La noche del jueves 1 de diciembre, tras una negociación que
se prolongó por más de cuatro horas, los dirigentes de la Federación Minera de
Madre de Dios (Fedemin) y los representantes del Gobierno Central aceptaron
firmar un documento sobre los nuevos parámetros que guiarían el ordenamiento
minero en Madre de Dios.
Teniendo en cuenta que la extracción aurífera formal –sea
artesanal o de pequeña escala– aún no existe en la región, se hizo necesario
que el Ejecutivo definiera las diferencias entre minería informal e ilegal: la
minería informal es la que, sin tener los permisos necesarios, opera dentro de
las concesiones tituladas del corredor minero; mientras que la minería ilegal
es la que no cuenta con derechos territoriales y extrae oro de zonas prohibidas.
El compromiso final alcanzado en la sede de la PCM
–calificado de histórico por el presidente regional Luis Aguirre Pastor– fue
claro: la minería ilegal se erradicará, pero a los informales se los formaliza.
El Estado accedió a que los informales reanuden sus trabajos
(paralizados desde que iniciaron las operaciones policiales el pasado 5 de
noviembre) mientras prosiguen –o inician– con sus trámites de formalización.
Este permiso otorgado por el Estado, que se oficializará en los próximos días,
hizo que la Fedemin depusiera sus medidas de protesta.
El proceso de formalización busca que los mineros trabajen
con un horizonte de largo plazo, que contemple el impacto que causará su
actividad, así como la forma de remediarlo. Para eso deben contar con varias
autorizaciones que minimicen los numerosos conflictos que ocasiona la
extracción de oro en la selva.
SUPERPOSICIÓN DE
DERECHOS
El problema de la superposición de derechos es
particularmente complejo en el corredor minero. Según cifras de la Dirección
Regional de Energía y Minas (DREM), en el 80% de esta zona existe más de un
derecho vigente. Es decir, cien tos de concesiones mineras fueron otorgadas
debajo de terrenos que ya estaban destinados para otro uso (agrícola,
turístico, forestal, etc.). Actualmente, se trabaja un marco normativo que
permita solucionar estos conflictos.
El diagnóstico individualizado, la primera etapa de la
estrategia de formalización, ya está en marcha. La DREM recoge información
sobre las condiciones de trabajo en el corredor. La idea es conocer con qué
permisos cuentan, qué maquinaria usan, el número de trabajadores e invitados.
Este registro ayudará, además, en la posterior tarea de
fiscalización, ya que identificará a los responsables de cada zona. “Si
encontráramos zonas devas tadas, no culparemos al invitado ni al obrero, sino
al titular de la concesión”, explica Ernesto Montañez, director regional de
Energía y Minas. Una vez concluida esta etapa, el 16 de diciembre, se ofrecerá
asistencia técnica a los mineros para que continúen con sus trámites de
formalización.
Fuente : El Comercio
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