Una delegación del anexo de
Chipta, distrito de San Marcos, provincia de Huari, llegó a Lima para denunciar
ante el Congreso y la Defensoría del Pueblo que desde hace seis meses policías
agreden con disparos de bala y bombas lacrimógenas a pobladores, cuyas casas se
encuentran a menos de doscientos metros
de la mina Antamina. El objetivo es provocar su partida para que el
personal de la minera proceda a ejecutar los trabajos de explosión.
Blanca Velásquez, María Marzano y
Róger Velásquez manifestaron que estas
labores mineras han provocado grandes rajaduras en las paredes de sus casas,
además de la contaminación con polvo tóxico de pastizales y sembríos.
"Precisamente para que
Antamina no avance más hacia nuestras tierras, que abarcan 583 hectáreas, es
que decidimos construir nuestras casas en la zona colindante llamada Pallares,
pero la empresa quiere que nos vayamos y hasta ha bloqueado con desmonte el
manantial Uchuc Pallares, que nos abastecía de agua", relató María
Marzano.
Tanto en el Congreso como en la
Defensoría del Pueblo los delegados afirmaron que la minera ha invadido 127
hectáreas, hecho por el que están en litigio en el Juzgado de Huari, pero que
aun así Antamina sigue operando en el lugar.
Fuente: La República
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