Tras la exitosa campaña en el 2003 –por parte de grupos radicales y ONGs medio ambientalistas- que se trajo abajo el proyecto minero de la empresa Manhattan en Tambogrande, el distrito piurano se convirtió en una suerte de ícono y reducto emblemático de la causa antiminera en el país, sin embargo, con la proliferación de la minería ilegal y el permanente agobio de la pobreza, paulatinamente la población tambograndina ha empezado a discutir la posibilidad de dar la bienvenida a las inversiones mineras lo que constituye un serio revés para la causa de estos activistas.
Voz de Alerta de radio San Borja tomó nota de que en Tambogrande la mayoría de la población sí acepta conversar la posibilidad de que se desarrollen proyectos mineros en su jurisdicción, a diferencia del pasado reciente cuando era impensable esa situación porque determinados grupos y ONGs habían creado allí una corriente ultra radical que no permitía ni siquiera mencionar esa idea.
Cabe recordar que los activistas antimineros se opusieron al desarrollo del proyecto minero de la empresa canadiense Manhattan en la zona con el argumento de que la actividad agrícola –secular en esta región pobre- se iba a convertir en el tren maravilloso del desarrollo, sin embargo ese planteamiento se transformó en decepción colectiva pues pasados los años el agro no ha rescatado a la población de la pobreza que ahora sí debate la conveniencia de apoyar las inversiones en el rubro.
A esto se añade el hecho de que tras el retiro del proyecto minero ha proliferado la minería ilegal en la zona y en otras localidades de Piura lo que ha obligado al gobierno regional ha emprender los primeros pasos para tratar de formalizar a los mineros clandestinos que se estima asciende a unos 12 mil en todo el departamento.
Necesidad de formalizar minería ilegal
Esta nueva situación –el reconocimiento de la administración Atkins sobre la necesidad urgente de formalizar a los mineros ilegales- pone en aprietos a los activistas antimineros pues esto implica reconocer esa industria en Tambogrande y otras localidades tradicionalmente dedicadas a la agricultura y hundidas en la pobreza.
La atención del gobierno regional responde a que la minería ilegal se ha convertido en un problema de grandes proporciones en Piura pues durante los últimos años se ha extendido de manera explosiva sin ningún control ni fiscalización con el saqueo del mineral, el severo impacto al medio ambiente y sin tributar al Estado.
Además de Tambogrande, en las localidades de Las Lomas, Suyo y Sapillico se concentra la mayor cantidad de mineros ilegales, se trata de miles y miles de personas con el agravante de que cada día se incorporan más.
Una de las preocupaciones centrales es el riesgo de que la contaminación que genera la minería ilegal se extienda al valle del San Lorenzo (despensa agrícola geográficamente colindante con Tambogrande) lo que generaría graves consecuencias para el agro y la salud.
Ley de Consulta Previa: Preocupación
Por otro lado, no obstante que existe un ambiente positivo, en las autoridades y la población, sobre la necesidad del incremento de las inversiones en Piura, existe preocupación sobre la correcta aplicación de la Ley de Consulta Previa.
En ese sentido el empresariado de la región ha tomado nota con alarma las recientes declaraciones del viceministro de Interculturalidad de Ministerio de Cultura, Vicente Otta, quien dijo que se ha formado una comisión para efectuar una revisión integral de todos los proyectos de inversión aprobados desde el año 1995 para adelante y en los casos de aquellos que no cumplieron con la ley de consulta serán calificados de “ilegales”, posición maximalista que en buen cuenta abriría la puerta al activismo anti inversión para tratar de desestabilizar el desarrollo de los emprendimientos empresariales en la región y el resto de país.
Fuente : Voz de Alerta
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