Instó, asimismo, a los gobiernos nacional, regional y local
a implementar políticas orientadas a la atención de demandas sociales evitando
su acumulación, y a la prevención con la finalidad de evitar futuros
conflictos.
Los conflictos en estas regiones del país están relacionados
principalmente con la oposición de la población y de las comunidades habitantes
en esas zonas a los proyectos mineros y energéticos al considerar que estos
podrían atentar contra sus intereses y el medio ambiente.
Unos 217 conflictos sociales se registran a nivel nacional,
según el Reporte Mensual de Conflictos 92, de octubre del 2011, de la
Defensoría del Pueblo.
De esa cifra, unos 154 se encuentran activos y 63 en estado
latente, siendo Puno, Áncash y Cajamarca los departamentos con mayor cantidad
de conflictos sociales en octubre.
Asimismo, informa de siete conflictos sociales nuevos, cinco
de ellos de carácter socioambientales (en Lima, Cajamarca, Ayacucho y Ancash),
uno laboral (Lima) y un conflicto por asuntos de gobierno regional (en Piura).
Por otro lado, informa de la reactivación de tres conflictos
sociales, uno socioambiental en Ica, y otros dos, en Piura de carácter laboral
y de gobierno local.
El reporte detalla que cuatro conflictos sociales han pasado
del estado activo al latente; en tanto se ha retirado del registro principal
cinco conflictos sociales latentes, al no producirse hechos que demuesten que
los actores involucrados mantuviesen activas sus diferencias.
Respecto a los tipos de conflicto, el 57,1% (124 casos)
están relacionados a temas socioambientales, seguido por asuntos de Gobierno
Local, con el 8,8% (19 casos), y los conflictos por Asuntos de Gobierno
Nacional con el 8,3% (18 casos).
La Defensoría del Pueblo destacó que en octubre del 2011, 78
casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo (el 51% del
número de casos activos); de ellos, 36 casos mediante mesas de diálogo.
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