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lunes, 26 de septiembre de 2011

AYACUCHO : Perú LNG y comuneros de Vinchos de la Región Ayacucho logran importantes acuerdos

La Oficina General de Gestión Social (OGGS) del Ministerio de Energía y Minas (MEM) colaboró en el logro de los acuerdos suscritos entre la comunidad campesina de Vinchos y la empresa Perú LNG que resuelven de manera definitiva diversos temas pendientes surgidos en los últimos años como consecuencia de la instalación de un gasoducto en terrenos de esta comunidad.
Así, se acordó que la empresa Perú LNG depositará S/. 128,945.00, por conceptos de cancelación de deudas pendientes a favor de la comunidad campesina de Vinchos, que incluyen la servidumbre de acceso a la Válvula 5 del gasoducto. Asimismo, la empresa ejecutará diversas obras sociales por un monto de S/. 1’215,000.00 para el desarrollo de proyectos y programas de inversión social en dicha comunidad.
Las partes también acordaron no impulsar denuncias que se hubiesen podido generar como consecuencia de los hechos antes señalados, ni interponer nuevas denuncias o reclamos. Del mismo modo, las partes podrán comunicar de este acuerdo a las entidades que consideren competentes.
Cabe mencionar que, después de la controversia generada en la última semana entre la comunidad campesina de Vinchos y la empresa Perú LNG, el domingo 25 de setiembre, se reinició el diálogo entre las partes resolviéndose de manera definitiva los temas pendientes entre la comunidad y la empresa.
Esta reunión de trabajo se realizó en el centro cívico comunal de Vinchos, provincia de Huamanga, región Ayacucho, entre las 10:00 am y las 3:00 pm, y estuvieron presentes comuneros del lugar, representantes de la empresa Perú LNG, así como del Ministerio de Energía y Minas y el alcalde distrital de Vinchos, señor Ramiro Llamocca Rodríguez.

Fuente : MEM

PERU : Promueven espacio de concertación para resolver conflictos sociales identificados en 15 áreas naturales

Lima, (ANDINA). El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó hoy que promueve espacios de concertación multisectorial para resolver los conflictos sociales identificados en 15 áreas naturales del país.
Sandro Chávez Vásquez, jefe del Sernanp, señaló que a través de la Unidad de Gestión de Conflictos se ha elaborado un mapa de la problemática que afrontan las áreas naturales protegidas (ANP) y la mayoría tiene que ver con la invasión de terrenos, minería y tala ilegales.
De acuerdo al documento, precisó, los problemas más graves están en la reserva nacional de Tambopata (Madre de Dios) y los bosques de protección Alto Mayo (San Martín) y San Matías – San Carlos (Pasco).
"Estas zonas protegidas presentan minería informal, invasión del área protegida y tala ilegal, respectivamente", declaró a la Agencia Andina.
El especialista manifestó que se realizan coordinaciones con la Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, Poder Judicial y Ministerio del Interior, entre otras instituciones, "a fin de buscar un espacio de concertación multisectorial, que permita atender los problemas en forma consensual".
“Lo que queremos es que se entienda que los problemas a pesar de ser ambientales tienen componentes que involucran a otros sectores. Por ejemplo, si en Alto Mayo hay un problema de invasión existe un conflicto de seguridad, por lo que tienen que estar presentes los ministerios del Interior y Público”, sostuvo.
Chávez Vásquez refirió que la Unidad de Gestión de Conflictos también ha indentificado que en zonas de amortiguamiento de 16 ANP existen cultivos ilegales de hoja de coca, y en este caso se trabajará coordinadamente con la Comisión Nacional de Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
“Aunque parezca mentira en las zonas de amortiguamiento de 16 áreas protegidas existe producción de coca y en algunas de ellas también se presentan conflictos sociales”, precisó.
Reiteró que la Unidad de Gestión de Conflictos trabaja articuladamente con las dependencias similares del Ministerio del Ambiente (Minam) y de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El jefe del Sernano participó hoy en el taller “Fortalecimiento de capacidades técnicas y administrativas 2011”, en el que participan los jefes de las 73 áreas naturales protegidas del país.
El objetivo, señaló, es fortalecer los nuevos lineamientos de gestión ambiental de las ANP promoviendo el desarrollo sostenible y la inclusión social.
“La idea es aprender y desarrollar técnicas en la parte administrativa y conocer algunas actividades nuevas como el manejo de conflictos sociales en las áreas naturales”, manifestó.
Perú posee 73 áreas naturales protegidas de administración nacional, que conservan cerca de 20 millones de hectáreas del territorio, por lo que es considerado uno de los países líderes en protección del ambiente y sus ecosistemas.

Fuente : Andina

PERU : Municipios provinciales no superan el 30% en gasto de canon minero

Siguiendo el ejemplo del Gobierno Regional, de las 13 municipalidades provinciales del departamento de Puno, ninguna superaría el 30% de avance presupuestal por concepto de canon minero hasta agosto del presente año, según el portal del Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
De acuerdo con el hallazgo de la ONG Mejorando la Inversión Municipal (MIM), sólo las municipalidades provinciales de Moho y Yunguyo habrían alcanzado el 27% de gasto en proyectos de inversión en comparación a lo transferido por el MEF durante ese periodo.
En el caso de la primera, el MEF habría desembolsado por canon minero el presupuesto de un millón 500 mil nuevos soles, de los cuales ejecutó un monto de 406 mil nuevos soles. Mientras que la segunda obtuvo dos millones 458 mil nuevos soles y gastó 665 mil.
Por el contrario, la comuna calcetera, la que mayores recursos recibe por esta fuente, forma parte de los municipios que siguieron el mal ejemplo de la gestión de Mauricio Rodríguez, habiendo gastado solo el seis por ciento de 13 millones 949 mil nuevos soles.
De la misma forma, la Municipalidad Provincial de Carabaya con 9 millones 850 mil nuevos soles, solo invirtió el cinco por ciento de su presupuesto. No obstante, los municipios de Huancané y Chucuito ocupan los últimos lugares en el avance de gasto del canon minero con un 2% cada uno.
En el caso de la Municipalidad Provincial de Puno, se ubica en el quinto lugar al haber gastado un millón 31 mil 599 nuevos soles de un presupuesto de siete millones 141mil, que representan un gasto del 14.4 %.

Fuente : Los Andes

PIURA : Se desbarata ícono antiminero: Población de Tambogrande está interesada en desarrollo de esta industria

Tras la exitosa campaña en el 2003 –por parte de grupos radicales y ONGs medio ambientalistas- que se trajo abajo el proyecto minero de la empresa Manhattan en Tambogrande, el distrito piurano se convirtió en una suerte de ícono y reducto emblemático de la causa antiminera en el país, sin embargo, con la proliferación de la minería ilegal y el permanente agobio de la pobreza, paulatinamente la población tambograndina ha empezado a discutir la posibilidad de dar la bienvenida a las inversiones mineras lo que constituye un serio revés para la causa de estos activistas.
Voz de Alerta de radio San Borja tomó nota de que en Tambogrande la mayoría de la población sí acepta conversar la posibilidad de que se desarrollen proyectos mineros en su jurisdicción, a diferencia del pasado reciente cuando era impensable esa situación porque determinados grupos y ONGs habían creado allí una corriente ultra radical que no permitía ni siquiera mencionar esa idea.
Cabe recordar que los activistas antimineros se opusieron al desarrollo del proyecto minero de la empresa canadiense Manhattan en la zona con el argumento de que la actividad agrícola –secular en esta región pobre- se iba a convertir en el tren maravilloso del desarrollo, sin embargo ese planteamiento se transformó en decepción colectiva pues pasados los años el agro no ha rescatado a la población de la pobreza que ahora sí debate la conveniencia de apoyar las inversiones en el rubro.
A esto se añade el hecho de que tras el retiro del proyecto minero ha proliferado la minería ilegal en la zona y en otras localidades de Piura lo que ha obligado al gobierno regional ha emprender los primeros pasos para tratar de formalizar a los mineros clandestinos que se estima asciende a unos 12 mil en todo el departamento.
Necesidad de formalizar minería ilegal
Esta nueva situación –el reconocimiento de la administración Atkins sobre la necesidad urgente de formalizar a los mineros ilegales- pone en aprietos a los activistas antimineros pues esto implica reconocer esa industria en Tambogrande y otras localidades tradicionalmente dedicadas a la agricultura y hundidas en la pobreza.
La atención del gobierno regional responde a que la minería ilegal se ha convertido en un problema de grandes proporciones en Piura pues durante los últimos años se ha extendido de manera explosiva sin ningún control ni fiscalización con el saqueo del mineral, el severo impacto al medio ambiente y sin tributar al Estado.
Además de Tambogrande, en las localidades de Las Lomas, Suyo y Sapillico se concentra la mayor cantidad de mineros ilegales, se trata de miles y miles de personas con el agravante de que cada día se incorporan más.
Una de las preocupaciones centrales es el riesgo de que la contaminación que genera la minería ilegal se extienda al valle del San Lorenzo (despensa agrícola geográficamente colindante con Tambogrande) lo que generaría graves consecuencias para el agro y la salud.
Ley de Consulta Previa: Preocupación
Por otro lado, no obstante que existe un ambiente positivo, en las autoridades y la población, sobre la necesidad del incremento de las inversiones en Piura, existe preocupación sobre la correcta aplicación de la Ley de Consulta Previa.
En ese sentido el empresariado de la región ha tomado nota con alarma las recientes declaraciones del viceministro de Interculturalidad de Ministerio de Cultura, Vicente Otta, quien dijo que se ha formado una comisión para efectuar una revisión integral de todos los proyectos de inversión aprobados desde el año 1995 para adelante y en los casos de aquellos que no cumplieron con la ley de consulta serán calificados de “ilegales”, posición maximalista que en buen cuenta abriría la puerta al activismo anti inversión para tratar de desestabilizar el desarrollo de los emprendimientos empresariales en la región y el resto de país.

Fuente : Voz de Alerta

PERU : Defensoría del Pueblo: Ordenamiento territorial ayudará a disminuir conflictos

El ordenamiento territorial y el establecimiento de mayores mecanismos de participación ciudadana ayudarán a disminuir los conflictos en el país y permitirán que el reclamo social sea abordado de manera constructiva y no mediante el uso de la fuerza, aseveró la Defensoría del Pueblo.
Alicia Abanto, jefa del programa de Pueblos Indígenas de la referida institución, indicó que se requiere una ley de ordenamiento territorial para un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y desarrollo sostenible.
Sostuvo que en la actualidad se han efectuado trabajos técnicos de zonificación en algunas regiones, con el objetivo de determinar las áreas del país adecuadas para las actividades productivas, aunque se necesita una labor integral y no esfuerzos aislados. 
Asimismo, dijo que resulta fundamental que se institucionalice el diálogo en los tres niveles del Estado para promover una mayor participación de la población en la elaboración de los estudios de impacto ambiental.
“Estas acciones junto a la Ley de la Consulta van a favorecer el clima de inversiones, al desarrollo del país y a la gente más desatendida para que nunca más se repitan los lamentables hechos luctuosos de Bagua, (donde murieron unas 30 personas, entre civiles y policías)”, expresó.
Destacó que exista una conciencia colectiva en el Estado para institucionalizar el diálogo, empero, invocó al Congreso y a todas las instituciones del Ejecutivo adecuar su ordenamiento jurídico interno a efectos de incorporar los procedimientos de la Consulta Previa, tal y como lo ordena la ley.
Recordó que la referida norma establece que cada entidad pública tiene que consultar con los pueblos nativos las medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar su territorio o ámbito de acción.
Por ejemplo, “si la Comisión de Justicia del Congreso aprueba una ley de justicia indígena, esa norma antes de ir al Pleno del Parlamento tiene que ser consultada con las comunidades indígenas”, explicó.
Lo mismo debe ocurrir con el Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, agregó.
Subrayó que a cada sector gubernamental le toca definir, a través de un reglamento interno, en qué situaciones se procede a consultar a los pueblos indígenas.
“Esto es parte de la implementación de la norma y es un trabajo que requiere de un estudio técnico para el cabal cumplimiento del derecho a ser consultados”, refirió.

Fuente : Voz de Alerta

TACNA : Alcalde tacneño: “Southern tiene que desalinizar agua del mar"

Tacna - El alcalde de la Municipalidad Distrital de Ite, Adán Vargas Cárdenas, informó que su población ha tomado la firme decisión de rechazar no solo la nueva audiencia de la empresa Southern Perú, sino de todo el proyecto denominado "Ampliación de la concentradora de Toquepala y recrecimiento del embalse de relaves de Quebrada Honda".
"Nosotros vamos a plantear en la mesa de diálogo, en primer lugar, que no se continúe con este proyecto, y si la empresa Southern insiste en llevarlo a cabo, entonces debe traer el agua de mar; solo así podrán ejecutarlo porque de otra forma no vamos a aceptarlo", enfatizó el burgomaestre.
Recordó que en las reuniones con dirigentes y agricultores se concluyó que si la compañía desea incrementar la producción de cobre, debe desalinizar agua de mar, debido a que por 51 años han extraído agua superficial y subterránea de la zona de Suches y Vizcachas, arrojando sus relaves en la bahía de Ite y propiciando la sequía en la provincia andina de Candarave.
Como se recuerda, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) anuló la primera audiencia de la empresa Southern Peru y anunció la convocatoria a una nueva audiencia, así como la instalación de una mesa de trabajo para analizar el tema del uso del agua y los pasivos ambientales por la actividad minera.

Fuente : Correo