La minería ilegal viola el derecho de la sociedad peruana de preservar su medio ambiente y, por tanto, debe aplicarse la ley para su erradicación, afirmó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Diego García-Sayán.
En declaraciones a la Agencia Andina sostuvo que las personas que practican la minería ilegal no sólo cometen un acto ilícito, sino que atentan contra el Estado.
Añadió que no sólo depredan el medio ambiente en zonas como la región Madre de Dios, en la selva sur del país, sino que tampoco pagan impuestos de ley.
García-Sayán desestimó, en ese sentido, cualquier intento de parte de los mineros ilegales de argumentar que se violan sus derechos, cuando el Estado haga cumplir la ley para su erradicación o formalización, en el caso de los mineros informales y artesanales.
“El hecho de que se aplique la ley no puede ser nunca confundido con una violación de los derechos humanos, sino con el ejercicio regular de lo que son las funciones del Estado”, aseveró.
Sobre el proceso de formalización de los mineros artesanales, García-Sayán lo definió como una medida correcta porque se ha demostrado que se trata de una actividad tan peligrosa para el medio ambiente como la practicada por la minería ilegal.
“Y además, como cualquiera que tenga una actividad productiva, permitirá que (los mineros artesanales) paguen sus contribuciones a la sociedad a través de los impuestos. Eso es algo en lo que nadie puede estar en contra”, añadió.
Advirtió, sin embargo, acerca de la necesidad de combatir este flagelo a través del debido proceso legal, sin ningún tipo de abuso e informando debidamente de sus derechos y obligaciones a los mineros ilegales sobre las medidas que adopta el Estado.
De acuerdo con estimaciones oficiales son 30,000 las hectáreas afectadas por la minería ilegal de oro en Madre de Dios, donde se vierte el mercurio, y otros químicos utilizados, en los ríos amazónicos y en los terrenos aledaños.
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