Y aunque la Oficina de Prevención de Conflictos Sociales de
la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no los considera interlocutores
válidos en las mesas de diálogo (salvo que lo solicite el gobierno regional de
la jurisdicción del conflicto), los dirigentes de los frentes de defensa cobran
protagonismo mediático con sus acciones y, muchas veces, acaban convirtiéndose
en actores claves para la resolución de los conflictos.
¿Pero qué son, quiénes integran y dirigen los frentes de
defensa y qué representatividad tienen en sus respectivas jurisdicciones?
Una primera mirada a ellos se encuentra en el mapa mensual
de conflictos sociales elaborado por la Defensoría del Pueblo, que desde el
2004 sigue y documenta –por medio de sus representantes en las regiones– todas
las etapas y actores de los conflictos. Allí aparecen los frentes de defensa
como organizaciones sociales con presencia intermitente, una agenda que gira en
torno a un reclamo puntual y dirigentes con liderazgo local o regional pasajero
(la mayoría que ha intentado luego postular a cargos públicos no ha tenido éxito).
Un claro ejemplo de ello es lo sucedido con el Frente de
Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, de Walter Aduviri,
que luego de concluidas las protestas en contra de la actividad minera, las
alianzas y relaciones entre sus integrantes se quebraron. Desde el 21 de
octubre pasado, dicho frente lo encabeza Hermes Cauna Morales, quien tiene
ahora una agenda aimara con la que intenta movilizar a las comunidades de la
zona sur, pero su capacidad de convocatoria es aún limitada.
QUIEREN INSTALAR SU AGENDA
Cauna no es el único que está intentando ganar terreno y
apoyo social para instalar sus reclamos en la agenda del Poder Ejecutivo. En el
cuadro adjunto a este artículo identificamos a los dirigentes de los frentes de
defensa que participan en cuatro conflictos socioambientales generados por
proyectos mineros y energéticos que arrastran varios años y pueden hacer crisis
en cualquier momento: los casos Quellaveco (Moquegua), Toquepala (Tacna), Majes
Sihuas II (Cusco-Arequipa) y la hidroeléctrica de Inambari (Cusco-Puno-Madre de
Dios).
El sociólogo Víctor Caballero, jefe la Unidad de Prevención
de Conflictos Sociales de la PCM, sostiene que dichos casos “son monitoreados y
tienen mesas de diálogo creadas a pedido de los gobiernos regionales involucrados”,
pero reconoce que desde su oficina en Lima la capacidad de su área es
insuficiente (solo cuenta con cinco personas) y espera que el próximo año se
puedan asignar por lo menos ocho coordinadores permanentes de la PCM en las
regiones con más conflictos, para fortalecer los canales de diálogo.
SIN ARRASTRE NACIONAL
Durante los días del paro en Cajamarca contra el proyecto
Conga, dos organizaciones que se atribuyen el poder de aglutinar a los frentes
de defensa de 24 regiones hicieron convocatorias a nuevas movilizaciones: la
Unión de Frentes Regionales del Perú (Ufrep), de Alfonzo Valderrama Gonzales,
un docente jubilado y dirigente del Movimiento Nueva Izquierda; y la
Coordinadora Nacional de Frentes Regionales del Perú (Conafrep), de Efraín Yépez
Concha, un cusqueño procesado por los cargos contra la tranquilidad pública y
apología del delito, debido a las violentas protestas que protagonizara en el
2008 contra la ley que permitía inversiones privadas en zonas cercanas a los
sitios arqueológicos de la Ciudad Imperial. Sin embargo, más allá de los
pronunciamientos y discursos que difunden en sus páginas web para alentar las
protestas en el interior del país, estas organizaciones (la primera con sede en
Lima y la segunda en Cusco) registran muy poca actividad en las regiones donde
los frentes de defensa locales responden a su propia dinámica.
Sociólogos como Carlos Meléndez, del Instituto de Estudios
Peruanos, y Fernando Tuesta Soldevilla, actual director del Grupo de Opinión
Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), señalan que ante
la ausencia o débil presencia de los partidos políticos, los frentes de defensa
cobran protagonismo para canalizar demandas. Aunque desde algunos sectores
empresariales ya se advierte una “conspiración antiminera” iniciada en
Cajamarca, lo cierto es que más que organizaciones sociales con poder y alcance
nacional con esta agenda, hay operadores políticos con discursos beligerantes
pero aislados.
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