La Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios fortalecerá la inversión privada en el país y permitirá que estas sean socialmente responsables, aseveró hoy el residente del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Mesía.
Sostuvo que la norma se convierte en un marco legal y jurídico adecuado para confluir y armonizar el derecho de los pueblos indígenas, el deber del Estado en ejecutar proyectos de desarrollo, y la actividad privada de los inversionistas.
"La consulta previa fortalece los mecanismos de inversión y hará socialmente responsable a la inversión privada. Ahora esperemos la reglamentación y que entre a los detalles, para evitar que la norma sea desnaturalizada en su aplicación", añadió.
El magistrado puso en relieve, además, que la ley fue aprobada por el actual Congreso con un alto grado de consenso, y promulgada con prontitud por el Poder Ejecutivo, después de meses que expectativa por el dispositivo legal.
Dijo que se ha convertido en "una buena señal" porque garantiza un marco jurídico para las relaciones entre las comunidades nativas y sus derechos, por una parte; y la necesidad del Estado de invertir en sectores tan importantes como la minería, pero sin dañar el sistema ecológico ni el medio ambiente.
Mesía consideró que la norma debe ser desarrollada adecuadamente por su reglamento, y ser difundida para que los beneficiarios conozcan sus alcances y competencias.
Mencionó que la norma no concede el derecho a veto de las comunidades, sino el derecho a ser consultadas por el Estado y lograr entre ambas partes un acuerdo de carácter vinculante.
"También hay que tener en cuenta que la consulta a las comunidades nativas, en el marco del Convenio 169, no forma parte del derecho electoral, ni forma parte del derecho a la participación política, tiene otro matiz, es una consulta como resultado de la consideración especial que merecen estos pueblos", comentó a la Agencia Andina.
Observó que la consulta previa es totalmente diferente a otros instrumentos como el sufragio, el referéndum, la revocatoria y el plebiscito, que sí forman parte del derecho electoral y de la participación política.
La ley de Consulta Previa, promulgada esta semana por el presidente Ollanta Humala Tasso, en la provincia amazónica de Bagua, se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Este instrumento establece las consultas previas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas y de otra naturaleza en sus territorios.
Fuente : Voz de Alerta
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