El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha tenido algunos reveses que podrían hacer que, ante su aprobación por el Poder Ejecutivo, no cuente con la legitimidad social necesaria. Veamos cómo marcha el tema en nuestra región.
Marino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, es uno de los dirigentes comunales de la región Ayacucho que ha seguido de cerca el proceso de discusión de la reglamentación de la Ley de Consulta Previa. Participó de las reuniones de trabajo que se realizaron en torno al tema, por ello indica que, si el gobierno nacional promulga la reglamentación, tal como está, se generarían mayores conflictos sociales, teniendo en cuenta que en estos últimos años se han masificado las concesiones mineras en el país así como en Ayacucho.
La alerta que hace Barrios se basa en las posiciones adoptadas por algunas organizaciones del denominado Pacto de Unidad e integrantes del Comité Multisectorial -Confederación Nacional Agraria (CNA), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), Asociación Interétnica de Desarrollo de
Por su parte, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, se mostró contrariado por la posición de estas cuatro organizaciones del Pacto de Unidad y recordó que esas mismas demandaron insistentemente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo aprobar el texto de la Ley de Consulta del 19 de mayo de 2010. Además que estas organizaciones saludaron a través de comunicados, cuando la ley fue aprobada. Barrios dice que las organizaciones indígenas vieron por conveniente apoyar esta ley porque era lo mínimo y lo máximo que podrían conseguir. “No se puso en discusión su articulado”, explica.
Hace pocas semanas Lanegra ha manifestado que la reglamentación de la Ley de Consulta Previa está próxima a ser aprobada. Pero según las explicaciones de Pedro Castillo, especialista del Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES), si se aprueba de esa manera, la reglamentación perderá peso y legitimidad pero sí tendrá validez legal, ya que es potestad del Poder Ejecutivo reglamentar las leyes y aprobarlas.
Con este escenario, parece que ya no habrá más espacios para prolongar la discusión de la reglamentación o el contenido de la ley, por ello Evaristo Quispe, presidente de la Federación Agraria Departamental de Ayacucho (FADA), manifiesta que el gobierno tiene que cumplir un plazo y por ello pretende aprobar y publicar la reglamentación. “Lo correcto sería respetar el acuerdo mayoritario de las organizaciones y discutir la ley”, dice.
Observaciones
Tres son las principales observaciones a la Ley de Consulta Previa, según explica Pedro Castillo, especialista de CEPES: 1) Decisión 2) Sujetos de consulta y 3) La segunda disposición complementaria que tiene que ver con la revisión de concesiones anteriores a la vigencia de la ley.
En el marco de esas observaciones, la Ley de Consulta Previa no contempla el derecho a veto que deberían tener las comunidades indígenas, originarias y campesinas. A consideración de Clelia Rivero, presidenta de la Federación Departamental de Club de Madres (FEDECMA), es incongruente que las comunidades puedan ser consultadas, pero que su opinión no sea definitoria. “El Estado tendrá la decisión final y si desea desarrollar un proyecto, lo llevará a la práctica sin importar la decisión de la comunidad”, dice. También se pregunta: “¿Entonces para qué nos van a consultar?”
Por otra parte, no incluir el derecho a veto de las comunidades, según Antolín Huáscar de la CNA , implica que la ley así como su reglamento “no sirven”, por ello que la pregunta cae por su propio peso: “¡¿Qué pasará cuando las comunidades consultadas digan “no” y el Estado diga “igual lo hago”?”. En ese entendido, para Huáscar hay una reflexión que se debería hacer antes de pretender aprobar la reglamentación de la ley.
El otro punto es que la ley es imprecisa cuando habla de quiénes deberán ser sujetos de consulta. A ello se suma que en la norma no se visibiliza a las comunidades campesinas. A opinión de Pedro Castillo, la ley señala a comunidades “andinas” y la palabra “andina” no existe en ninguna parte de la legislación como sujeto de derecho. “La nomenclatura oficial es comunidad campesina, no obstante el artículo 7 de la ley desparece a las comunidades campesinas”, dice.
Resquebrajamiento
El proceso de reglamentación de la Ley de Consulta Previa ha puesto en evidencia cierto resquebrajamiento en los lazos de unión de las organizaciones indígenas, nativas y de comunidades campesinas. Marino Barrios, representante de la Asociación de Comunidades Alto Andinas de la Cuenca del Cachi, manifiesta que los representantes de la CCP y la CONAP se habrían sumado a la propuesta del gobierno, porque varios de sus dirigentes y ex dirigentes trabajan como asesores del gobierno. “A ellos les conviene aprobar la ley y no oponerse. Lo ético debería ser defender a las comunidades”, indica.
La posición de la CCP
Por su parte, Julián Páucar de la CCP , ha planteado que la posición del gremio que representa frente a la Ley de Consulta y su reglamento, no tiene nada que ver con un asunto de “entreguismo”, sino más bien, constituye una posición estratégica, necesaria en un contexto donde las fuerzas “neoliberales” todavía son fuertes. “Nosotros no estamos de acuerdo con algunos artículos de la ley, pero también somos conscientes de que estamos frente a un gobierno neoliberal, frente a una Constitución que no es de nosotros. […] Esta Ley de Consulta será una herramienta de lucha cuando se apruebe, por eso nosotros estamos apostando por ella”, sostuvo.
Fuente: Noticias Ser
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