
Según explicó, este mecanismo implicaría que las mineras acreedoras logren un acuerdo con el Estado para hacerse cargo del complejo metalúrgico y sacar adelante los más de 3.500 puestos de trabajo.
“Hay que buscar todas las posibilidades para echar a andar el complejo metalúrgico cumpliendo con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental”, dijo.
Fuente : Andina
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