El Poder Ejecutivo aprobó ayer el
Decreto Legislativo Nº 1099 y lo publicó hoy domingo 12 de febrero, en él se
ordena acciones de interdicción de la minería ilegal y dispone la remediación
ambiental en las cuencas Ramis y Suches.
El dispositivo contiene ocho
artículos y una disposición complementaria final, en la que se detalla varios
aspectos. Primero se declara de necesidad pública, interés nacional y ejecución
prioritaria las acciones de interdicción de la minería ilegal en el
departamento de Puno, principalmente en Pampa Blanca, Vizcachani, Ananea y
Chaquiminas del distrito de Ananea (San Antonio de Putina), en Anccocala del
distrito de Cuyo Cuyo (Sandia), en Huacchani del distrito de Crucero
(Carabaya).
También en el distrito de Cojata
(Huancané), es decir en la cuenca transfronteriza de Suches y en otros ámbitos
como Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo (Carabaya). En todas estas zonas
también se cumplirán labores de remediación ambiental.
Un punto importante es que para
las acciones de interdicción la Dirección Regional de Enegía y Minas (DREM)
deberá entregar -bajo responsabilidad- al Ministerio Público, a la Policía
Nacional y al Ministerio de Defensa, en un plazo de 15 días hábiles y en
adelante con una periodicidad mensual, la relación detallada y sustentada de
los titulares mineros de su competencia que cuenten con autorización, así como
la relación de la maquinaria autorizada para tal fin, así como sus
propietarios.
La interdicción contra la minería
ilegal será con las siguientes actividades: decomiso de los bienes, maquinaria,
equipos e insumos utilizados para el desarrollo de las actividades mineras no
autorizadas, los mismos que serán puestos a disposición del Gobierno Regional
de Puno. Además, la destrucción o demolición de bienes, maquinaria y equipos
que por sus características o situación no resulte viable su decomiso.
Según el Decreto Legislativo Nº
1099, las acciones de interdicción serán activadas por el Ministerio Público,
pero también podrán ser solicitados por otras autoridades como los alcaldes o
procuradores de las jurisdicciones intervenidas.
Fuente: Correo
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