesinas y organizaciones sociales de varias provincias exigieron al gobierno regional de Apurímac que declare zonas intangibles y “reservas hídricas libres de minería” las cabeceras de cuenca de los ríos Antabamba y Aymaraes.
Durante el Primer Encuentro de Comunidades de la Sub Cuenca del río Antabamba y Aymaraes llevada a cabo el pasado 20 de octubre denunciaron que las cabeceras de cuenca de los ríos se encuentran en peligro por la presencia de los megaproyectos mineros que llevan a cabo las empresas Buenaventura y Southern Peru Copper Corporation, entre otros.
La preocupación de las comunidades de las provincias de Antabamba y Aymaraes ya se había manifestado durante el Foro Regional de los Pueblos celebrado en la ciudad de Abancay, una semana antes, en el cual se demandó la conformación de una Comisión de la Verdad sobre los impactos mineros en el Perú.
Entre las principales demandas de ambas provincias figura la cancelación y derogatoria de todas las concesiones mineras por haberse otorgado sin consulta ni consentimiento previo de las comunidades y que se entable un proceso de Zonificación Económica Ecológica para un adecuado ordenamiento territorial con participación de las comunidades.
Otra de las demanda es que el ministerio del Ambiente sea el único ente rector y regulador encargado de definir y aprobar los estudios de impacto ambiental para las actividades extractivas en el Perú.
Respecto a la Ley de Consulta Previa reconocieron la reivindicación política de las comunidades mediante esta norma a pesar de sus vacíos técnicos y pidieron avanzar hacia una ley marco para los pueblos indígenas y originarios.
Respecto al ente rector de los pueblos indígenas exigieron la restitución del Indepa de acuerdo a su ley de creación, con rango ministerial.
Denunciaron que los comuneros de Tapayrihua vienen siendo criminalizados por los operadores judiciales en complicidad con Southern Perú, por lo que exigieron la derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social, solicitando a la Defensoría del Pueblo, al ministerio del Interior y a las instancias de derechos humanos que investigue y levante un informe sobre los excesos de la función policial en la región Apurímac.
I Encuentro de Comunidades de la subcuenca de los ríos Antabamba y Aymaraes
Acuerdos y conclusiones
Nosotros, las comunidades y pueblos de Antabamba y Aymaraes, así como las organizaciones representativas como FREDIPA, CORECAMI APURIMAC, reunidos en el I PRIMER ENCUENTRO DE COMUNIDADES DE LA SUBCUENCA DEL RIO ANTABAMBA- AYMARAES, en la comunidad de Antabamba, el 20 de octubre del presente año, convocados por la Comisión Organizadora de la sub cuenca; analizamos los problemas en nuestras comunidades y coincidimos e identificamos que, todo el trayecto de la cuenca del río Antabamba-Aymaraes y toda nuestra región, rico en recursos naturales y Biodiversidad se ve seriamente afectadas por el cambio climático, nuestras comunidades y su población, que depende de dichos recursos experimentan y ven con preocupación e indignación, como esta situación se multiplica y sigue en avance, vulnerando nuestros derechos fundamentales.
Asumiendo como principal y directo responsable de esta crisis, a la aplicación del modelo neoliberal extractivista imperantes no solo en nuestro país, nuestra región y nuestras comunidades sino también en la mayor parte del mundo. Frente a lo cual nuestras comunidades se unifican y fortalecen, con el fin de proteger nuestra biodiversidad, medio ambiente, territorio, recursos naturales y en esencia nuestras propias vidas, apelando al respeto a nuestros derechos.
Entonces, es en este escenario nacional y regional de las comunidades de Antabamba y Aymaraes de Apurímac, agrupadas en adelante en la reciente FEDERACIÓN DE COMUNIDADES DE LA SUB CUENCA DE ANTABAMBA-AYMARAES constituido en el I encuentro de comunidades de la sub cuenca del río Antabamba-Aymaraes.
Presentamos nuestras demandas y conclusiones al gobierno y a todas las instancias de competencia y publico en general, Tales propuestas y conclusiones responden a un arduo trabajo de debate y análisis, profundizado durante el I encuentro de las comunidades de la sub cuenca del río Antabamba y Aymaraes llevados acabo el 20 de octubre, del 2011, en la comunidad Matriz de Antabamba. Reafirmándonos en nuestra obligación moral y el derecho de exigir la inclusión y respeto a nuestras demandas y propuestas.
Exigimos:
Que las cabeceras de cuenca del río Antabamba y Aymaraes están en peligro por la presencia de grandes proyectos mineros como es de la empresa minera Buenaventura y Southern Peru Copper Corporation y otros, por ende la dotación de agua para uso agropecuario y de consumo humano estaría en riesgo, por ello exigimos a los alcaldes provinciales de Antabamba – Aymaraes y al Gobierno Regional declarar las cabeceras de cuenca del río Antabamba y Aymaraes como zonas intangibles y de reserva hídrica, zonas libres de minería.
1,- Nos ratificamos en que la Ley de Consulta Previa aprobada, es un avance en la reivindicación política de las comunidades y pueblos indígenas, pero también reconocemos, que tiene vacios técnicos en su contenido; por lo que exigimos que se precise y defina esos vacios en la reglamentación de la Ley de Consulta Previa y se avance hacia una ley marco para los pueblos indígenas y originarios.
2.- Nos aunamos a la posición de que las comunidades y pueblos indígenas, necesitamos un espacio de diálogo directo con el Estado Peruano en igualdad de condiciones para ello exigimos la restitución del INDEPA de acuerdo como fue creado con la ley primigenia con rango ministerial.
3.- Las comunidades, convenimos y acordamos que los proyectos mineros asentados en la cabecera de cuenca del río Antabamba y Aymaraes no ah sido bajo consentimiento ni conocimiento de las comunidades ubicados en toda la cuenca, por lo tanto carecen de legitimidad; por lo que EXIGIMOS LA CANCELACIÓN, DEROGATORIA de todas las concesiones mineras en Apurímac, y se entable un Proceso de Zonificación Económica – Ecológica, para un ordenamiento territorial con participación de las comunidades. Así mismo exigimos la Creación e implementación de una Comisión de la Verdad, con respecto a la Minería la cual se encargue de investigar el desempeño de la Minería, desde la época de los 90, para que en un plazo razonable se informe al país y a la nación la situación real de los impactos sociales y ambientales ocasionados por la Minería. Así mismo proponemos al Ministerio del Medio Ambiente como principal y único Ente Rector y Regulador, para definir y concretar los estudios de Impacto Ambiental.
5.- Nos solidarizamos con los hermanos de la comunidad de Tapayrihua que vienen siendo criminalizados por los operadores judiciales en complicidad con la Empresa Minera Southern Perú, no permitiremos, que se sigan hostigando y judicializando a nuestro dirigentes y líderes comunales. Exigimos Derogatoria revocante de los Decretos Legislativos que criminalizan la protesta social, instamos a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y a las instancias como Derechos Humanos; investigue y levante un informe sobre los excesos de la función policial, judicialización y criminalización a dirigentes comunales y líderes sociales en la Región de Apurímac.
6.- Exigimos, la restitución del Derecho de Propiedad al Territorio, que se nos fue quitado con la llegada de los españoles y la instalación de la colonia, habiendo pasado ya más de 190 años de vida republicana, hasta hoy no se nos ha restituido este derecho a las comunidades, forma en la que los pueblos originarios estamos organizados.
8.- Las comunidades y pueblos de Antabamba y Aymaraes instamos a todas las comunidades campesinas de Apurimac a asumir el rol histórico del ejercicio del poder comunal y control territorial como medida para hacer respetar nuestros derechos comunitarios.
9.- El aumento de la minería informal en territorios comunales es una amenaza a nuestro desarrollo comunal esta actividad ilícita viene siendo promovido muchas veces por agentes y operadores de las empresas transnacionales, quienes proveen de insumos para luego comprar el material mineralizado, estas empresas transnacionales vienen generando enfrentamientos entre comuneros, esta nueva forma de conflictos se da para justificar la entrada de empresas mineras transnacionales a territorios comunales el cual viene haciéndose con complicidad de autoridades regionales y locales por lo que denunciamos y alertamos a todas la autoridades competentes. Para que se tome las medidas necesarias.
10.- Responsabilizamos, al gobierno nacional, Regional, Local y a las Empresas Mineras de las consecuencias y medidas que las comunidades vayamos a tomar, para defender nuestros territorios y nuestras propiedades colectivas, de los abusos y contaminación que venimos sufriendo, por parte de las políticas de imposición de la minería transnacional en nuestros territorios.
11.- Por último; damos un plazo máximo de 6 meses, razonables para que tanto el gobierno nacional, regional, local y las instancias correspondientes, hayan implementado los acuerdos de esta conclusiones de las comunidades y pueblos de Apurímac, vencido el plazo volveremos a llamar a un encuentro, para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y tomar medidas que aseguren la implementación de los mismos.
A continuación presentamos a los Integrantes de la Junta Directiva de la Federación de Comunidades de la sub cuenca del río Antabamba y Aymaraes:
PRESIDENTE: Wilfredo Vilca Benítez – Antabamba
VICEPRESIDENTE: Ignacio Monterrey Olazabal – Yanaca
SECRETARIO: Mario Huarcaya Huayca – Apusahuaraura
TESORERO: Purificación Calla Forton
SEC.ORGANIZACION: Rene Sihuincha Ampuero
SEC. DERECHOS HUMANOS: Agustin Jimenes Livisca
SEC. DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: Lucas Serrano Chacon- Tapayrihua
SEC. MEDIO AMBIENT Y RECURSOS NATURALES: Ercilio Lopez Soto – Antabamba
Fuente : Servindi
Durante la reunión sostenida hoy entre la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Andahuaylas y Chincheros, así como presidentes de comunidades campesinas y dirigentes sociales, manifestaron de que en las conversaciones con el Ejecutivo se han logrado algunos avances; sin embargo falta que el Gobierno emita un decreto supremo que indique la suspensión de toda actividad minera, por un periodo de dos años, mientras se implemente el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, afirmaron.
