En la reunión que tendrán hoy con autoridades del Ejecutivo, los mineros informales de Madre de Dios, La Libertad y Arequipa insistirán en la suspensión –al menos mientras dure el diálogo– de los decretos legislativos que, en su opinión, criminalizan la minería ilegal.
Dichas normas legales entraron en vigencia el viernes y, según el presidente de la Federación de Mineros Artesanales de La Libertad, Pedro Tacanga, no responden a la realidad, por lo que requieren ser modificadas o derogadas.
"Confiamos en la voluntad del gobierno de buscar soluciones, pero deben rectificarse", dijo el dirigente que anunció que hoy presentarán hasta tres iniciativas para modificar las leyes sobre la minería, pequeña y artesanal, a fin de facilitar la formalización de los mineros artesanales que en La Libertad superan los 12 mil.
"No podemos dialogar mientras está en riesgo nuestro trabajo. Incluso la suspensión debería ser hasta concluir la formalización", opinó Tacanga.
Al respecto, Luis Otzuka, presidente de la Federación Minera de Madre de Dios, indicó que el diálogo es parte de un proceso que no culmina con la firma de un acta, sino con el cumplimiento de los compromisos, y mientras eso ocurra los mineros informales no pueden ser tratados como criminales.
El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sin embargo, aseguró ayer que la lucha contra la minería ilegal es una "campaña irreversible" y que la formalización minera será con inclusión social.
Merino agregó que no solo se trata de formalizar al minero informal en la parte técnica, sino también darle salidas para que pueda vender sus productos. "Si lo logramos podemos hacer una inclusión social con ellos", remarcó.
Reiteró que su sector alista una ley para simplificar la formalización minera en regiones en las que la extracción de mineral, principalmente oro, se desarrolla por minería de veta o filoniana, “que es distinto a lo que se hace en Madre de Dios”. Además, adelantó, la pronta aprobación de la nueva reglamentación de la minería.
Advertencia fiscal
El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, advirtió a los mineros ilegales y a quienes los financian que deberán formalizarse "o, de lo contrario, van a terminar en la cárcel".
Tras recordar que quienes se dediquen a la minería ilegal podrían ser condenados a penas que van de 4 a 8 años de prisión, mientras que los financistas –que proporcionan dragas y otros materiales podrían ser sentenciados– hasta 12 años de cárcel, Peláez destacó que su sector está autorizado a inmovilizar e incautar los instrumentos utilizados por los mineros ilegales.
Al respecto, anunció que en los ríos o lagos de las zonas reservadas en Madre de Dios y otros lugares las dragas serán inmovilizadas e incluso dinamitadas con apoyo de las Fuerzas Armadas para que no sigan operando.
Fuente: La República
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