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jueves, 29 de marzo de 2012

PERU :Los conflictos sociales han dejado en el país en los últimos 5 años 195 muertos

"La cifra de muertos y heridos en conflictos sociales es intolerable. No puede ser vista por encima del hombro. Cada muerte debe ser investigada a fondo", señaló el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, al presentar el informe "Violencia en los Conflictos Sociales".
Dijo que estos lamentables sucesos pudieron evitarse si las entidades del Estado y las organizaciones sociales hubieran comprendido que la violencia no resuelve los conflictos.
El informe precisa que los conflictos sociales pasaron de 47 en marzo del 2004 –cuando la Defensoría comenzó a registrar el problema–, alcanzando su máximo pico en setiembre del 2009, a 288 casos. El último reporte de esta entidad señala que en febrero de este año se produjeron 229 conflictos.
En el 2006 hubo 13 muertos durante las protestas, subiendo a 41 al año siguiente. En el 2008 37 personas fallecieron, llegando a 52 en el 2009. Además, en el 2010 se registró 31 muertes y hasta setiembre del año pasado la cifra fue de 21 víctimas.
El 15,38% del total de víctimas fueron efectivos policiales, la mayor parte de ellos ocurridos durante el enfrentamiento de Bagua, en junio del 2009, en el que las organizaciones indígenas se levantaron en demanda del derecho a la consulta previa.
Precisamente este conflicto, calificado como el más grave en la historia del país, dejó la mayor cantidad de muertos, con 33 casos. El segundo lugar es ocupado por las protestas contra el proyecto minero Río Blanco, ex Majaz, en Piura, en el que hubo 7 muertos entre el 2005 y 2009. 
Evitar más muertes
El adjunto para la Prevención de los Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque, sostuvo que para evitar más muertes urge implementar una serie de cambios a varios niveles del Estado y de las organizaciones sociales.
Refirió que en el informe defensorial se recomienda al Congreso la aprobación de normas que regulen el uso de la fuerza y los métodos que puede emplear la policía en los conflictos sociales.
Asimismo, se exhorta al Ministerio del Interior a diseñar e implementar un plan para fortalecer y capacitar a los efectivos policiales en su labor de restablecer el orden interno. Aclara que las Unidades de Servicios Especiales (USE) deben estar a cargo de estas acciones y no la DIROES.
También se recomienda que se disponga los presupuestos necesarios para la adquisición de armas no letales.
 Además, se pide a la ciudadanía y los líderes sociales a encauzar las protestas de forma pacífica.
Cifras
195  muertos, civiles y policías, hubo entre el 2006 y setiembre del 2011
2,312 personas resultaron heridas en los conflictos sociales.
52 perdieron la vida solo en el 2009, la mayor parte de ellos en el Baguazo.
6 personas han muerto en los ocho meses de este gobierno.


Fuente: La República


miércoles, 28 de marzo de 2012

AYACUCHO :Tony Hinojosa: “Los conflictos sociales se presentan por la presencia de la actividad minera”

Según el último reporte de conflictos de la Defensoría del Pueblo, Ayacucho tiene 15 conflictos –entre activos y latentes-, ante esta situación el gerente del gobierno regional, Tony Hinojosa,  responde sobre las acciones que se desarrollan para prevenir y gestionar los conflictos sociales en nuestra región.

¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en Ayacucho?
Observamos que los conflictos sociales se vienen presentando por la presencia de la actividad minera y las afectaciones al medio ambiente. Muchos de ellos están latentes y los últimos que se han reportado son en la zona sur de Ayacucho con la minera Vituchín y la comunidad de San Pedro. Estamos realizando un trabajo de prevención y de gestión para poder solucionar estos conflictos.

¿Hay zonas de mayor conflictividad en nuestra región?
Los problemas son parecidos. Los conflictos surgen cuando existe de por medio recursos mineros y está en juego ingresos adicionales para las comunidades. Las imprecisiones limítrofes hacen el juego porque hay algún recurso, en esos terrenos, que puede beneficiar a la comunidad. Ello lo observamos en el sur de Ayacucho como Sucre, Víctor Fajardo y Lucanas, donde la actividad minera se viene incrementando.

¿Dispone el Gobierno Regional de algún sistema de monitoreo de conflictos?
Hay una organización liderada por el presidente regional. Se tiene la asistencia de un secretario técnico que representa al presidente en los espacios de diálogo como en el caso del conflicto de Raccaya con la Minera Catalina Huanca, o en el caso de la minera Vituchín. Este secretario va acompañado de un equipo técnico de los sectores, según el tipo de conflicto que se presente.

Es decir no hay un sistema de monitoreo.
No hay. Por ello el gobierno regional ha creado la oficina de Prevención y Gestión de Conflictos, que se encargará de dar soporte técnico y seguimiento además de brindar información sobre los conflictos en la región. De este modo, en este mes de marzo se emitirá la resolución ejecutiva regional oficializando su creación. Esta oficina será de carácter funcional y no estará dentro de la estructura organizativa del gobierno regional, será una oficina consultiva. Dependerá de la gerencia general con la participación del presidente regional, quien intervendrá directamente.

¿Se ha pedido asesoramiento o acompañamiento a la Oficina de gestión de conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)?
En este caso, nosotros hemos convenido en contar con un profesional de la cooperación internacional, con quien se viene trabajando el asesoramiento y la asistencia técnica. Pero una vez que esté creada esta oficina va a ser necesario que el personal que trabaje en ella pueda visitar espacios como la Oficina de Gestión de Conflictos de la PCM u otros como la que existe en el gobierno regional de Arequipa para que puedan conocer el trabajo que realizan y con ello fortalecer la oficina de Ayacucho.

¿Cómo articulará su trabajo esta oficina con la Defensoría del Pueblo o la Mesa de Concertación?
Se convocará a una reunión con estas y otras instituciones para determinar cuál es el rol que se cumplirá dentro de esta institucionalidad que se quiere construir. Esperamos que cada una de ellas asuma una responsabilidad dependiendo de qué tipo de conflictos se presenten y de quiénes sean las organizaciones involucradas.

¿Con qué presupuesto contará esta oficina de Prevención y Gestión de Conflictos?
Se elaborará un proyecto de inversión pública para dotar de recursos a esta oficina y con ello se fortalecerá las capacidades de intervención del gobierno regional en la gestión de los conflictos sociales.

¿Cuáles son las competencias que tiene un gobierno regional para abordar los conflictos sociales?
Al igual que cualquier otra institución como la Defensoría del Pueblo, la iglesia, la Mesa de Concertación, el gobierno regional también interviene en este tipo de asuntos. Pero debemos entender que todos, de alguna manera, estamos involucrados y tenemos la responsabilidad de gestionar soluciones en estos asuntos que son bastante delicados y requieren de la intervención de muchas instituciones.

Hay conflictos que el mismo gobierno regional genera, ¿podrá esta oficina actuar como mediadora sabiendo que depende de una instancia del mismo gobierno regional?
El gobierno regional no será quien determine la solución, sino será un mediador y otorgará opiniones técnicas.

¿Qué sucederá, por ejemplo, cuando surjan conflictos con trabajadores del sector Educación, Salud o del mismo gobierno regional?
De igual manera. Tratamos de evitar que se presenten este tipo de escenarios mediante el diálogo con los trabajadores y sus representantes.


Fuente: Noticias Ser





martes, 13 de marzo de 2012

PERU :Defensoría del Pueblo reporta: 229 conflictos sociales en febrero

La Defensoría del Pueblo dio a conocer esta mañana el Reporte Mensual de Conflictos Sociales (Nº 96), correspondiente al mes de febrero del 2012.
El mismo da cuenta de un total de 229 conflictos sociales, de ellos 152 se encuentran en calidad de "activos" (66,4%) y 77 en estado "latente" (33,6%).
La regiones que presentan mayor número de conflictos son Ancash (22) y Puno (21), respectivamente.
Por otro lado, el documento brinda información referente a cinco conflictos sociales nuevos; tres de ellos por problemas socioambientales y dos por asuntos de Gobierno Nacional.
Además se informó que, se registra un conflicto social reactivado por asunto de demarcación territorial en los departamentos de Ancash y Huánuco.
El Reporte de Conflictos Sociales Nº96 precisa también que del total de los casos registrados en el mes de febrero, los conflictos socioambientales ocupan el 58,1% (133 casos), le siguen  los conflictos por asuntos de Gobierno Nacional con 8.7% (20 casos), y por problemas con gobiernos locales, el 8,3% (19 casos). Los 57 restantes, son de de diversa índole.
 S
EPA MÁS
El Reporte de Conflictos Sociales Nº96 da cuenta de cuatro conflictos resueltos: un conflicto laboral y tres por otros asuntos. De igual modo se detalla que siete conflictos sociales han pasado del estado activo al latente; y se ha retirado del registro principal un conflicto social latente, al no producirse hechos que demostrasen que los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.
Con relación a las competencias en la atención en conflictos sociales, por parte de entidades estatales, en el mes de febrero de 2012 la principal competencia en la atención de los 229 conflictos sociales registrados recae en el Gobierno Nacional con 146 casos (63,8%); los Gobiernos Regionales (y sus distintas instancias) son los principales responsables, por competencia, en la atención de 50 casos (21,8%); los Gobiernos Locales (ya sea provinciales o distritales) son responsables, por competencia, en 25 casos (10,9%).

Fuente: La República



viernes, 18 de noviembre de 2011

PERU : Lucha por el agua generó 36 conflictos


Las regiones con mayor cantidad de incidencias son Puno, Cajamarca, Tacna y Huancavelica. La principal queja es que se afectaría las cabeceras de cuenca.
En lo que va del año se han registrado 36 conflictos sociales generados por el temor y las denuncias de la población sobre contaminación y reducción de los recursos hídricos a causa de la minería, advierte un informe elaborado por la Red Muqui, en base a los datos de la Defensoría del Pueblo.
La región con mayor problema es Puno, con 7 conflictos; seguida de Cajamarca, con 6 incidentes. En tercer lugar están Tacna y Huancavelica, con 4; mientras que en Áncash y Apurímac se produjeron 3 casos en cada una.
Además, el reporte señala que al menos hay 18 conflictos sociales en zonas de cabeceras de cuenca, que son áreas donde nacen los ríos y arroyos o en las que se capta el agua en forma natural, convirtiéndose en una fundamental reserva hídrica.
No es solo Conga
El secretario ejecutivo de la Red Muqui, Edwin Gonzales, sostuvo que si bien en este momento todos los ojos están centrados en el caso de la minera Conga, en la provincia cajamarquina de Celendín, los reclamos de la población en defensa de su recurso hídrico han ido en constante aumento.
Indicó que si bien la mayor parte de los conflictos sociales por el agua  se produjeron en el gobierno anterior, tan solo en octubre se registraron cinco incidentes más. 
Explicó que la preocupación de los comuneros que viven en las zonas en peligro se origina porque muchas de las concesiones y proyectos mineros se ubican en las zonas de cabecera de cuenca, que son primordiales para su consumo y para las actividades agropecuarias que realizan.
“No está muy claro a quién le compete la protección de las cabeceras de cuenca, pues las normas no son precisas. Además, no se ha implementado la Ley de Recursos Hídricos aprobada en la gestión anterior y por ello no funcionan los Consejos Hídricos de Cuencas; solo funcionan dos planes piloto. Tampoco se han elaborado los planes de gestión de los recursos hídricos de cada cuenca. Los pobladores están totalmente desprotegidos”, advirtió.
Urge zonificación
Por su parte, el consultor en medio ambiente Ignacio Cancino refirió que Perú es un país muy diverso no solo en fauna y flora, sino también en términos topográficos, por lo que cada caso debe ser cuidadosamente evaluado mediante estudios de impacto hídrico que determinen el grado de afectación que la actividad extractiva puede ocasionar.
Dijo que los gobiernos locales y regionales están haciendo estudios de zonificación ecológica económica en función a los recursos que tienen, así como al tipo de suelos, a la voluntad de la población, a fin de definir dónde debe ser preponderante la actividad minera o agropecuaria, a través de un reordenamiento territorial.
“Una vez establecido el reordenamiento territorial, cada proyecto, sea minero, para construir represas para uso agrícola o energético, o cualquier otro, supone un impacto, por lo que se tiene que hacer estudios de evaluación ambiental e hídrica”, manifestó.
Agregó que la alta desconfianza de la población se debe a que existe una cultura de parte de las empresas mineras –con algunas excepciones– de irrespeto por los derechos locales y de subestimación de las formas de vida local, como la dedicación a la actividad agrícola de los campesinos, a la cual consideran de poco valor económico.
“Por esta subestimación se generan los conflictos, porque la gente siente que están pasando por encima de ellos”, alertó.
Incremento de conflictos sociales por agua
En el año 2005, la Defensoría del Pueblo registró 70 casos de conflictos sociales, de los cuales 10 se vincularon al agua, y de éstos, 6 estuvieron relacionados a la minería; todos en la región Cajamarca.
En el 2006 se denunció 97 conflictos: 15 de ellos por agua, de los cuales, 10 se debieron a la minería en La Libertad, Pasco y Cajamarca.
En el 2007 hubo 78 casos: 23 por agua, de los que 20 se vincularon a la minería. Se afectaron Cajamarca, Huancavelica, Tacna, Ancash, La Libertad, Moquegua y Puno.
En el 2008 se reportó 197 incidentes: 21 de ellos fueron por agua, de los cuales 8 fueron por la minería. Estos casos se registraron en Tacna, Moquegua, Apurímac, Ancash, Amazonas y Cajamarca.
En el 2009 hubo 267 casos:  33 por agua, de los cuales 17 están vinculados a la minería y se produjeron en Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Junín, Lima, Áncash, La Libertad, Amazonas y Cajamarca.
En el 2010 se registraron 246 conflictos:  36 por agua, de los que, 28 están vinculados a la minería. Se dieron en Piura, Amazonas, Cajamarca, Loreto, Ancash, Húanuco, Lima, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Madre de dios, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.

Fuente : La República


viernes, 11 de noviembre de 2011

PERU : La Defensoría registra 217 conflictos sociales en todo el país

Gobierno central tiene competencia directa en la atención de 139 de los casos reportados.
Un total de 217 conflictos sociales,  154 de ellos en estado activo (71%) y 63 en estado latente (29%) se registraron durante octubre, reportó la Defensoría del Pueblo.

 El informe precisa que Puno (20), Áncash y Cajamarca (17) son los departamentos con mayor cantidad de conflictos sociales que en su mayoría son del tipo medioambiental (124), seguidos por los conflictos por asuntos de gobierno local,  (19 casos) y los problemas por asuntos de gobierno nacional (18 casos).
Como en anteriores reportes, la principal competencia en la atención de los 217 conflictos sociales registrados en octubre recae en el gobierno nacional con 139 casos (64,06%), mientras que los gobiernos regionales son los principales responsables en la atención de 45 casos (20,74%).

 Los gobiernos locales (ya sea provinciales o distritales) son responsables en la atención de 24 casos (11,06%).
  El dato
 Protesta. El informe de la Defensoría del Pueblo da cuenta también de siete nuevos conflictos sociales , 65 acciones colectivas de protesta y de reactivación de tres casos.



Fuente : La Republica

sábado, 1 de octubre de 2011

AYACUCHO : Defensoría del Pueblo advierte 17 conflictos por mineras en Ayacucho

Ayacucho - El representante de la Oficina Defensorial de Ayacucho, Jorge Fernández Mavila, advirtió la existencia de 17 conflictos sociales latentes en la región, que en su mayoría fueron reportados de la parte sur, donde los más frecuentes son por actividad minera, gasífera y límites territoriales.
El abogado Alejandro Córdova propuso descentralizar la oficina de la Dirección Regional de Energía y Minas a una de las provincias del sur de Ayacucho, para atender de manera oportuna los conflictos sociales que en su mayoría se dan en esta zona.
También pidió revisar las "concesiones mineras ociosas" y ver su caducidad. Igualmente denunció abusos de parte de la empresa Perú LNG por firmar acuerdos desventajosos con comuneros afectados por el pase del tercer ducto de Camisea.
PREVENCIÓN. El mayor EP en situación de retiro, César Vásquez, recomendó instalar una oficina de resolución de conflictos y de defensa nacional, liderados especialistas en monitoreo y prevención.
También encargó involucrar a los 1,6000 comités de autodefensa existentes en Ayacucho para evitar que sean utilizados negativamente.

Fuente : Correo

jueves, 11 de agosto de 2011

PERÚ: Humala recibe 67 conflictos vinculados empresas

En julio se registraron 214 conflictos, de acuerdo al reporte de la Defensoría del Pueblo. SANDRA ALVARADO / salvarado@diariogestion.com.pe
El presidente Ollanta Humala recibió el Gobierno con un total de 214 conflictos sociales y 67 de ellos involucran a empresas, según se desprende del último informe presentado por la Defensoría del Pueblo correspondiente al mes de julio.
Asimismo se observa, por quinto mes consecutivo, el descenso de los mismos, pues en el mes de junio se reportaron 217 conflictos, de los cuales 71 contaban con protagonismo de empresas.
Cabe señalar que en el mes de marzo se registraron 236, en abril 233 y en mayo 227 problemas sociales.
La adjuntía para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo detalló que del total de 214 conflictos,135 se encuentran activos y 79 se mantienen en estado latente.
Tipos de conflicto
El reporte precisa que del conjunto de los conflictos sociales registrados a julio, 118 casos se vinculan a problemas socioambientales, Otros 22 conciernen a asuntos de gobierno local.
Los nuevos
El documento de la Defensoría del Pueblo da a conocer cuatro conflictos sociales nuevos: tres corresponden a casos socioambientales, en tanto que uno se relaciona con asuntos de problemas con el gobierno local.
El primero está vinculado a la oposición de los pobladores de la provincia de Aija (Áncash) a la actividad minera en las microcuencas de los ríos Pallca y Mallqui.
El segundo se relaciona con el rechazo a la presencia minera en el distrito de San José de Lourdes (provincia de San Ignacio, Cajamarca).
El tercero concierne a la oposición, en las regiones de Loreto y San Martín, al proyecto de transvase del río Marañón.
El cuarto se refiere al cuestionamiento, por parte de los pobladores del distrito de Río Santiago (provincia de Condorcanqui, Amazonas), a la gestión de su alcalde.
Fuente: Diario Gestión

martes, 12 de julio de 2011

PERÚ: 103 muertos han dejado los conflictos sociales en los últimos años según OXFAM

A 20 días de concluir el gobierno de Alan García, el incumplimiento de la ley De Consulta Previa y la inacción del Estado para resolver a tiempo los conflictos sociales en el Perú han generado la cruda cifra de 103 muertos por reclamos justos de la población.
El informe “El derecho a la consulta previa libre e informada de los pueblos indígenas” presentado ayer por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Oxfam, dio a conocer que la actividad extractiva de los recursos naturales ha triplicado el número de conflictos sociales, pasando de 88 a 234 conflictos sociales en el interior del país. El 70 % de este tipo de controversias son de carácter socio-ambientales, según estadísticas de la propia Defensoría del Pueblo.
Para el coordinador Regional del Programa de industrias extractivas de OXFAM América, Javier Aroca, la ausencia de diálogo y de voluntad política ha permitido casos lamentables como Tía María, Río Blanco (Ex Majaz), Bagua, entre otros, en donde ocurrieron la mayor cantidad de muertes.
“El Estado sigue haciendo caso omiso al cumplimiento del Convenio 169, que está vigente desde 1995, en el que claramente se contempla la ley de consulta previa a las comunidades que viven en el terreno, del cual es materia de la actividad extractiva”, mencionó Aroca. Según el representante de OXFAM, esta situación refleja el mal manejo de los recursos naturales y un modelo de gobierno alejado de la realidad de las comunidades campesinas, indígenas y amazónicas. “Hoy en día, la política gubernamental está enfocada al fomento intensivo de inversiones privadas, se dan concesiones sin consultas previas para la construcción de grandes obras de infraestructura y la explotación minera, maderera y de Hidrocarburos, en las zonas donde se encuentran la mayoría de la población indígena y campesina”, criticó.
Por su parte, el director de Políticas de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), César Gamboa, recalcó la importancia de la ley de consulta previa, como un nuevo elemento de la democracia participativa. “El derecho internacional recoge esta herramienta de consulta. Y esta debe darse incluso antes del diseño del proyecto de la empresa”, indicó.
Gamboa cuestionó la actual gestión del presidente García, por la cual no contempla la participación de las comunidades afectadas y, como consecuencia, deja a las empresas manejarse libremente. “En muchas oportunidades, la empresa extractiva hace su propio estudio de impacto ambiental, sin las exigencia de un Estado que le diga que tiene que fomentar la participación de las comunidades que viven en el lugar donde se realizará el proyecto”, enfatizó.
Propuso al próximo gobierno solucionar los conflictos sociales, creando un registro de las juntas directivas de todas las comunidades del país. “De esta manera, cuando una minera quiera invertir en un proyecto extractivo, deberá ver en dicho registro las comunidades que pertenecen al territorio materia de inversión e inmediatamente consultar y diseñar el proyecto junto a ellos”, finalizó.
Fuente: Diario La Primera

PERÚ: En junio se dieron 217 conflictos sociales de los cuales 54% son socioambientales según Defensoría

Fuente: Informe mes de junio Defensoría del Pueblo

PERÚ: Alerta temprana de conflicto según Defensoría del Pueblo


Fuente: Defensoría del Pueblo

PERÚ: Reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo mes de junio (resumen)